En un concepto enviado a la Corte Constitucional, la Procuraduría General le pidió al tribunal declarar inexequible el Decreto Ley 248 del 3 de febrero del 2017, que contempla el uso de regalías para la financiación de proyectos de inversión para la implementación del acuerdo de paz con las Farc.
El procurador, Fernando Carrillo, argumenta que “los recursos del Fondo Nacional de Regalías, en liquidación, y en general los dineros provenientes de las regalías constituyen una fuente presupuestal con destinación constitucional específica”, lo que restringe la potestad del legislador para darles un uso diferente.
En su concepto, de 28 páginas, señala que el Gobierno no precisa, dentro de su justificación, en cuál de las categorías autorizadas constitucionalmente podría caber el uso que se les daría a las regalías. Y dice, además, que estas no pueden confundirse con recursos del presupuesto de la Nación.
La Procuraduría hace énfasis en que lo regulado en este decreto ley exige iniciativa gubernamental y por tanto debe someterse a control por parte del Congreso. “Es inadmisible pensar que la refrendación popular de los acuerdos (….) pudiera implicar la exclusión de todo control político por parte del Congreso”, según el documento. Y agrega: “La refrendación no puede ser entendida como una autorización para el quebrantamiento o suspensión de los principios fundamentales de la Constitución”.
Hace una semana, en otro concepto enviado a la Corte, la Procuraduría pidió dejar en firme la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que tendrá la responsabilidad de diseñar y hacerle seguimiento a la política criminal para el desmantelamiento de las organizaciones que “atenten o amenacen” a quienes participan de la implementación de los acuerdos de paz.
En este caso, el documento enfatizó que debe hacerse una interpretación adecuada de la misión de la comisión para que no se entiendan como “amenaza” las críticas que hagan los opositores del proceso de paz.
