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Proceso de Paz

El complejo reto de frenar los crímenes de desmovilizados

Los exguerrilleros se han movilizado para exigir que se les garantice el derecho a la vida.

Los exguerrilleros se han movilizado para exigir que se les garantice el derecho a la vida.

Foto:EL TIEMPO

Van 243 excombatientes de las Farc asesinados. ¿Qué hace el Estado para encarar este problema?

Carlos Camacho
El asesinato de 243 desmovilizados de las Farc que se acogieron al acuerdo de paz se está convirtiendo, más allá de la implementación de lo acordado en La Habana, en uno de los más difíciles retos para el Gobierno, junto a los crímenes de líderes sociales y defensores de derechos humanos. El fantasma del exterminio de la Unión Patriótica (UP) está muy presente.
Parte de ese reto es que esta historia no se repita, tal como quedó consignado en el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), ‘Todo pasó frente a nuestros ojos, el genocidio de la Unión Patriótica’, que recogió información valiosa: 4.153 registros sobre las principales modalidades de violencia contra igual número de miembros de la UP desde el año 1984 hasta el 2002.
“Al final, lo que de verdad importa es que el informe sea capaz de contar razonada la historia de lo que pasó y que sea un recordatorio permanente de lo que no puede volver a ocurrir”, señala el estudio, que también pone de presente la magnitud de la victimización y la sistematicidad con las cuales se cometieron esos crímenes, además de lo que significó para la democracia colombiana la desaparición de un partido político.
¿Qué se está haciendo para evitar que se repita esta historia? En una situación tan compleja y en la que hay vidas de por medio, las discrepancias entre el Gobierno y los miembros de Farc se mantienen, no obstante los buenos términos en que se desarrolló la reunión del 6 de noviembre entre el presidente Iván Duque y voceros de los desmovilizados de la exguerrilla, que marcharon del Meta a Bogotá, precisamente para expresar su preocupación por la ola de crímenes.
En esa oportunidad, el presidente Duque ratificó que hay un compromiso del Estado con la seguridad de los excombatientes, sus familias y los miembros del partido Farc, que el Gobierno no propicia ni tolera violencia en su contra y su seguridad está consagrada en los acuerdos de paz.
A pesar de esto, nuevas discrepancias surgieron el 25 de noviembre entre el Gobierno y la Farc, fecha en el que las posiciones de uno y otro fueron expuestas ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en una audiencia pública que tenía como eje la violencia contra los desmovilizados.

Al final, lo que de verdad importa es que el informe sea capaz de contar razonada la historia de lo que pasó y que sea un recordatorio permanente de lo que no puede volver a ocurrir

Ese día, mientras la Farc insistieron en que hay un ‘genocidio’ contra sus militantes, el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, respondió que “han actuado con diligencia, compromiso y decisión ante quienes atacan a esta población (…) Ni el narcotráfico ni los criminales que los atacan frenarán el proceso de reincorporación de los excombatientes que le apostaron a la legalidad”, dijo.
El día anterior, según la senadora del partido Farc Victoria Sandino, otra desmovilizada, Paola Andrea Osorio, fue asesinada, justo cuando se cumplían cuatro años de la firma del acuerdo de paz. “Lo que viene sucediendo es extremadamente grave, cada semana se registran entre uno o dos asesinatos en contra de nuestra colectividad, sin que el Estado reaccione de manera efectiva”, dijo la congresista. Con la muerte de Osorio se llegó a 244 desmovilizados, según cifras del partido Farc, a finales de noviembre.
Pero esta semana, el Gobierno tuvo un respiro con la recaptura del presunto asesino de Alexánder Parra, desmovilizado de las Farc, muerto en octubre del año pasado dentro del Espacio Territorial de Mesetas, Meta.
Archila es abogado de la Universidad Externado y desde el comienzo de este gobierno está al frente de la alta consejería para la estabilización.

Archila es abogado de la Universidad Externado y desde el comienzo de este gobierno está al frente de la alta consejería para la estabilización.

Foto:Mauricio León. EL TIEMPO

“Esto demuestra el alto grado de articulación y compromiso que tiene la policía, con su personal de inteligencia, la Dijín, la Unidad Especial de Investigaciones, el Gaula, el Ejército, con la seguridad de los excombatientes en proceso de reincorporación”, dijo Archila.
Para contrarrestar la situación, la Consejería presentó un informe con corte al 31 de octubre que con base en cifras muestra las acciones del Gobierno para brindar seguridad a los desmovilizados.
Pero quizás lo más valioso del informe es que el Gobierno ya logró identificar a la población de desmovilizados más vulnerable o de mayor riesgo, así como las regiones del país con mayor peligro.
Según la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN), la seguridad de los desmovilizados que están en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) “ha sido suficientemente garantizada”. En efecto, allí solo se registran dos homicidios y un intento de asesinato.
La ARN detectó que el 69,7 por ciento de los ataques se producen en el sector rural y la mayoría son contra hombres en procesos individuales de reincorporación, en zonas en las que hay disputas territoriales por la economía ilegal.
El informe concluyó que en adelante los mayores esfuerzos en seguridad deben enfocarse en los excombatientes que están en proceso de reincorporación individual (población dispersa), para la cual se ha dispuesto estructurar un programa específico de intervención con medidas de prevención, protección, seguridad y judicialización en 522 municipios donde se asienta esta población.

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