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Proceso de Paz

PND: así son los lineamientos del Gobierno para avanzar en la implementación de la paz

El presidente Gustavo Petro sanciona el Plan Nacional de Desarrollo Desde la selva del Guainía.

El presidente Gustavo Petro sanciona el Plan Nacional de Desarrollo Desde la selva del Guainía.

Foto:Cuenta oficial de Twitter @infopresidencia

Por primera vez, la hoja de ruta del cuatrienio cuenta con un capítulo específico en este punto.

Tras concretarse su sanción en Inírida, Guainía, quedaron oficialmente aprobados los lineamientos del Gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo para avanzar en la implementación del Acuerdo de Paz, el cual por primera vez cuenta con un capítulo específico.
Como es conocido, el proyecto 'Colombia, Potencia Mundial de la Vida' estima una propuesta de inversión pública de 1.154 billones de pesos y de acuerdo al Plan Plurianual de Inversiones, de este monto presupuestal, 50,4 billones hacen parte de los recursos proyectados para la paz.
Es decir que los recursos de este punto en el nuevo plan crecieron un 16 por ciento frente a los comprometidos en el gobierno pasado, aumentando de 43,5 billones a 50,4.
Por ejemplo, el rubro de participación política pasó de un poco más de 1.000 millones a 79.000 millones de pesos. Por su parte, el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) contará con 1,4 billones.
En los Cerros de Mavecure en Inírida- Guainía  el presidente Gustavo Petro sancionó el Plan Nacional de Desarrollo ‘Colombia, Potencia Mundial de la Vida’

En los Cerros de Mavecure en Inírida- Guainía el presidente Gustavo Petro sancionó el Plan Nacional de Desarrollo ‘Colombia, Potencia Mundial de la Vida’

Foto:MinTIC

Este compromiso se demuestra también en el artículo 15 del texto conciliado. En él, el Gobierno hace hincapié en "superar los rezagos" que existen en el seguimiento de las metas del Plan Marco de Implementación (PMI) y de los Planes Nacionales Sectoriales (PNS) para lo cual las entidades de orden nacional deberán "reportar periódicamente el avance de los indicadores del PMI y de los PNS en el Sistema de Información Integrado para el Posconflicto, SIIPO".
Vera Samudio, investigadora del Centro de Investigación y Educación Popular – Programa por la Paz (CINEP-PPP), valora con optimismo que se establezcan directrices que actualicen el Plan Marco de Implementación.
"Hemos dicho con mucha insistencia que no solamente hay que desatrasarse en esa tarea pendiente, sino que, si partimos de un correcto proceso de revisión de ese instrumento de planeación podremos saber en qué lugar estamos y hacia dónde se deben dirigir los esfuerzos de la institucionalidad", comenta.

El Gobierno hace hincapié en 'superar los rezagos' que existen en el seguimiento de las metas del Plan Marco de Implementación

Asimismo, la Fundación Ideas para la Paz (FIP) realizó un análisis de las bases del Plan con los indicadores que le apuntan a los compromisos del Acuerdo, señalando cuáles son las principales apuestas y las dudas que aún quedan por resolver.
Sobre las prioridades del Gobierno, la FIP destacó que este crecimiento se concentra en los puntos de implementación, verificación y refrendación, participación política y solución al problema de las drogas ilícitas.
La Directora Ejecutiva de la FIP, María Victoria Llorente, habló con EL TIEMPO y subrayó la cantidad de dinero que será destinado para agilizar los compromisos adquiridos en materia de tierras, una de las principales obsesiones del presidente Gustavo Petro.
"El actual Gobierno siempre ha dicho que la prioridad es el desarrollo rural integral y de los más de 50 billones que se le dedica a la implementación del acuerdo dentro de este plan el 83 por ciento (41 billones) es para este punto, algo nunca visto", expresa.
Presidente Petrro presentó el Plan de Desarrollo en el Guainía

Presidente Petrro presentó el Plan de Desarrollo en el Guainía

Foto:Presidencia

Gran parte de la implementación de la reforma agraria se centra en alcanzar tres millones de hectáreas para repartir entre familias campesinas. Para acelerar ese proceso, el Gobierno sacó adelante el polémico artículo 61, señalado de expropiación exprés, que fue titulado como 'Mecanismos para facilitar y dinamizar los procesos de compra de tierras de oferta voluntaria'.
En este, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) podrá identificar y aplicar del procedimiento de compra por oferta voluntaria de predios que sean idóneos para la reforma rural integral (áreas superiores a dos Unidades Agrícolas Familiares (UAF)).
En aquellos casos en los que los propietarios no procedan a la venta "la ANT adelantará el análisis de la explotación económica del predio, requiriendo a su propietario por una única vez, para que proceda a la enajenación de aquellas áreas que no se encuentren bajo aprovechamiento económico y que excedan la extensión de la UAF. Cuando el propietario no acceda a la enajenación, la ANT aplicará los procedimientos agrarios a los que haya lugar", dice el párrafo cinco.
Para Samudio, es importante darle rapidez a la caracterización de los predios, "es decir, verificar cuáles de las tierras que han sido ingresadas al fondo tienen realmente potencial para ser adjudicadas. También es conveniente diferenciar las hectáreas que están destinadas a la cuenta étnica, que ese es un asunto que al hablar de las generalidades se nos suele quedar por fuera", complementa.

Compromiso con los pueblos étnicos

Según lo que varios representantes de comunidades indígenas y afrocolombianas le dijeron a EL TIEMPO en un encuentro con la Misión de Verificación de la ONU en Colombia el pasado 22 de abril en Tumaco, el enfoque étnico de cada uno de los puntos pactados en las negociaciones de la Habana lleva seis años sin moverse.
El artículo 11, titulado 'Compromisos del PNIS con pueblos y comunidades étnicas y campesinas' espera remediar la atención de los territorios colectivos de los pueblos indígenas, campesinos, negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros afectados por los cultivos de uso ilícito y así acelerar "el cumplimiento y cierre de los compromisos adquiridos con los pueblos".
Para eso, la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos (DSCI) en coordinación con autoridades propias, implementarán en esos territorios modalidades alternativas de sustitución de economías ilícitas y reconversión productiva de los cultivos de coca, marihuana o amapola.
Capitulo etnico en Tumaco

Capitulo etnico en Tumaco

Foto:Camilo A. Castillo. EL TIEMPO

Derechos de las víctimas y política de drogas

Por otro lado, el centro de pensamiento destaca el incremento de mecanismos para satisfacer los derechos de las víctimas y establecer una política de drogas más cercana a lo establecido en el acuerdo.
Sobre lo primero, quedó estipulado la aceleración del pago para las indemnizaciones de las víctimas en el artículo 8, el cual describe que a un término de hasta 18 meses —contados a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley— se debe establecer un plan de eficiencia entre la Unidad para las Víctimas, el Departamento Nacional de Planeación y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público con el fin de consumar este objetivo.
Una deuda que no deja de ser uno de los retos más grandes que tiene este Gobierno y más cuando hace poco más de un mes durante el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia el Presidente aseguró que para reparar a los 10 millones de víctimas que ha dejado la guerra se necesitan 125 años.

Quedó estipulada la aceleración del pago para las indemnizaciones de las víctimas en el artículo 8

Bajo esta misma línea se aprobó el artículo 198 que crea el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, que contará con la especial participación de las mujeres y personas buscadoras que han reclamado por la materialización de este órgano.
De igual manera se aprobó la adecuación de un mecanismo no judicial de contribución a la verdad y la memoria histórica operado por el Centro Nacional de Memoria Histórica y que "garantizará el principio de participación de las víctimas con un enfoque de género y de derechos de las mujeres y se podrá aplicar, a personas excombatientes o exintegrantes de estructuras armadas ilegales que suscriban acuerdos de paz o de sometimiento a la justicia con el Estado colombiano".
Sobre las políticas de memoria Samudio indica que se trata de una deuda central con las víctimas y que "no han podido arrancar".
En cuanto a la política de drogas el PND deja explícita la intención de formular una nueva política nacional con proyección de diez años en el artículo 193. "Con un enfoque de género diferencial y territorial, en el marco de espacios de articulación interinstitucional y de participación de distintos actores de la sociedad civil incluyendo comunidades campesinas, para avanzar hacia un nuevo paradigma de política centrado en el cuidado de la vida", dice el texto.

Los 'vacíos' de la implementación en el PND

Ahora bien, el informe advierte de puntos 'flacos' que pueden preocupar de cara al buen puerto de la implementación. El primero tiene que ver con los pocos indicadores para medir elementos esenciales del Acuerdo. Estos, según la FIP, se encuentran en temas como las mediciones que den cuenta de la priorización de inversiones en municipios del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
Si bien con la aprobación del PND se busca cerrar la brecha la brecha de pobreza multidimensional entre estas subregiones y el nivel nacional del 12,7 por ciento al 10 por ciento, de acuerdo con el análisis un déficit en la priorización de inversiones puede terminar en "una dispersión de la inversión de la Reforma Rural Integral que no genere las transformaciones necesarias en los territorios más afectados por el conflicto y garantice la no repetición".
Sobre las inversiones en estos municipios, Vera Samudio plantea que hay un desequilibrio a nivel territorial y cree que es importante corregir y examinar las causas. Además, insta a fortalecer la participación efectiva de las comunidades.
Municipios PDET

Municipios PDET

Foto:Agencia de Renovación del Territorio

"Para nosotros ha sido notorio que durante el proceso de la implementación y ejecución de los proyectos PDET se fue perdiendo paulatinamente la participación de las comunidades y esto es algo que hay que revertir rápidamente. También pasa por el fortalecimiento de todos los instrumentos de veeduría, seguimiento y evaluación de estos mismos proyectos en los territorios", explica.
El centro de estudios también habla de una falta de claridad sobre los mecanismos para rendir cuentas de la ejecución del presupuesto para la paz. Lo mismo sucede con las fuentes de donde saldrán los recursos. "En el articulado se definen nuevos lineamientos para la asignación del presupuesto de OCAD Paz, buscando solucionar los problemas de corrupción que ha tenido esta fuente; sin embargo, no es claro qué recursos se van a asignar si esta bolsa está casi vacía", explica.
En el artículo 16 se establece que será el OCAD Paz quien definirá "la financiación de proyectos de inversión que tengan por objeto la implementación del Acuerdo Final", siempre y cuando estos cumplan la finalidad de dirigirse a las 16 subregiones PDET.
A esto Llorente añade un elemento y es que no es claro el fortalecimiento de la Agencia de Renovación de Territorio: "El Gobierno pasado no la fortaleció, la desarrolló como una agencia de coordinación. Este gobierno no la fortalece, por el contrario, puede haber un debilitamiento", comenta.
Aunque el análisis destaca las políticas ambiciosas dentro del Plan para cumplir con este punto, también cuenta que hay una reducción de los recursos destinados a satisfacer los acuerdos con las víctimas del conflicto armado, pasando de aproximadamente 4 billones a 1.6 billones de pesos.
"Si bien la Comisión de la Verdad ya culminó su mandato, el ahorro de recursos por esta razón no explica la disminución de un poco más de 2 billones de pesos", expone.
Samudio agrega que "hay que darle cumplimiento a las medidas de custodia y administración de los archivos de la Comisión de la Verdad. En este momento están en manos de la Jurisdicción Especial y el Archivo General de la Nación".

Hay que darle cumplimiento a las medidas de custodia y administración de los archivos de la Comisión de la Verdad

El informe también alerta sobre lo que considera "un debilitamiento de la institucionalidad encargada de la implementación", especialmente en capacidades para articular entidades a nivel nacional con las territoriales.
"Esto se está volviendo demasiado grande para estar solo en cabeza del Alto Comisionado para la Paz, que además está volcado en lo que ha sido más visible de la ''paz total que es la negociación con los grupos", afirma Llorente.
La FIP expone que esto ha producido una sobrecarga de funciones en la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y la creación de la Unidad para la Implementación, disminuyendo la posibilidad de coordinar con otras entidades.
Asimismo, la investigación advierte que se proponen ajustes de largo plazo en la reincorporación de excombatientes, pero sin medidas para proporcionar soluciones a problemas de carácter urgente. Aun así, aclara que se han incluido artículos adicionales que corrigen este déficit.
"Por un lado, se establece la creación del Sistema Nacional de Reincorporación, que busca solucionar los problemas de coordinación de las entidades con competencia en el proceso, y por otro, se ajusta el Programa de Reincorporación Integral con cinco líneas transversales que recogen algunas de las principales problemáticas que ha tenido el proceso de reincorporación de los firmantes de paz", se lee en el documento.
Ahora bien, los lineamientos para poner en marcha de la paz no pueden ponerse "simplemente" en una lista de priorización, según Samudio. Para ella, todos los temas deben ser atendidos paralelamente, "porque son sensibles a los procesos de transformación que esperaba el acuerdo y atienden los derechos a la paz, la verdad, la justicia y reparación de las víctimas".
Juan Pablo Penagos Ramírez
Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO
REDACCIÓN POLÍTICA

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