Una orden de libertad condicional para Jesús Santrich por firmar una nueva acta ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) está descartada por ahora.
La Ley 1820, de amnistía, indulto y tratamientos penales especiales, de la que sus abogados pretenden que se beneficie, no aplica al exjefe guerrillero porque esa ley es para otorgar libertad condicional y transitoria a los militares y guerrilleros presos por delitos cometidos antes del primero de diciembre del 2016 –cuando entró en vigencia el acuerdo de paz con las Farc– que se acogieran a la JEP.
Esto, siempre y cuando hubieran pagado ya al menos cinco años de prisión.
“Santrich está hoy detenido por un delito que supuestamente cometió después del primero de diciembre del 2016, de manera que no puede acogerse a esa ley”, le dijo a este diario una fuente de la JEP.
De hecho, esta jurisdicción está pendiente de la solicitud formal de extradición del exguerrillero para pronunciarse sobre la fecha en la que cometió el supuesto delito de conspirar para enviar cocaína a Estados Unidos, que le atribuyen.
Además, Santrich, como dirigente del partido Farc, ya había firmado en diciembre del 2017, con otros miembros de la exguerrilla, el acta en la que se comprometía a comparecer a la JEP. Ese fue un requisito para presentarse como candidatos al Congreso y ocupar así una de las curules otorgadas a la Farc, cinco en el Senado y cinco en la Cámara.
En otras palabras, la solicitud de la defensa de Santrich ante la JEP, para que se le permita firmar el acta que le daría libertad condicional y transitoria, es solo una jugada jurídica con muy poco chance de salir bien.
REDACCIÓN PAZ
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