Los desafíos que la paz tendrá en el Congreso

El Congreso de la República se enfrenta esta semana a uno de sus desafíos más grandes de este año: refrendar el nuevo acuerdo con las Farc, que pretende enderezar el camino del proceso de paz tras el revés en el plebiscito del 2 de octubre.

Y si bien el reto no parece difícil de superar, frente a la implementación en el 2017 de lo pactado en Cuba sí hay inquietudes que es necesario despejar.

Lo que se viene para el proceso podría dividirse en dos grandes momentos: el primero, la refrendación del acuerdo y el comienzo de su implementación, lo cual podría estar listo antes del año entrante.

Y el segundo momento sería el desarrollo de la mayoría de los puntos acordados entre el Gobierno Nacional y las Farc, lo cual podría empezar a darse a comienzos del 2017.

La refrendación del nuevo acuerdo, firmado el jueves en el Teatro Colón, en Bogotá, por el presidente Juan Manuel Santos y el jefe máximo de las Farc, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, se realizaría esta semana en el Congreso.

Esta ratificación tiene un alcance político, a manera de aval de la ciudadanía –por intermedio de los congresistas, que son sus representantes– a los puntos acordados por el Gobierno y las Farc durante cuatro años de negociación y 40 días de renegociación, en La Habana.

Para ello, las plenarias del Senado de la República y la Cámara de Representantes realizarán sesiones especiales (martes y miércoles, respectivamente) a las que asistirán el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y los negociadores oficiales Humberto de la Calle (jefe de la delegación) y Sergio Jaramillo.

La idea es que, según lo han manifestado las mesas directivas de ambas corporaciones, se les dé la palabra también a los voceros del ‘Sí’ y del ‘No’, así como a todos los congresistas que quieran intervenir.

Al final de esas sesiones, en Senado y Cámara, se les preguntará a los legisladores si creen que el acuerdo es viable o no, y en caso de ganar el ‘sí’ el nuevo texto quedaría refrendado y listo para su implementación.

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Un primer escollo que el Gobierno tendrá que superar será el de las escasas votaciones. El jueves, por ejemplo, para aprobar en el Senado la citación al ministro del Interior y a los negociadores hubo 54 votos frente a los 52 necesarios. O sea, pasó raspando. A los 20 senadores uribistas que se retiraron del recinto antes de esa votación se sumaron varios legisladores de los partidos de la llamada ‘unidad por la paz’, que ha dado muestras de respaldo al Ejecutivo en estos temas.

La votación del jueves encendió las alarmas en el Congreso. Hasta el presidente del Senado, Mauricio Lizcano, le admitió a EL TIEMPO su “preocupación” al respecto.

“El jueves votamos a favor 54 senadores. Como era natural, se abstuvieron 20 del Centro Democrático (uribistas), pero ¿qué responden los otros 28? Les pido a todos los congresistas actuar con altura histórica”, subrayó Lizcano.

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Para muchos, esta baja votación podría tener entre sus causas la existencia de un grupo, compuesto por unos diez senadores del Partido de la U y cinco del Partido Conservador, que han manifestado dudas sobre la viabilidad jurídica de esta forma de refrendar el acuerdo.

No obstante, el cumplimiento de este paso no parece estar comprometido, e incluso es posible que para esta misma semana el Gobierno haya logrado el apoyo de las mayorías en el Congreso de la República.

Una vez dado este paso, comenzaría el proceso de implementación del acuerdo, que consiste en el trámite de reformas legales y constitucionales para hacer realidad todos los puntos que se pactaron en La Habana. Este paso es el que tiene el verdadero valor jurídico para el acuerdo.

El primer proyecto de ley en ese sentido es el que busca concederles la amnistía a los excombatientes rasos de las Farc. Por tratarse de una ley ordinaria, podría tramitarse con mensaje de urgencia y en sesiones extras, y estar listo este mismo año. Esto daría seguridad jurídica a los integrantes de las Farc que se desmovilizarán tras entregar sus armas, ya que definiría la situación de los que solo están acusados de rebelión.

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El segundo momento será en el 2017 y consistirá en el trámite de la mayoría de las normas que desarrollarán lo pactado con las Farc.

Para el cumplimiento de este paso, el Congreso tiene dos opciones: hacerlo con unas reglas especiales que acortan el trámite de estos proyectos o mediante la vía ordinaria. El primer camino es la llamada vía rápida o ‘fast track’. Su aplicación depende de una decisión de la Corte Constitucional que estudia algunas demandas contra esta herramienta.

El alto tribunal puede tomar una decisión antes de irse a vacaciones, a mediados de diciembre, o puede aplazarla para el próximo año.

El segundo camino es el trámite ordinario, en el cual los proyectos de ley tendrán que superar cuatro debates, y los actos legislativos, ocho.

En cuanto a los proyectos de ley, no habría mayor problema, porque pueden tramitarse con mensaje de urgencia y en sesiones extras, desde enero.

Las enmiendas a la Carta tendrían que esperar hasta marzo del próximo año para ser radicadas en el Legislativo y su trámite culminaría en diciembre del 2017, un momento en que el país político estará inmerso en el debate presidencial más intenso.

Para ese instante, habría una mezcla de factores adversos para la marcha normal del Legislativo: será un año de precampaña electoral en el que buena parte de los congresistas se irá a las regiones a buscar su reelección.

El presidente Santos tendrá el sol a las espaldas tras el desgaste de dos mandatos continuos, y cada bancada, seguramente, tendrá objetivos diferentes. En esta línea, la mayor incógnita será la de Cambio Radical.

La inquietud sobre su futuro es mayor si se da como seguro que su jefe, Germán Vargas Lleras, el actual vicepresidente, en febrero ya habría empacado sus maletas para irse a buscar la Presidencia, según fuentes cercanas.

La situación va a tornarse más difícil por el clima de opinión en contra del acuerdo que el expresidente Álvaro Uribe, jefe máximo del Centro Democrático y de la oposición, hará correr en las calles de las ciudades, donde él mismo irá a recoger firmas para su anunciado referendo.

Al margen de que logre o no sacar esta iniciativa, lo seguro es que nadie duda del poder intacto que Uribe tiene para convencer, por miles, sobre las bondades de sus propuestas.

Así las cosas, Santos y sus aliados en el Congreso, sin bien han trabajado muy fuerte hasta ahora, desde este instante tendrán que redoblar esfuerzos para que el pan no se les vaya a quemar en la puerta del horno.

El nuevo acuerdo entre el Gobierno y las Farc puso sobre la mesa varias opciones para refrendar lo pactado. Aunque un segundo plebiscito era una de ellas, no era obligatorio. Varios juristas, entre ellos el exfiscal general Eduardo Montealegre y el constitucionalista Juan Manuel Charry, han advertido que el paso de refrendar el acuerdo es estrictamente político y carece de fuerza jurídica.

La validez legal se la dará la implementación, requisito que cumplirá el Congreso. En otras palabras, el Presidente tiene la facultad constitucional para dejar el acuerdo en firme, como ha ocurrido con otros procesos de paz, como el de las autodefensas durante el gobierno de Álvaro Uribe.

EL TIEMPO