Desde la medianoche del lunes, en la página web de la mesa de La Habana (www.mesadeconversaciones.com) y en las de otras instituciones del Estado quedaron disponibles, para todos los colombianos, la totalidad de los acuerdos firmados entre el Gobierno y las Farc en La Habana, así como el texto de varias iniciativas de ley que le darán vida legal a lo pactado para acabar con la guerra. También son públicos los protocolos para el cumplimiento de las diferentes etapas que llevarán al desarme total de las Farc y a la desmovilización de sus integrantes.
(Lea aquí el texto completo y definitivo del acuerdo final de paz)
En esencia, no hay cambios fundamentales frente a lo que el país conoció a lo largo del proceso, pero sí precisiones importantes. Los acuerdos blindan a los miembros de las Farc del fantasma de la extradición, en todos los casos.
También define como reparación a cargo de la guerrilla, entre otras actividades, “la participación en obras de reconstrucción de infraestructura en los territorios más afectados por el conflicto, la participación en los programas de limpieza y descontaminación de los territorios de minas antipersonas, artefactos explosivos improvisados y municiones sin explotar o restos explosivos de guerra, la participación en los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito, la contribución a la búsqueda, ubicación, identificación y recuperación de restos de personas muertas o dadas por desaparecidas en el contexto y con ocasión del conflicto, y la participación en programas de reparación del daño ambiental, como, por ejemplo, reforestación”.
En materia de desarme, es absolutamente claro que la guerrilla y todas sus milicias entregarán su material bélico a la Misión de Naciones Unidas. (Además: Cese del fuego bilateral definitivo se iniciará el lunes 29 de agosto)
La descontaminación del territorio afectado con minas antipersonas es parte de varios capítulos: así, en los programas de reintegración de los excombatientes se incluirá esa tarea, y en todo caso el grupo se compromete a iniciar desde el primer momento la entrega de información sobre la ubicación de esas mortales trampas y de otros artefactos explosivos artesanales.
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Esa labor también será una de las acciones reparadoras con las que los guerrilleros condenados por la Justicia Especial para la Paz podrán pagar pena.
Los acuerdos señalan que “la imposición de cualquier sanción en el Sistema de Justicia Transicional no inhabilitará para la participación política ni limitará el ejercicio de ningún derecho, activo o pasivo, de participación política, para lo cual las partes acordarán las reformas constitucionales pertinentes”. Así, queda abierta la puerta para que los máximos jefes puedan ser elegidos.
El acuerdo establece también que hasta que se imponga condena, en todos los casos, primará el respeto por la libertad de los procesados, siempre con el compromiso de comparecer ante la Justicia Especial una vez se inicien sus procesos.
1. Amnistía a los delitos conexos a la rebeliónEn los acuerdos se definió también el proyecto de ley que llegará al Congreso y que tramitará indultos y amnistías “lo más amplios posibles” para las bases guerrilleras.
En todo caso, quedan excluidos de esa posibilidad los responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad.
El proyecto resuelve así una de las ‘papas calientes’, la conexidad del narcotráfico: “Serán amnistiables los delitos conexos con el delito político que describan conductas relacionadas específicamente con el desarrollo de la rebelión y cometidos con ocasión del conflicto armado, así como las conductas dirigidas a facilitar, apoyar, financiar u ocultar el desarrollo de la rebelión. Serán considerados delitos conexos al delito político, aquellos calificados como comunes cuando cumplan los requisitos anteriores y no se trate de conductas ilícitas cometidas con ánimo de lucro personal, en beneficio propio o de un tercero”.
La amnistía, en todo caso, no blindará de investigaciones sobre la legalidad de sus bienes o de sus familias. Así, los procesos de extinción de dominio siguen adelante en esos casos.
2. Protocolo para atender violaciones del ceseEl Mecanismo de Monitoreo y Verificación –conformado por integrantes del Gobierno, Farc y delegados internacionales– se encargará de garantizar que se cumpla el cese del fuego bilateral y la dejación de armas. Responderá a tres incidentes: accidentes, incumplimientos no graves, y posibles violaciones del acuerdo. (Además: Cinco inamovibles en el monitoreo de la ONU al fin del conflicto)
Las violaciones graves se dan cuando el incumplimiento es “consciente y deliberado” e implica la muerte de personas, o el uso de armas. Su gravedad depende de si son excepcionales e individuales, o colectivos y sistemáticos. El comité deberá establecer la gravedad del hecho, tomar medidas paliativas, y llegar a consensos para resolverlo. Si se necesita presencia de la Fuerza Pública en la zona, el comité debe coordinar con los mandos de las Farc y el Gobierno.
3. La financiación de las Farc en la vida políticaEn el texto del acuerdo final aparece que para facilitar el paso del grupo armado a la actividad política, “el partido o movimiento político que constituyan recibirá anualmente, entre la fecha del registro y el 19 de julio del 2026, una suma equivalente al 10% anual de la apropiación presupuestal para el funcionamiento de los partidos y movimientos políticos”. (Lea también: Farc tendrán 10 curules en el Congreso, pero a partir de 2018)
Adicionalmente, para que el futuro movimiento político pueda promover su ideología, “se le asignará un 5 % anual de la apropiación presupuestal para el funcionamiento de los partidos y movimientos políticos entre la fecha del registro y el 19 de julio del 2022”.
De acuerdo con el texto, esa financiación no afectará el monto que se distribuye a los otros partidos con personería.
4. Blindados contra la extradiciónEl acuerdo establece que todos los miembros de las Farc y “personas acusadas de formar parte de dicha organización” quedarán a salvo de ser extraditados “por cualquier conducta realizada con anterioridad a la firma del acuerdo final”.
Además, establece un salvavidas para los familiares de los miembros de la guerrilla. Ellos también quedarían blindados de ser enviados a la justicia de un tercer país si “la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz estudia el caso y decide que obedece a hechos o conductas relacionadas con la pertenencia o acusación de pertenencia a las Farc del familiar del solicitado en extradición”.
REDACCIÓN PAZ
