Está terminando el primer año tras la firma de un acuerdo entre el Gobierno Nacional y las Farc, la guerrilla más grande que quedaba sobre territorio latinoamericano. No fue un año fácil.
Coincidió la implementación de un acuerdo controversial –que genera rechazo, pero sobre todo apatía entre muchos colombianos– con el enfriamiento de la economía y el inicio de la campaña electoral del 2018.
En un ambiente así de caldeado fue difícil discutir de forma calmada sobre los alcances y retos de la implementación y las perspectivas de construir una paz duradera.
Rápidamente nos dimos cuenta de que había que construir paz en un país en el cual el Estado sigue siendo débil y la democracia no resuelve muchos problemas del desarrollo.
En este primer año, las Farc se desmovilizaron en más de veinte zonas del país, entregaron alrededor de 9.000 armas, que fueron desactivadas bajo la supervisión de la ONU, revelaron información acerca de decenas de caletas, participan en actividades para desminar territorios, han ido a varias comunidades a confrontar a sus víctimas y realizaron un congreso del cual emergieron transformadas en partido político.
Al mismo tiempo, el Estado colombiano ceduló a los desmovilizados, abrió cuentas bancarias, integró a muchos al sistema de pensiones, construyó campamentos y propuso decenas de proyectos de ley y decretos para poner en práctica lo acordado.
Al Hospital Militar llegan cada vez menos heridos.
Sí, el proceso ha sido más lento de lo que hubiéramos querido todos. La Farc aprovecha cada pendiente para reivindicar su reclamo histórico de que el Estado no llega y no cumple, mientras aprende lecciones de cuánto pesa el pasado en la construcción de su proyecto político.
Las comunidades a las que se les creó la expectativa de que el acuerdo llegaría con “paz territorial” esperan ansiosas que se salde la deuda histórica del subdesarrollo. Los ocho millones de víctimas cuentan con su reparación. En algunos territorios han sido asesinados líderes sociales.
Los críticos del acuerdo aprovechan cada mal paso y cada pendiente para remarcar todo lo que se hizo mal y todo lo que falta.
La coalición del gobierno en el Congreso –la misma que aprobó el acuerdo ajustado por unanimidad– se diluyó mientras muchos proyectos vitales para la implementación languidecieron en el Senado y la Cámara.
Los cultivos ilícitos aumentaron, brindando oportunidades a nuevas organizaciones o a viejos disidentes para procurar su pedazo de la torta en las zonas antes controladas por las Farc. Todo esto, en un año electoral en el que además la economía se enfrió.
Enfrentamos así mismo el riesgo claro de la competencia entre múltiples agendas. Como anunció el presidente Santos, Colombia –gracias a los esfuerzos de las autoridades económicas– está cerca de ser admitida en la Ocde, el grupo de los países más prósperos. Al mismo tiempo, el Gobierno se comprometió con una agenda de “paz territorial” que exigirá gastos y ajustes de prioridades.
La justicia transicional es necesaria, pero riñe con el fortalecimiento de las instituciones ordinarias (que lo necesitan urgentemente, como lo han demostrado los escándalos recientes en torno a las cortes), e incluso puede generar nuevos agravios.
Se ha logrado un montón, pero también falta un montón. Puede verse el vaso medio lleno o medio vacío. Es imposible que se supere de la noche a la mañana el déficit de bienestar causado por décadas de negligencia. Es difícil que las prácticas nocivas que muchas veces marcan nuestro ejercicio democrático no repercutan también en la transición de una organización armada a la civilidad y que los partidos tradicionales no aprovechen la oportunidad para lograr ventajas electorales.
El Estado tiene un reto enorme para desplegar rápida y eficazmente las herramientas institucionales y presupuestales necesarias para traducir principios en acción y para hacerlo de forma equitativa con todos los sectores de la población. Son problemas grandes, pero se pueden resolver y se basan en un recorrido emprendido hace varias décadas.
De cara al 2018, lo más importante es no olvidar que para Colombia se abrió una ventana de oportunidad única y de trascendencia histórica para entender mejor estos retos y resolverlos de una manera distinta. Ese es nuestro desafío principal en el año que viene.
ANGELIKA RETTBERG*
Especial para EL TIEMPO
* Directora de la Maestría en Construcción de Paz. Universidad de los Andes
