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Desmovilizados: Gobierno rinde cuentas ante la JEP por su seguridad
Desmovilizados Farc

La identidad de los menores que salieron de las Farc se mantuvo en secreto.

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Juan Carlos Escobar / Archivo EL TIEMPO

Desmovilizados: Gobierno rinde cuentas ante la JEP por su seguridad

La identidad de los menores que salieron de las Farc se mantuvo en secreto.

El Gobierno ratificó su compromiso y defendió las acciones para proteger a excombatientes.

Durante una audiencia territorial de la JEP en el departamento del Meta, el consejero Presidencial para la Estabilización, Emilio Archila, hizo una férrea defensa de las acciones que ha emprendido el Gobierno Nacional para proteger a los más de 13.000 excombatientes de las Farc que están en el proceso de reincorporación.

Archila reveló cifras y dijo que la seguridad de los exguerrilleros ha sido una prioridad para el gobierno y que “no se ha escatimado ni se ahorrará ningún esfuerzo o recurso para enfrentar a los verdaderos enemigos: las disidencias, los narcotraficantes y otros grupos al margen de la ley”.

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Según esas cifras, con investigaciones de la Fiscalía han sido vinculadas 335 personas como presuntos responsables de ataques y crímenes contra desmovilizados, se han expedido 279 órdenes de captura y 151 personas están privadas de la libertad. Además, el 80 por ciento de homicidios y agresiones son responsabilidad de las disidencias y el narcotráfico.

“No ayuda inventar una supuesta negligencia; hemos respondido con creces al reto de la Reincorporación (…) Debemos unirnos todos contra los enemigos comunes: las amenazas, los asesinos y los malos son las disidencias”, aseguró Archila.

La audiencia se realizó en el departamento del Meta. Allí le explicó Archila a la JEP, se ha brindado garantías de seguridad a 1.426 personas en reincorporación, aunque precisó que “en materia de protección no hay distinción en cuanto a su ubicación. Para cada localización hay mecanismos apropiados”.

El Consejero Presidencial hizo énfasis en las acciones en el Meta, pues en ese departamento está el cartel de los más buscados: Gentil Duarte, alías Calarcá, alías Urías, alías Guillermo y alías Albeiro, por los que se ofrecen recompensas hasta de $2.100 millones de pesos, y a quienes el gobierno responsabiliza de los ataques contra los desmovilizados.

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“Aquí el gobierno no es el malo”, dijo Archila, quien de paso negó que haya agentes del Estado involucrados en acciones en contra de los desmovilizados. “Tenemos que entender quién es el enemigo; los que realmente laceran el proceso son las disidencias (…) No podemos permitir que este actuar sea confundido para opacar todo lo que la Paz con Legalidad ha hecho por el proceso”.

Archila les explicó a los magistrados de la JEP que todas las medidas adoptadas hacen parte del Plan Estratégico de Seguridad que la Consejería adoptó el 31 de marzo de 2021, en acuerdo con lo que ha previsto la JEP.

Ese Plan mantiene ocho líneas estratégicas en frentes como prevención, protección, investigación, judicialización, seguridad humana integral, enfoque diferencial de género, coordinación interinstitucional y garantías de seguridad en la participación electoral de los excombatientes en proceso de reincorporación.

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Las cifras de la Fiscalía

El informe de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General de
la Nación, a 16 de julio de 2021, reporta que contra excombatientes se
conoce de han ocurrido 260 homicidios, 17 desapariciones y 44 tentativas
de homicidio.

Están en investigación 382 afectaciones a excombatientes y sus familiares, entre homicidios, desapariciones y tentativas. Hay avances investigativos en 204 hechos (53 por ciento).

335 personas están vinculadas como presuntas responsables en esas investigaciones, se han librado 279 órdenes de captura; 151 personas han sido privadas de la libertad.

56 de las órdenes de captura corresponden a determinadores (autores intelectuales), de estos hay 17 capturados.

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Se han producido 41 condenas.

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