Este viernes, Pastor Alape, uno de los jefes de las Farc, defendió el inventario entregado por esa organización, objeto de polémicas por cuenta de las críticas del fiscal general Néstor Humberto Martínez, quién lo calificó de "inútil".
Para el exjefe guerrillero, la interpretación que señaló el Fiscal no es rigurosa y no se ajusta a la realidad.
"Falla (el Fiscal) en la consideración del carácter excepcional y único del inventario presentado por una organización guerrillera; falla en el entendimiento de lo que es un inventario; falla al realizar una presentación amañada de la información", afirmó Alape.
Martínez afirmó que los bienes inmuebles eran imposibles de identificar, pues no contaban con las matrículas y registros respectivos. Frente a esto, Alape señaló que "todas las acciones de las Farc se hicieron por fuera del sistema", con lo cual no les era posible contar con esos requerimientos legales para identificar a un bien dentro del ordenamiento jurídico.
Aun así, Alape indicó que el fiscal "miente", pues trataron de hacer un listado de bienes exhaustivo de acuerdo con la información de sus estructuras. Pone de ejemplo la finca la Olla Varela, en el municipio de Uribe (Meta), en la cual identificaron el predio a través de una carta de colono.
Las Farc sostienen que están dispuestas a ir a terreno para complementar esa información que permita la plena localización de los predios y bienes muebles. Sobre los utensilios, como escobas, entre otros de los criticados por el Fiscal, Alape dijo que "no procede, si se es riguroso, ridiculizar la presencia de determinado tipo de bienes y más aún magnificarla de manera malintencionada".
Agregó que no se debe confundir el inventario con el patrimonio autónomo que se conformará para reparar a las víctimas. "Será necesario hacer un ejercicio técnico de depuración, que seguramente tendrá como consecuencia el descargue de diferentes bienes que conforman el inventario", dijo Alape y señaló que una vez eso suceda le corresponde al Gobierno incorporar los bienes y luego definir las rutas para su monetización.
En las cuentas de las Farc, el inventario de los bienes entregados se calcula en cerca de un billón de pesos. En total los activos, según esa exguerrilla, están avaluados en 963.241'023.382 de pesos, más 267.520 en gramos de oro.
En el resumen del listado de bienes se encuentran al menos 241.000 hectáreas de tierra, avaluadas en 441.503'000.000 de pesos y 292 medios de trasporte, avaluados en 8.441'503.000 de pesos. También se contabilizan al menos 20.724 cabezas de ganado vacuno y 597 de equino, 2.500'.000 de pesos en efectivo, 29.000'000 de pesos "incautados a la mafia", y 450.000 dólares, entre otros.
"El inventario entregado se hizo con el máximo rigor posible. No hemos sido una persona jurídica; nuestro accionar se ha desarrollado por fuera del orden existente (...); la dinámica de la guerra condujo a la pérdida de información, mucha de ella a manos del adversario", dijo el exjefe guerrillero.
Las Farc pidieron también que aceptan como suyos "los bienes que haya identificado el Estado, principalmente la Fiscalía", y que no se encuentren en su inventario, por carecer de esa información. Alape dijo que esos activos la Fiscalía debe pasarlos al Fondo para reparar a las vícitimas y no deben ir a procesos de extinción de dominio. "Ya se sabe a dónde van a parar esos recursos en el país", dijo Alape, aludiendo a los casos de corrupción que se han registrado con los bienes ilegales incautados.
En el balance presentado por Alape y suscrito por todo el secretariado de las Farc, esa organización, que renunció a las armas, reclamó que con la misma "celeridad del Fiscal para emitir un concepto técnico sobre el inventario", que según el Decreto 1364, el Ministerio del Interior debía mantenerlo en estricta custodia, se pronuncie sobre "las precarias investigaciones de la Fiscalía acerca del asesinato de su integrantes, así como de líderes sociales.
Para las Farc, los pronunciamientos del Fiscal que ponen en duda su voluntad de entregar sus bienes para la reparación de las víctimas, y que son "solo un aporte" para resarcir a todos los afectados durante el conflicto", obedecen a intenciones políticas.
REDACCIÓN PAZ