Un grupo de organizaciones civiles de Estados Unidos y Colombia publicó el informe Protejan la Paz en Colombia que insta al Gobierno de los Estados Unidos a que apoye la implementación del Acuerdo de Paz.
El informe fue publicado por el Grupo de Trabajo de América Latina, que promueve políticas estadounidenses que buscan la promoción de los derechos humanos, la paz y la justicia social, ambiental y económica en América Latina.
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La iniciativa, de Estados Unidos y Colombia, busca la cooperación de Estados Unidos en la implementación del Acuerdo de Paz.
Por tanto, piden que se garantice la justicia para las víctimas del conflicto armado, que se proteja a los defensores de los derechos humanos, que se promueva una política de drogas sostenible y las reformas rurales para los campesinos y las comunidades afrocolombianas e indígenas del país, que terminen los abusos de las fuerzas armadas colombianas y que se desmantelen las redes sucesoras de los paramilitares.
Quienes integran el Grupo consideran que los esfuerzos diplomáticos del Gobierno de los Estados Unidos en Colombia ayudaron a allanar el camino hacia la paz, por tanto, resaltan que “Estados Unidos debe alentar audazmente el pleno cumplimiento de los acuerdos de paz antes de que sea demasiado tarde”.
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El informe parte de la importancia de la paz y en Colombia y da una posición sobre qué puede hacer Estados Unidos para apoyarla.
Empieza resaltando los avances que se han dado desde la firma de los Acuerdos: la desmovilización de más de 13 mil guerrilleros, la confianza de las víctimas en los Acuerdos y en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y la sustitución de cultivos. Sin embargo, señala que las acciones del Gobierno no han sido suficientes y no han protegido la vida ni la integridad de quienes defienden la paz; resultado ello son los más de 500 líderes sociales y más de 200 excombatientes asesinados desde la firma del Acuerdo.
“El pecado original es el fracaso del Gobierno colombiano en llevar la presencia del Estado civil a los territorios desalojados por las Farc —un fracaso que empezó durante la presidencia de Santos y se agravó con la falta de inversión para la implementación del presidente Duque—. El espacio que el Gobierno colombiano no reclamó ahora es ocupado por grupos sucesores de los paramilitares, el Eln, las disidencias de las Farc y redes de narcotráfico”, dice el informe.
El pecado original es el fracaso del Gobierno colombiano en llevar la presencia del Estado civil a los territorios desalojados por las Farc
“El Capítulo Étnico de Paz se encuentra paralizado en un 7% de implementación, no obstante en los territorios afrocolombianos e indígenas el conflicto armado crece y la presencia del Estado es débil”, señaló Ariel Palacios, representante del Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano (CONPA).
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Por tanto, se asegura en el informe que si se implementa bien el acuerdo integral de paz, se pondría fin al conflicto más antiguo del hemisferio occidental, una guerra que le ha costado la vida a más de 261 mil personas y que ha obligado a casi ocho millones de colombianos a huir de sus hogares, solucionando grandes problema que generan la violencia y la desigualdad.
“Es mucho lo que está en juego para los Estados Unidos si Colombia no implementa el acuerdo. Con la tragedia venezolana sucediendo al lado, Colombia cumple un papel fundamental al ofrecer refugio a casi 1,8 millones de venezolanos. Esto no es sostenible y la crisis empeorará si la violencia se intensifica en Colombia”, reza el informe.
Es mucho lo que está en juego para los Estados Unidos si Colombia no implementa el acuerdo
Por tanto, el Grupo considera que la única manera en que se lograrán avances sostenibles en la reducción de la producción de coca, el tráfico de drogas y la delincuencia organizada “es si la paz gana terreno en las zonas de conflicto. Y los esfuerzos diplomáticos del Gobierno de los Estados Unidos fueron un factor fundamental para lograr un acuerdo de paz: no debe desperdiciarse esta sabia inversión”.
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En este sentido, las organizaciones enfatizan en que si continúa el conflicto, los más afectados serán los campesinos, las comunidades, afrocolombianas y campesinas, así como los líderes y defensores de derechos humanos.
Según el informe, los retos que enfrenta la paz en Colombia, incluyen: la plena reintegración de los excombatientes, la implementación del capítulo étnico y las disposiciones de género; la protección de defensores de los derechos humanos; la implementación de las reformas rurales; las soluciones de políticas de drogas “que no son sostenibles y debilitan el acuerdo”; y el impacto de la crisis de los refugiados venezolanos en Colombia.
Así, el informe brinda una serie de recomendaciones para las políticas de los Estados Unidos. Entre ellas están que el Gobierno tenga un mensaje diplomático para Colombia frente al Acuerdo de paz.
“La consolidación de la paz debería seguir siendo un tema importante para la diplomacia estadounidense y no debería subsumirse en la política de Venezuela o un estrecho enfoque antidrogas”.
Otra de las recomendaciones es que se exhorte al Gobierno colombiano a proteger e investigar los hostigamientos contra los líderes y defensores de derechos humanos, así como a la implementación del capítulo étnico y de las disposiciones de género.
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También, entre otras, recomiendan que la inclusión de las Farc en la lista de terroristas de Estados Unidos sea reexaminada. Por ello, varios analistas apoyaron las recomendaciones del Grupo.
“A pesar de la gran cantidad de acciones ciudadanas de los colombianos, incluidas muchas de las víctimas del conflicto, para lograr hacer realidad el acuerdo de paz, las acciones del Gobierno han sido insuficientes y no han protegido a las personas que arriesgaron sus vidas por la paz”, señaló Lisa Haugaard, codirectora del Grupo de Trabajo sobre Asuntos Latinoamericanos y pidió que el Gobierno colombiano renueve su compromiso con la paz, y que el próximo Gobierno de los Estados Unidos le dé prioridad a la paz en Colombia.
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Por otro lado, Alberto Yepes, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Humanitario de Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos (CCEEU) aseguró que: “La falta de un mensaje fuerte del Gobierno de los Estados Unidos sobre la necesidad de desmontar el paramilitarismo y romper los vínculos de la Fuerzas Armadas con esas agrupaciones ha hecho creer a diversos sectores en el Gobierno de Colombia y en sectores poderosos de la sociedad que el empleo de paramilitares en el conflicto interno sigue siendo útil y por eso no han permitido que la Comisión de Garantías de Seguridad haya implementado el Plan de desmantelamiento de estos grupos, después de tres años de haber sido creada”.
Finalmente, Gimena Sánchez, directora de los andes, Oficina en Washington sobre Asuntos Latinoamericanos (WOLA) dijo que: “La pandemia global y las protestas de George Floyd han puesto de manifiesto la necesidad de abordar las desigualdades raciales y sociales de larga data en la región. Con el acuerdo de paz, Colombia tiene una herramienta que si se implementa correctamente aplicando el Capítulo Étnico puede hacer una gran contribución hacia la construcción de una sociedad inclusiva y más democrática e igualitaria”.
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