El procurador general, Fernando Carrillo, destacó el papel que están cumpliendo las zonas veredales en el proceso de dejación de las armas de las Farc, pero aclaró que todavía se presentan dificultades logísticas e “improvisación” del Gobierno.
Para él, no cabe duda de que “las Farc están tratando de cumplir los acuerdos”, pero le preocupan los grupos disidentes.
Insistió en que el Estado debe cumplir los acuerdos con quienes los firmaron, pero que debe ser implacable y contundente con quienes están fuera de ellos o quieran burlarlos.
Carrillo calificó de “preocupante” la poca pedagogía que hay sobre el impacto de las zonas veredales en la culminación del conflicto, razón por la cual muchas personas desconocen su significado y son presa fácil de rumores sobre concesiones a las Farc por debajo de la mesa.
Entre lo que ha observado, ¿cómo ve el funcionamiento de las zonas veredales?
La paz avanza en medio de las dificultades propias de un proceso tan complejo, que les ha puesto punto final a más de 52 años de guerra. Las zonas veredales están cumpliendo su papel como escenarios de agrupamiento de las Farc, aislándolas de la población civil y preparándolas para la entrega de armas, su desmovilización y reintegro a la vida democrática. La clave, en principio, es superar las dificultades logísticas de las zonas para seguir consolidando el cumplimiento del acuerdo.
¿Las zonas veredales están afectando a las comunidades?
Los reportes que hemos recibido reflejan que son mayores los beneficios que las calamidades que afronta la población civil en esas áreas del territorio. En la visita que hicimos la semana pasada a la ZVTN de Mesetas, Meta, escuchamos a voceros de la comunidad y a dirigentes locales, y todos coincidieron en que la mayor preocupación era que el Estado cumpliera sus promesas de inversión y desarrollo social. También se escucharon quejas por la presencia de la disidencia de las Farc y otras organizaciones que buscan copar esos territorios. Allí hay un asunto para resolver, pues la legitimidad del proceso puede quedar en entredicho si no se pone fin a esas acciones criminales.
¿Ve a las Farc comprometidas con el proceso de desarme?
No dudo que las Farc están tratando de cumplir los acuerdos. Es lo que percibe el país, y lo constatamos en Mesetas. Cuando usted ve a casi 500 guerrilleros que están debajo de carpas y cambuches fabricados con plástico conviviendo de manera pacífica en una zona acordada con el Estado, bajo el mandato de una comisión tripartita –ONU-Farc-Estado–, redobla su fe en que la guerra es el pasado.
¿El Gobierno ha cumplido los compromisos que adquirió para el funcionamiento de esas zonas?
Ha habido improvisación del Gobierno, sobre todo con la infraestructura. Las necesidades son múltiples y manifiestas. Hay que impulsar que se cumpla lo acordado para que en esos territorios germine la reconciliación. Allí, repito, está surgiendo un nuevo país que exige cambios reales a problemas estructurales de pobreza, exclusión y olvido.
¿Tiene alguna preocupación sobre esas zonas?
Me preocupan los grupos disidentes de la guerrilla. Hay que insistir en que el Estado debe cumplir los acuerdos con quienes los firmaron, pero tiene que ser implacable y contundente con quienes están fuera de ellos o quieran burlarlos. A quienes no creen en el camino de la reconciliación y de la justicia hay que aplicarles todo el peso de la ley. Para ellos, mano dura y cero concesiones. Por ejemplo, quien pretenda burlar la JEP o pasar por encima de los derechos de las víctimas deberá asumir las consecuencias políticas, que implican su inhabilidad para participar en política. Eso debe quedar explícito, como entiendo que lo está en el texto aprobado en el Senado, en el marco de la JEP.
Es preocupante, además, la poca pedagogía que hay sobre el impacto de esas zonas en la culminación del conflicto en las áreas de las zonas veredales. Aún muchos ciudadanos desconocen su significado y son presa fácil de la rumorología sobre concesiones a las Farc por debajo de la mesa.
Ahora hablemos de temas políticos: ¿cree que el tema de la corrupción se va a tomar el debate para 2018?
Cuando me posesioné, hace dos meses, dije que el humo de la guerra no dejaba ver la corrupción. Tenía razón. Hay una ola de indignación nacional ante el tamaño del monstruo que amenaza la democracia y está reversando la descentralización. Los escándalos de corrupción han llenado de pesimismo el país. Se ve ya en el horizonte un voto castigo contra quienes han permitido semejante catástrofe ética. Si fuimos capaces de superar la guerra, tendremos que ser capaces de derrotar a los corruptos. Y ello va a implicar una voluntad ciudadana que se deberá expresar en las urnas.
¿Qué se puede hacer para evitar que casos como el de Odebrecht se repitan?
Tenemos que pensar en serio en una profunda reforma electoral. Cada escándalo de corrupción muestra las grietas estructurales del sistema electoral. Unas nuevas reglas de juego que impidan que la política quede a merced del mejor postor. Las elecciones no pueden continuar siendo el mercado bursátil de la política. Tienen que haber financiación estatal, ojalá total, y una autoridad electoral con la fuerza institucional suficiente para investigar, recoger pruebas y sancionar los desmanes que hoy se volvieron recurrentes.
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