“Lo exhortamos a que vuelva a ubicar a la paz y a la protección de los derechos humanos como los principales fines de la política estadounidense en Colombia”, es el llamado que hicieron varias instituciones al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en una carta enviada este lunes.
En la misiva, las organizaciones analizan el estado del acuerdo de paz entre el gobierno anterior y las Farc y establecen algunos temas que, desde su perspectiva, requieren implementación urgente.
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De acuerdo con cifras del Análisis Global 2020 de Frontline Defenders, citadas en la carta, 251 excombatientes de las Farc fueron asesinados a enero de este año y Colombia continúa siendo el país más peligroso del mundo para ser defensor de derechos humanos.
Ante estos hechos, las organizaciones afirman que es indispensable proteger la labor de los defensores de derechos humanos en el país.
“Los líderes comunitarios colombianos están en peligro, precisamente porque están construyendo la paz sobre el terreno, mientras que el Gobierno no ha cumplido sus promesas de proteger a las comunidades, desmantelar las redes paramilitares y llevar la presencia del Estado civil a las antiguas zonas de conflicto”, dice la carta firmada por Colombia Human Rights Committee, International Institute on Race, Equality and Human Rights, Washington Office on Latin America, Latin America Working Group, Oxfam America, Pax Christi USA, entre otras.
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Además, invitan a que la administración Biden envíe un mensaje conjunto priorizando temas como la implementación plena del acuerdo de paz y la promoción de un acuerdo humanitario con el Eln.
Hacen énfasis en la necesidad de “excluir a las Farc desmovilizadas (su partido político, hoy llamado Comunes) de la lista de organizaciones terroristas”, lo que significaría una bienvenida al acuerdo de paz y facilitaría el apoyo de EE.UU. a la reintegración de los excombatientes.
La carta también dice que EE.UU. debe continuar apoyando en su labor a la JEP, la Comisión de la Verdad y a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. “Lo exhortamos a que instruya al Consejo de Seguridad Nacional para que expida una orden ejecutiva interinstitucional a fin de desclasificar documentos estadounidenses sobre el conflicto para la Comisión de la Verdad, tal y como se ordenó para las comisiones de este tipo en Guatemala, El Salvador, Argentina y Brasil”.
Dicen que debido a la situación humanitaria, el rebrote de violencia y el desplazamiento masivo en los territorios, urge la implementación del capítulo étnico del acuerdo de paz. “Tales acuerdos humanitarios ayudan a que la población civil no sea atrapada en el fuego cruzado de las operaciones de combate ni sea reclutada forzosamente y a proteger a los líderes sociales y a las mujeres de la violencia de género”, afirman.
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Para las organizaciones firmantes el cumplimiento del principio de “democratización del uso adecuado y acceso a la tierra” podría traer beneficios en términos de cultivos ilícitos, además de ser una de las causales estructurales del conflicto y la violencia en las zonas rurales. “Deben desanimarse las iniciativas del Gobierno colombiano que permiten que las tierras que estaban previstas para los campesinos sin tierra se entreguen en cambio a la agroindustria, por ser contrario al espíritu del acuerdo de paz y porque pueden incrementar el conflicto rural”.
Apoyo militarExhortan al Gobierno Biden a “presionar al Gobierno colombiano para que responsabilice a los funcionarios de alto nivel implicados en más de 6.000 ejecuciones extrajudiciales. Más de cuatro años después de la firma del acuerdo de paz, se debería reducir el paquete de asistencia militar de Estados Unidos e incrementar el apoyo a la construcción de la paz civil.”, reclaman las instituciones.
DrogasOtro tema es la política antidrogas en la que señalan que los Estados Unidos deben acoger lo acordado en La Habana, es decir, trabajar en colaboración con los campesinos y las comunidades para erradicar y sustituir la coca de manera voluntaria y sostenible. “Exhortamos a Estados Unidos a que no reinicie el programa de fumigación aérea, porque será percibido como un debilitamiento de los acuerdos y hará que los campesinos y las comunidades dejen de cooperar”.
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MARÍA ISABEL MORENO MUÑOZ
ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL TIEMPO
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