En una carta dirigida a Yolanda Pinto, la directora de la Unidad de Víctimas, Juan Camilo Restrepo, el jefe negociador del Gobierno en los diálogos de paz con el Eln, pidió a esa entidad que ayude a facilitar el retorno de 248 familias indígenas a sus territorios, en Chocó. Los abandonaron por el temor a las acciones violentas de esa guerrilla.
Tras la denuncia presentada en ese sentido por el Comité de Seguimiento al Acuerdo Humanitario Ya de ese departamento, ante la mesa de negociación de Quito (Ecuador), el Gobierno pudo constatar el desplazamiento masivo del resguardo Catrú-Dubasa-Aconsó del municipio de Alto Baudó. Este se generó por el temor que les produjo a los indígenas el asesinato de su gobernador, Aulio Isarama Forastero, a manos del frente de guerra occidental del Eln, el 24 de octubre. Esa estructura guerrillera aceptó su responsabilidad en el asesinato.
Las denuncias del deplazamiento masivo también las había hecho la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. En total, fueron desplazadas 1.142 personas de 18 comunidades indígenas del mencionado resguardo. El temor de esas poblaciones también se debe a la desaparición forzada de uno de los familiares del gobernador asesinado, el profesor John Eriberto Isarama Forastero. Según las denuncias de la comunidad, el Eln también es responsable de ese hecho.
“Desde el 30 de octubre, ante el temor generalizado en la zona, dado el homicidio del gobernador indígena de la comunidad Docasina y las amenazas recibidas por parte del Eln, las familias se han desplazado paulatinamente en diferentes fechas y como medida de protección hacia diferentes municipios que no cuentan con albergues disponibles”, señaló el equipo negociador del Gobierno.
Para Juan Camilo Restrepo, estos hechos “son una violación de los preceptos mínimos del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos”, en el contexto del cese del fuego bilateral que fue pactado entre el Gobierno y esa guerrilla, precisamente con el fin de aliviar las consecuencias del conflicto en la población civil.
En la carta enviada a la directora de la Unidad de Víctimas, Restrepo solicitó “los buenos oficios” de esa entidad “para contribuir con el pronto retorno de esas comunidades a sus lugares de origen y así proteger sus derechos fundamentales a la vida, en condiciones de dignidad, seguridad y libre autodeterminación, como lo establece la Constitución”. El cese del fuego bilateral entre la Fuerza Pública y el Eln comenzó el primero de octubre y se extendería hasta el 9 de enero.
REDACCIÓN PAZ
redaccionpaz@eltiempo.com
Comentar