Las estrategias que marcaron el ocaso del grupo guerrillero

En 1998, cuando más de 1.500 guerrilleros se tomaron Mitú, la capital de Vaupés, y la prensa internacional informaba que en la gobernación se había instalado ‘Granobles’, hermano del ‘Mono Jojoy’, Colombia se proyectaba como un Estado fallido.

Con impotencia, recuerda el entonces ministro del Interior Néstor Humberto Martínez, se desarrolló en ese momento una cumbre entre el presidente Andrés Pastrana y la cúpula de las Fuerzas Militares en la que se concluyó que retomar el control de Mitú era casi imposible por las dificultades logísticas de llevar centenares de soldados a la mitad de la selva.

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Colombia solo tenía cuatro helicópteros Black Hawk y fue necesaria una operación poco ortodoxa en territorio brasileño para tener una base desde la cual lanzar el contragolpe que, tres días después, obligó a las Farc a salir de la alejada población.

La de Mitú fue la última gran toma de las Farc y el detonante que aceleró la cruzada diplomática que le daría vida al Plan Colombia, que arrancó en julio del 2000 después de que el presidente Bill Clinton logró que el Congreso de Estados Unidos aprobara una partida de más de 1.100 millones de dólares para acompañar al país en su lucha contra el narcotráfico.

El Plan Colombia, que supuso la más grande reingeniría para las Fuerzas Militares, marcó el inicio del declive de las Farc. Con más de 10.000 millones de dólares de cooperación de Estados Unidos y al menos 14.000 millones de dólares del Presupuesto Nacional, en los últimos 16 años el país se convirtió en un modelo de exportación de seguridad en la región y en el mundo.

De los cuatro helicópteros artillados, el país pasó a 100 al terminar el gobierno de Pastrana. “Tener los Black Hawk significaba multiplicar por diez el pie de fuerza”, explica Néstor Ramírez, segundo comandante del Ejército en la segunda mitad de los 90.

Pero no solo fue la tecnología de punta desde el aire la que cambió el curso de la guerra. Para el 2014, el número de miembros de la Fuerza Pública, con respecto al 2000, se había duplicado, hasta llegar al medio millón de efectivos. Entre tanto, las Farc, que tenían hace 15 años casi 21.000 hombres en armas, hoy cuentan con 6.263, según cifras del Ministerio de Defensa basadas en las labores de inteligencia.

Con Álvaro Uribe y su política de Seguridad Democrática se aprovecharon al máximo los recursos de asistencia. Durante sus ocho años de gobierno y en lo que va de los gobiernos del presidente Juan Manuel Santos, quedaron fuera de combate 124 jefes de las Farc, entre ellos cuatro miembros del secretariado, así como su máximo jefe, ‘Alfonso Cano’, que murió en un operativo militar en el 2011.

La presencia territorial de las Farc, y la de los otros actores armados ilegales, también cayó dramáticamente. Mientras en el 2000 ese indicador en rojo salpicaba el 60 por ciento del país, en el 2010 solo estaban en ocho de cada diez municipios.

El Plan Patriota, que inició en Cundinamarca en el 2003, fue la mayor ofensiva militar emprendida contra las Farc en los últimos 50 años. Su objetivo era básicamente recuperar el territorio que estaba bajo la influencia de esta guerrilla.
Inicialmente se buscaba generar seguridad y control territorial de los cascos urbanos. La estrategia terminó por eliminar prácticamente la presencia guerrillera en Cundinamarca, donde en algún momento hubo aproximadamente 500 guerrilleros en al menos siete frentes. La estrategia de entrar y quedarse en las zonas de retaguardia estratégica fue realizada después en los departamentos del Meta, Caquetá, Putumayo y Guaviare.

Más de 17.000 militares empezaron a barrer 160.600 kilómetros cuadrados de selva y caseríos que estaban bajo el poder de las Farc.

Asimismo, el narcotráfico, una de las principales fuentes de finanzas de las Farc, fue golpeado fuertemente. De la misma manera, de los más de dos mil secuestros al año con los que empezó la década del 2000, el país pasó a menos de 200 casos promedio anual en los últimos dos lustros, con lo que se menguaron fuertemente las finanzas de la guerrilla.

“El Plan Colombia nos permitió controlar el espacio aéreo y así evitar la salida de avionetas y aviones cargados con droga, algo que antes parecía imposible. Se consiguió un primer radar de alta tecnología para detectar las trazas (vuelos ilegales), que sigue en funcionamiento, y luego vinieron 10 más”, dice el general Alberto José Mejía, comandante del Ejército.

La tecnología, además, les permitió a las Fuerzas Armadas, en tiempo real, “ver y oír a los grupos ilegales para operar con acierto 24 horas, todos los días”, señala el general Freddy Padilla de León, excomandante de las Fuerzas Militares.

En general, la seguridad en el país avanzó en desmedro del poder de todos los grupos de violencia, pues a la par de los avances contra las Farc ligados a las mega-operaciones de los planes Patriota, Consolidación y Espada de Honor se dio también el desmonte de los grupos paramilitares, hace una década, gracias a la negociación de paz con el gobierno de Álvaro Uribe.

Aunque de ese proceso surgieron las bandas criminales –los grupos que le hicieron conejo a la paz con las Auc y que hoy son los principales carteles del narcotráfico–, el poder de esas organizaciones criminales no se compara con el que tuvieron los ‘paras’ en regiones enteras del país.

El mejor indicador de esto son los homicidios, tanto en cifra total como en tasa. De casi 28.000 asesinatos por año y una tasa de 65 por cada cien mil habitantes el país pasó a 13.000 asesinatos por año y una tasa de 26.

Paradójicamente, casi dos décadas después, el país vuelve a mirar con alerta el frente en llamas que le dio origen al Plan Colombia: el de los cultivos ilícitos.

En el 2014, las hectáreas sembradas con cultivos ilegales pasaron de 48.189 a 69. 132, para un aumento del 44 por ciento. Pero el año pasado, cuando además se suspendió la estrategia de la fumigación con glifosato, que se usó por 30 años, los narco-sembrados llegaron a rozar las 100.000 hectáreas.

Muchas de esas zonas siguen bajo el control de las Farc, grupo con el que el Gobierno llegó en el 2014 a un acuerdo histórico para acabar con el narcotráfico y desarrollar programas de sustitución de cultivos y recuperación ambiental de áreas afectadas. Como la mayor parte de los cultivos están en zonas de las Farc, este grupo representaba la principal amenaza armada contra la erradicación. El acuerdo supondría, al menos en el papel, que esa talanquera para los escuadrones de erradicadores manuales desaparezca del mapa nacional.

El 2 de julio del 2008, el Ejército logró infiltrar el primer frente de las Farc, comandado por ‘César’, y dio uno de los más duros golpes contra esa guerrilla, que tenía la práctica del secuestro de políticos, policías y militares como un arma política. Se trata de la Operación Jaque, en la que fueron liberados la excandidata presidencial Íngrid Betancourt, tres contratistas estadounidenses y 11 uniformados. En la histórica operación fueron utilizados dos helicópteros militares con logos de la Cruz Roja para simular una misión humanitaria.

En tan solo 26 de días, en marzo del 2008, las Farc perdieron a tres de los siete integrantes del secretariado, entre ellos sus dos máximos jefes, Pedro Antonio Marín, alias Manuel Marulanda o Tirofijo, y a Édgar Devia Silva, alias Raúl Reyes.

La madrugada del primero de marzo de ese 2008, la Fuerza Pública le asestó el que hasta ese momento era el más duro golpe a las Farc, en 44 años de existencia de esa guerrilla. ‘Raúl Reyes’, considerado el numero dos de ese grupo, murió en un bombardeo a un campamento instalado en Ecuador, a 1,8 kilómetros de la frontera con Colombia.

En el mismo operativo, que dio inició al mes más duro en la historia de las Farc, esa guerrilla perdió además su código secreto, que fue develado por la aparición de los famosos computadores del ‘canciller’ del grupo ilegal.

A la muerte de ‘Reyes’ le siguió la de ‘Iván Ríos’, el integrante más joven del secretariado, cuyo verdadero nombre era Manuel de Jesús Muñoz Ortiz. Fue asesinado por su jefe de seguridad, Pedro Pablo Montoya Cortés, alias Rojas.

Ese homicidio ocurrió el 7 de marzo, en zona rural entre Sonsón (Antioquia) y Anserma (Caldas). ‘Rojas’, quien como prueba de que había asesinado a ‘Ríos’ entregó la mano que le había amputado y un computador portátil, pidió la recompensa de 5.000 millones de pesos que el Gobierno ofrecía por el jefe guerrillero. Terminó con algo de esa plata, pero condenado a 18 años de prisión por el asesinato.

Pero la pérdida más sensible para las Farc se registró el 26 de marzo del 2008, cuando en las selvas del Meta murió, acosado por bombardeos y persecuciones por tierra, ‘Tirofijo’, fundador de esa guerrilla y su máximo jefe. Esta fue confirmada solo dos meses después por ‘Timochenko’, tras la revelación que en su momento hizo el entonces ministro de Defensa y hoy presidente Juan Manuel Santos. ‘Tirofijo’, de 78 años, murió de causas naturales y fue sepultado en la selva.

Pero además de perder a tres del secretariado, en 2008 las Farc sufrieron otros duros golpes, como la llamada Operación Jaque, en la que el Ejército logró rescatar a 15 secuestrados, que consideraba como canjeables.

‘Jaque’ se realizó el 2 de julio de ese año y además de liberar a la excandidata presidencial Íngrid Betancourt, a tres contratista estadounidenses y a 11 militares y policías, permitió la captura de sus carceleros, alias César y alias Gafas.

Y el 26 de octubre del 2008, el exsenador Óscar Tulio Lizcano se fugó apoyado por su carcelero, alias Isaza.

Además, en ese año, la temida guerrillera Elda Neyis Mosquera, ‘Karina’, jefe del frente 47 y la única mujer de las Farc que llegó a esa jerarquía, se entregó a las autoridades en Caldas. Y el 30 de octubre de ese mismo año, en el Tolima, fue capturado Jesús Marvel Zamora, ‘Chucho’, el jefe nacional de milicias y hombre de confianza del ‘Mono Jojoy’.

Pero desde un año antes las Farc venían recibiendo golpes, con la muerte de tres cabecillas de frentes en el segundo semestre del 2007. Tomás Medina Caracas, ‘Negro Acacio’, del frente de 16; Gustavo Rueda Díaz, ‘Martín Caballero’, jefe en la costa Caribe, y Milton Sierra, ‘JJ’, responsable del secuestro de los diputados del Valle.

EL TIEMPO