Al calor del debate por las iniciativas que se deberán tramitar para dar cumplimiento al punto 1 de los acuerdos de La Habana, sobre la reforma rural integral, se vislumbra una realidad indiscutible: la transformación absoluta del campo colombiano.
A juicio del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, serán cinco puntos: reforma de la tenencia de la tierra, seguridad jurídica, manejo ambiental, consolidación de las zonas de reserva campesina y cambio sectorial.
Se trata de modificaciones sustanciales como consecuencia de la aplicación de las diversas iniciativas contempladas en el acuerdo firmado con las Farc.
Cuando se aprobó este punto en La Habana, la idea central fue hacer más productivo el campo, pero también que hubiera tierra para el campesino que no tuviera o que la tuviera insuficiente, esto de la mano de vías de acceso, de facilidades de crédito y de seguridad.
Es natural que esos cambios, que hasta ahora están comenzando, tendrán algunos tropiezos. Para nadie es un secreto que Colombia, por ejemplo, en materia de tenencia de la tierra es una de las naciones más inequitativas, y se requerirán al menos 3 millones de hectáreas para cumplir con lo pactado.
Para el ministro del Posconflicto, Rafael Pardo, el tema del catastro multipropósito será clave para el ordenamiento de la tierra rural en Colombia, pues el 70 por ciento del catastro de estos predios “está desactualizado o no existe”. Por lo que desde el Ministerio se impulsará un proyecto piloto en 12 municipios para cumplir este propósito.
“El primer reto de la reforma es la tenencia de la tierra, la cual contempla la distribución gratuita de 3 millones de hectáreas en los próximos 10 años”, aseguró Juan Antonio Nieto, director del Instituto Geográfico Agustín Codazzí (Igac).
Para él, esto beneficiará a los trabajadores y asociaciones con vocación agraria sin tierra o con tierra insuficiente y a las comunidades que participen en programas de asentamientos.
En cuanto a la tenencia, en los últimos días se ha abierto un debate, pues sobre el papel dicha tierra existe, es un hecho que tiene un dueño, un ocupante o un poseedor. Si bien se habla de baldíos, en la práctica alguien se abroga esa propiedad.
A esto hay que sumar, como bien lo señala Nieto, que Colombia es uno de los países más críticos en cuanto a la inequidad de su tierra.
La propiedad rural, es decir, la seguridad jurídica para una formalización que permita que los campesinos poseedores tengan sus títulos, que sean dueños reales, es un asunto clave.
Alrededor del 60 por ciento de las propiedades rurales del país están en la informalidad. De acuerdo con las cifras del Igac, en el 2013 Colombia tenía 3,9 millones de predios inscritos, de los cuales solo 1,5 millones tenían su respectiva escritura.
Por eso, con las Farc se acordó en La Habana formalizar 7 millones de hectáreas. Se hará con el denominado catastro multipropósito.
“La carencia de títulos de propiedad restringe las oportunidades de operaciones de crédito, fomenta la presencia de conflictos de linderos y dificulta los procesos de restitución”, explicó Nieto.
Las zonas de reserva campesina fueron creadas por una ley de 1994 y aún generan resistencia en algunos sectores. ¿Cuál es su futuro? “Se busca que en unos pocos años, la consolidación de zonas de reservas promueva el desarrollo sostenible del campo e impida la fragmentación de la propiedad campesina”, explicó el director del Igac.
Hoy hay seis reservas campesinas: Calamar (Guaviare), Cabrera (Cundinamarca), El Pato (Caquetá), el sur de Bolívar (Bolívar), el valle del río Cimitarra (Antioquia y Bolívar) y el alto Cuembí y Comandante (Putumayo). De acuerdo con el Igac, el Gobierno inició formalmente el proceso para siete zonas más: dos en Montes de María, una en Catatumbo, dos en el Meta, otra en Cesar y una en el Sumapaz (Cundinamarca).
Para el director del Igac, las transformaciones previstas serán insuficientes e inocuas si no están acompañadas de acciones o programas sectoriales, que son los que le simbolizan el concepto de desarrollo rural integral.
Entre los cambios sectoriales, el director de Instituto Nacional Geográfico Agustín Codazzi mencionó las infraestructuras vial, de riego, eléctrica, de conectividad y productiva; asistencia técnica agropecuaria, financiación, salud, educación, vivienda y erradicación de la pobreza, así como sustitución de cultivos ilícitos.
“Solo mediante la concreción de estas acciones de orden sectorial se le da un verdadero sentido a la noción de la reforma rural integral”, aseguró.
El nuevo manejo ambiental del territorio, a juicio del Igac, requiere tres reformas: la primera, un plan de zonificación ambiental, que deberá estar listo en dos años, y cuyo objetivo es determinar cuál es la frontera agrícola, tomando en cuenta las zonas de reserva forestal, de alta biodiversidad, los ecosistemas estratégicos, cuencas, páramos y recursos hídricos.
La segunda se centra en el apoyo a las comunidades residentes en áreas de manejo ambiental especial. Para esto contarán con programas que les permitan un buen vivir sin depredar el bosque.
Por último se harán efectivas las sustracciones en zonas de reserva forestal con el fin de beneficiar a los campesinos que están limitados por esa restricción.
El director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), Juan Antonio Nieto, aseguró que el reto es difícil, pues Colombia es uno de los países con mayor desigualdad en la propiedad de la tierra. “Esa pésima situación” es “la que pretende modificarse con las reformas del acuerdo”.
Para él, la titulación a los campesinos es una de las acciones claves, pues el no tener papeles de su predio “restringe las oportunidades de operaciones de crédito” y provoca conflictos de linderos.
Nieto destacó que el papel del Igac será “estratégico en el proceso de trasformación” y para cumplir el Acuerdo.
“Solo se pueden planear las acciones y evaluar los cambios que se producen en el territorio a partir de la información cartográfica y el diseño de políticas para el uso del suelo y la protección ambiental”, aseguró el director del Igac.
Para el nuevo catastro multipropósito, esa entidad proveerá información predial detallada, tenencia de la tierra, definición de linderos y articulación del catastro con el registro de la propiedad.
El tema agrario fue uno de los más sensibles de discusión en la mesa de La Habana. Para las Farc, una guerrilla de origen campesino, el consenso logró abrir la puerta “hacia un nuevo campo colombiano” en donde hay miles de víctimas del despojo y del desplazamiento forzado” debido a “la tierra”.
ANGIE MICHELL QUIÑÓNEZ Y JORGE ENRIQUE MELÉNDEZ
Redacción Política
