¿Cuáles 'goles' de la JEP pudo parar el exfiscal Martínez y cuáles no?

¿Cuáles 'goles' de la JEP pudo parar el exfiscal Martínez y cuáles no?

El exfuncionario responde y cuenta 'intríngulis' de su libro 'Las dos caras de la paz'.

Néstor Humberto Martínez

El exfiscal Martínez afirmó que objeciones presidenciales a la JEP tenían apoyo en los partidos, pero que estos terminaron poniéndose contra el Gobierno.

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Milton Díaz / EL TIEMPO

Por: María Isabel Rueda
07 de octubre 2019 , 01:11 a.m.

Vamos a la historia. A usted lo desternaron y lo ternaron para la Fiscalía en una noche. ¿Quién no quería que usted fuera fiscal?

Caí en la tentación de decirle al presidente Santos, ante su invitación de volver al Gobierno, que únicamente regresaría al servicio público desde la Fiscalía. Quería brindarle ese apoyo a la justicia colombiana. Pero había un interés político del Partido Liberal para mantener la Fiscalía, y Gaviria y Serpa le pidieron expresamente al presidente que considerara los nombres del exvicefiscal Perdomo y de Yesid Reyes para el cargo. E internamente, en Palacio, la secretaria general consideraba que había una animadversión que la podía poner en riesgo a ella, cosa que no es de mi talante.

¿Y las “féminas” de Palacio, a las cuales usted alude en su libro que supuestamente se le atravesaron, eran María Lorena y cuáles otras?

María Ángela, Cecilia, Gina, y, obviamente, ellas fueron contaminando a un sector muy importante del Gobierno; a Humberto de la Calle y a un amigo mío de toda la vida, Mauricio Cárdenas, les dijeron que era un riesgo que yo llegara a la Fiscalía. Para liberarlo de esas tensiones, alcancé a escribirle una carta al presidente en la que renunciaba a mi aspiración, carta que aún conservo y uno de cuyos apartes publico en el libro.

En una reflexión muy interesante de su libro dice que el acuerdo entre los del ‘Sí’ y los del ‘No’ se hubiera podido lograr, pero que se enredó cuando el presidente Santos insistió en nombrar en el comité negociador a gente que el expresidente Uribe había solicitado que no estuviera, como la excanciller María Ángela Holguín...

Así fue. Creo que se perdió esa oportunidad por asuntos muy personales, aunque al final se avanzó en fórmulas de acercamiento. Luego, cuando Uribe pidió más tiempo para terminar una negociación incluyente con los del ‘No’, Humberto de la Calle le recomendó al presidente de la república que no alargara más el tiempo de la negociación. Le dijo que era inconveniente, que se iba a romper la relación con las Farc.

¿Y a eso es a lo que atribuye, según su libro, la “muerte súbita” del acuerdo integral incluyente, que, según usted, tanto daño le hizo a la paz?

Sí, porque nos dejó sumidos en una polarización extrema.

¿Esa “muerte súbita” del acuerdo tuvo que ver con que Humberto de la Calle tenía decidido ser candidato presidencial, con un poquito de afán, digámoslo así?

Como después se vino a saber, el doctor De la Calle sería candidato presidencial; él tenía afán de que se cerrara esa negociación, para poder postular inmediatamente su candidatura.

¿En algún momento el ritmo de las negociaciones llegó a depender de los intereses de algunos de sus protagonistas en las candidaturas presidenciales?

Yo sí creo que los tiempos finales estuvieron signados por el reloj de las precandidaturas. Además de De la Calle, Cristo cocinaba el fiasco de su candidatura y Roy Barreras aspiraba a ser candidato por el partido de ‘la U’ con el aval presidencial. Una negociación no se puede hacer en una mesa de precandidatos, porque la agenda personal marca asuntos que son de inminente interés general.

Sostiene en su libro que las objeciones a la ley reglamentaria de la JEP tenían en un comienzo todo el apoyo de casi todos los partidos políticos. Pero que al final, los argumentos no fueron tenidos en cuenta, porque de lo que se trataba era de infligir una derrota política al gobierno Duque. Uno de los que no lo apoyaron fue Cambio Radical, y se lo reclama en el libro a su jefe, Germán Vargas Lleras...

Mis observaciones en el Congreso a las leyes de la paz eran de tal lógica que gozaron siempre del apoyo mayoritario de los partidos, con excepción de las Farc y el Polo. Las objeciones correspondían a asuntos sobre los que el Congreso ya se había pronunciado. Era de esperarse, por sindéresis, que los partidos obraran en consecuencia, pero así no funciona la política entre nosotros. En asuntos de tanta importancia para el país, el Congreso decidió actuar con el hígado de la política y no con las neuronas de la sensatez, para asestarle una fuerte derrota política al Gobierno, para cobrarle la forma como este decidió relacionarse con el Congreso. La cuenta de cobro fue con las objeciones, y por ello quedó un régimen legal que dejó a la sociedad indefensa en muchos frentes.

¿Y por qué ni siquiera lo apoyó Cambio Radical, cuyo jefe, Germán Vargas Lleras, fue el primero en detectar las fragilidades extremas de la JEP?

Para mí fue inexplicable. Lo mínimo que podía esperar era que no quedara del lado de la JEP, que desde su conformación ha sido objeto de sus agudas críticas. Por eso, en medio de nuestra amistad, siempre le he formulado a Vargas este reclamo en público y en privado.

Por eso me parece que este libro es su gran sacada de clavo con quienes lo acusaron inclementemente de ser enemigo de la paz. A los colombianos, en muchos aspectos de esta negociación, los negociadores de las Farc nos comieron vivos. Si se lo adjudico a un desequilibrio entre la asesoría del abogado español Enrique Santiago, por las Farc, y como contraparte a la asesoría del penalista colombiano, exministro Yesid Reyes, por el Estado colombiano, ¿estaría de acuerdo? Porque nunca fue proporcional la espuela de uno a los méritos académicos del otro...

Creo, con certeza, que así fue, y los que asistieron a La Habana me cuentan que Santiago imponía sus tesis como fuera. Cada vez que le controvertían sus pretensiones actuaba con vehemencia y las imponía, no exactamente con la fuerza de sus ideas, en medio de un silencio complaciente y de algún temor reverencial. Así se cedió en mucho. En el momento de hacer las leyes, la Fiscalía no permitió que ganara el arrojo del español, y esos fueron los choques.

¿Cuáles son los goles de esta negociación que usted pudo parar, y cuáles no? Empecemos con el primero: usted luchó para que a los reincidentes los expulsaran sin contemplaciones de los beneficios de la JEP.

Así fue. Eso lo gané en el Congreso, contra las Farc.

Y lo ganó hasta un borrador de sentencia de la Corte Constitucional que decía eso. Pero a última hora, una mano misteriosa cambió la redacción de esa sentencia, y nos inventamos una modulación para la expulsión de la JEP por reincidencia. Se volvió un retiro por puntaje...

Exactamente. Y tan sí tenía razón que los primeros casos de reincidencia que ha visto el país son de estas personas que ya se volvieron a montar en rebelión, no comparecieron ante la JEP, no estaban brindando verdad, y no pasaba nada, en nombre de una gradualidad hechiza... La norma debió haber sido tajante, porque tenía que ser algo que a ellos los conminara: o están en el proceso o están por fuera, y no van a tener ningún beneficio.

Mis observaciones en el Congreso a las leyes de la paz eran de tal lógica, que gozaron siempre del apoyo mayoritario de los partidos, con excepción de las Farc y del Polo

Segundo gol que no se tapó: la reincidencia tendría que aplicarse sobre todos los delitos con dolo que cometieran los exguerrilleros reinsertados. Pero el doctor Yesid Reyes le dijo “no, señor, la reincidencia solo cabe por el levantamiento, otra vez, contra el Estado, del resto...”. Y usted le recalca: “¿Entonces pueden volver a matar, a secuestrar, a narcotraficar?”. Y, según consta en el libro, él le responde que sí, señor, que esos delitos serán juzgados por la justicia ordinaria, pero lo que son los beneficios de la JEP no los pierden.

Exactamente. Ese gol se había ganado en el Congreso, pero se perdió también en la sentencia de la Corte Constitucional, y en el trámite de las objeciones. Muy grave, porque se está mandando un muy mal mensaje por parte de la sociedad. Si un exguerrillero reincide, tiene que perder todos los beneficios del pasado. La lógica y la ética exigen que no puedan volver a secuestrar, al narcotráfico, al reclutamiento de menores, a la extorsión...

Según el doctor Yesid Reyes, un reinsertado no puede perder los beneficios de la JEP por atropellar a alguien en el carro. Pero es una caricaturización. Es un delito culposo, que no se aplicaría... ¿Estaría inspirado en su tesis por el abogado Enrique Santiago?

Desde luego. Pero, además, es un argumento mentiroso. En el proyecto de ley estatutaria, la reincidencia se aplicaba solamente para delitos dolosos con más de cuatro años de pena. Santiago, inclusive, en sus entrevistas radiales daba otro ejemplo absurdo, el del reinsertado al que cogieran vendiendo CD piratas. Son ejemplos desleales.

¿O sea que, gracias a ese gol, hoy la reincidencia solo se aplica al que se monte en armas contra el Estado, y no más?

Sí. Y por eso, la JEP solo pudo expulsar, hasta ahora, a los reincidentes que anunciaron que se levantaban otra vez en armas contra el Estado. Esa es la consecuencia. Cuando yo estaba en la Fiscalía, ya íbamos en 365 reincidentes. Para ellos opera la gradualidad.

Otro gol: ¿qué pasó con el delito de acción continuada?

Es francamente irresponsable que ese tema no se hubiera tratado en el acuerdo de paz. Inclusive, a Enrique Santiago, que era abogado contratado por las Farc, yo le dije en el Congreso de la República que la tarea le había quedado mal hecha, porque cuando uno representa a un cliente tiene que saber qué le va a pasar en todas las circunstancias, y había una que era obvia: la de si había delitos permanentes. En el acuerdo habían dicho que la JEP no conocería de delitos sino hasta el primero de diciembre del 2016. ¿Qué pasaba con los que se proyectaran después de esa fecha? Allí hubo un vacío muy irresponsable.

¿Y esos delitos se quedaron en la JEP?

Le explico. En el Congreso todo el mundo vio que era muy grave, por ejemplo, que después del acuerdo mantuvieran cultivos de coca. No podía ser que en esos casos se los juzgara con una vara distinta a la del común de los colombianos, terminaran sin penas privativas de la libertad.

Hasta se discutió una modalidad que decía que podían tomarse dos años para desmantelar los cultivos, algo absolutamente inaceptable porque implicaba que al desmonte del narcotráfico se le diera ese plazo de gracia...

¿Cómo puede ser posible que ante un elemento central que había pedido Estados Unidos como condición para apoyar el proceso de paz, y era que las Farc no siguieran manteniendo relaciones con el narcotráfico, se planteara, por el exministro Juan Fernando Cristo, que se extendiera por un periodo de dos años más, con la tesis de que los cultivos no se pueden acabar de la noche a la mañana? No. El acuerdo prohibía que se mantuviera relación con el narcotráfico, y punto. Fueron ellos los que empezaron a modificarlo.

¿Y cómo está hoy eso?

Pues, perdimos lo que se logró en el Congreso. Si a un reinsertado que tenía cultivos ilícitos se le prueba que los mantuvo después de la paz, a ese señor la justicia ordinaria no le puede hacer nada. Esos delitos permanentes quedaron en cabeza de la JEP y se los juzga con normas llenas de beneficios. ¿Quién lo creyera?, en medio de este boom cocalero con beneficios para los narcocultivos. Esa fue la razón principal para que yo invitara al Gobierno a que objetara la ley estatutaria de la JEP. Pero así estamos hoy. Eso es insólito.

Y usted cuenta que también hubo varios proyectos de ley con beneficios al narcotráfico...

En mi libro cuento que hasta se presentaron tres proyectos que en el fondo despenalizaban no los narcocultivos, sino también la comercialización de droga, el narcotráfico puro. El propio presidente Santos dice en su libro: “Fue un error haber dicho que había beneficios para los cultivos, porque eso generó un boom cocalero”.

¿Quién los presentó?

El Ministerio de Justicia, siempre. Finalmente, esos proyectos no prosperaron porque quedó demostrado que beneficiaban no solo a los narcocultivadores que se sometieran a procesos de sustitución voluntaria, sino a los narcotraficantes puros. ¡Pues esta semana fue aprobado en la Comisión Primera del Senado un proyecto de ley que vuelve a establecer beneficios no solamente para los cultivadores, sino también para los narcotraficantes! Alguien tiene que decir algo sobre este despropósito.

Cuenta en su libro que usted le advirtió a la canciller María Ángela Holguín que estaba detectando la entrada de una cantidad de personas de México, posiblemente provenientes de carteles de la droga, y que la respuesta fue remitirlo a una ventanilla de Migración Colombia...

Fueron muchas las voces de alerta que en ese momento emití. Pedí una política eficaz en materia antidrogas: en ese momento teníamos menos de 100.000 hectáreas, hoy tenemos más de 200.000. Insistí en copar por el Estado las zonas de consolidación. No llegamos a tiempo, y hoy está el conflicto más vivito que antes, en Nariño, en Cauca, en el Valle, en el Chocó, en el nordeste antioqueño, en Norte de Santander. Y empezamos a ver mexicanos que invade el país en el negocio del narcotráfico. Entonces le escribí a la canciller diciéndole que se necesitaba una acción, que solamente puede conducir la Cancillería, para crear una política migratoria en relación con los mexicanos que están entrando a quedarse con buena parte de estos territorios. Resulta que esta semana salió en las noticias que los mexicanos son dueños de más de 100.000 hectáreas, o sea, de más de la mitad de los cultivos ilícitos en Colombia. La voz de alerta la di yo en el 2017, y no me pararon bolas. Son cultivos industriales frente a los cuales no puede haber beneficios.

El archivo “contabilín”, de las Farc es una sorpresa que nos trae el libro. Fue el que centralizó la contabilidad de las finanzas de las Farc...

Creé un grupo de 300 investigadores, que se dedicaron a estudiar, óigase bien, 13 millones y medio de archivos digitales de las Farc. Ahí encontramos a “contabilín”. En tablas de Excel aparece cada frente guerrillero con su contabilidad, y hasta con sus caletas. Está registrado cuántos billetes tienen, de qué denominación y quién es el responsable de cada caleta. Y cuento algo que el país tiene que conocer. En algún momento, un banquero de Nueva York fue contactado para hacer un proceso de lavado de activos, que las autoridades de Estados Unidos lograron pararlo y era por 500 millones de dólares en billetes contantes y sonantes.

¿Cuánta plata tenían las Farc, según su libro?

Se logró establecer que el patrimonio de las Farc ascendía a más de 10 billones de pesos. Tan ciertas pueden ser todas estas estimaciones que solo en tres años la Fiscalía les incautó, a través de la Dirección de Extinción de Dominio, activos por 2,5 billones a personas vinculadas a las Farc.

¿Pero qué tal la tesis que están esgrimiendo ahora, de que como las Farc no tienen personería jurídica, no se les puede incautar nada a nombre de la organización?

Da en el blanco: esa va a ser ahora la gran discusión, porque en la Corte Constitucional ya la expusieron. Como ahora se va a ver si cumplieron o no con la entrega de los activos, pues, obviamente, la explicación va a ser que como eran las Farc las que tenían que entregar activos y nadie más, no los desmovilizados, y las Farc no tienen personería jurídica, no pueden ser propietarios de nada.

Y luego se inventaron una fiducia en la cual tenían mayoría las Farc sobre el Gobierno, y ellos quedaban administrando su fortuna... Fue el que el comisionado de paz Sergio Jaramillo llamó un “decreto chambón”. ¡Ese gol sí lo paró!

Sí. Con el argumento de que ese era el lavado de activos más grande del mundo, porque era cambiar activos ilegales por unos derechos fiduciarios del sistema financiero.

Por la ética de la paz, las Farc no podían beneficiarse de esos activos que habían acumulado del narcotráfico, del secuestro y de la extorsión. Metieron un articulito ahí, en ese decreto, que decía que la plata de las Farc podía financiar el centro de pensamiento político del partido. ¡Por Dios! Eso era inaceptable. Yo lo revelé, y me dijeron que iban a sacar un decreto para corregirlo; el decreto nunca salió, y fui y lo demandé ante la Corte Constitucional, y ella tumbó la posibilidad. Pero lo que sí no podía ser es que ellos se quedaran con sus propios bienes y los administraran particularmente para proyectos colectivos de sus bases.

¿Será que los proyectos colectivos no impiden que los excombatientes se emancipen patrimonialmente de la organización a la que pertenecieron?

Eso es algo que tiene el acuerdo que algún día habrá que estudiar mucho más a fondo. Es que establecían una propiedad colectiva a través de las Ecomún, que tanto preocupó a la Cámara de Comercio de Bogotá. La Corte Constitucional nos dio la razón. Se les daban dineros a las Ecomún, con lo cual ellos seguían atados a esa estructura, a esa organización. Nunca se emancipaban. Eso era parte de las ideas que habían construido para mantener la movilización política, que estaban orquestando.

¿A eso es a lo que se refiere el doctor Humberto de la Calle, como algo inevitable, cuando dice que “el horizonte incluía la implantación de una forma de socialismo en Colombia”?

A mí me dejó perplejo que, en su libro, De la calle así lo reconociera. Porque fue con esa lógica como se les dieron múltiples beneficios para hacer política, sin tomar todos los cuidados para impedir que mantuvieran su patrimonio ilícito y que un sector conservara vínculos con el narcotráfico. Política financiada con esas fuentes nos habría llevado en un abrir y cerrar de ojos al socialismo, como dice Humberto de la Calle. Por eso lo que hizo la Fiscalía, que ha incomodado tanto a algunos sectores.

‘Romaña’ fue uno de los que aparentemente habían montado un proyecto productivo de maíz y girasoles, exitosamente. Hasta alcanzó a mandar fotos a las Fiscalía, y luego desapareció. ¿Qué pasó?

Nunca entenderé por qué ‘Romaña’, que estaba en el camino de la legalidad, con el apoyo mismo de la Fiscalía, se nos fue. Pero tiene que ver con que la Fiscalía se encontró de manera accidental con que algún sector de las Farc mantenía vínculos con el narcotráfico. Veníamos escuchando al señor Marlon Marín, que saltó a la fama siendo sobrino de ‘Iván Márquez’, y en sus conversaciones se oía que intentaba caerles a los recursos de la salud de los guerrilleros. Si no se le atraviesa el Ministro de Salud a esa propuesta, ahí hubieran chalequeado la paz por primera vez. Como se les dañó eso, entonces venían los contratos del posconflicto, y el señor Marín ofrecía en sus grabaciones que “su” familia solo pedía el 5 % de los contratos. Ustedes quédense con el otro cinco. Y como ese negocito también se los dañó la Fiscalía, terminó coordinando negocios para exportar droga a Estados Unidos. Eso no lo podía permitir ninguna autoridad.

Usted menciona en su libro, de pasada, el caso del doctor Álvaro Leyva, que habría negociado la gestión de alguno de esos contratos de procesos productivos de las Farc, por valor de 10.000 millones de pesos. ¿Eso realmente se pagó?

Mucha gente estaba alrededor, haciendo rentismo del proceso de paz, y hay un medio virtual que muestra unos pagarés por 10.000 millones de pesos por estructuraciones de proyectos, con gente del exterior que dicen que no pagan nada porque no obtuvieron nada, eso es lo que dicen en esas publicaciones en relación con Leyva. Desde la Fiscalía nos ocupamos de la integridad de esos recursos. Yo mandé 43 cartas, tratando de parar todas esas cosas que veía. Esta fue una de ellas. De eso nos sentimos muy orgullosos. ¿O querían que guardáramos silencio, que los dejáramos ejecutar, que se robaran la plata? No, eso yo no lo iba a permitir.

Y ahí es cuando entra en escena ‘Jesús Santrich’...

Sí, empezamos a escuchar que estaban hablando de televisores, y resulta que los televisores eran cocaína.

Está claro que tenemos que defender la parte del acuerdo de paz que esté funcionando. Son más de 50.000 familias que luchan por su reinserción. Pero, con la mano en el corazón, ¿una parte, muy pequeña, ojalá, de la dirigencia de ese nuevo partido Farc siguió manteniendo vínculos con los disidentes?

Marlon Marín nos sacó de esa duda cuando dijo ante la justicia que sí había esa relación entre un sector minoritario de las Farc y las disidencias, que son las que controlan los cultivos. De hecho, en esas conversaciones se oye que les ofrecieron a los mexicanos llevarlos a las zonas donde están los cultivos ilícitos, para demostrarles que sí tenían toda la capacidad de proveerles la droga que ellos necesitaban para los mercados internacionales.

¿Está satisfecho con la manera como ha venido funcionando la JEP?

Hay que decirlo con claridad: la paz no saldrá adelante si la institucionalidad de la justicia no funciona. Eso está relacionado con una JEP que no sea ideologizada, que produzca decisiones en derecho, que les dé la garantía a las víctimas de que serán resarcidas, y de eso es muy poco lo que se ha visto hasta ahora. Y ahí está uno de los grandes desafíos que tiene el proceso de paz hacia el futuro. Lo último fue que le sacaron el bulto a pronunciarse de fondo sobre el caso de ‘Santrich’...

Finalmente, ¿qué va a hacer ante el señalamiento del presidente Santos de que muchas de las cosas que está diciendo en su libro son mentiras?

Conozco al presidente Juan Manuel Santos y aspiro a que no haya dicho eso. Él también me conoce, y sabe que yo hice un libro que tiene un propósito histórico: que se conozcan todas las caras y los episodios del proceso. Como conozco la fragilidad de la memoria, no quise que esto quedara solamente en conversaciones privadas, sino que las documenté en 43 enjundiosas cartas, que dan cuenta de cada uno de esos episodios. Esos documentos fueron escritos en tinta indeleble.

MARÍA ISABEL RUEDA
Especial para EL TIEMPO

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