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Proceso de Paz

Guaviare, otro escenario para la sustitución de cultivos ilícitos

El alto consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo (izq.), y el director de la Agencia para la Sustitución de Cultivos Ilícitos, Eduardo Díaz, tras la firma del convenio con 500 familias, en el Guaviare.

El alto consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo (izq.), y el director de la Agencia para la Sustitución de Cultivos Ilícitos, Eduardo Díaz, tras la firma del convenio con 500 familias, en el Guaviare.

Foto:Cortesía Presidencia

Campesinos y Gobierno firmaron acuerdo para dejar cultivos de coca y pasarse a la legalidad.

Con la autorización de los indígenas de la región, quienes lo invistieron con una corona y un bastón de mando, el alto consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo, firmó este sábado un nuevo convenio para la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos.
La ceremonia y la firma del pacto se dieron en la vereda Las Colinas, en San José del Guaviare, hasta donde se desplazó Pardo para formalizar el convenio con 500 familias que derivan su sustento de la coca.
La vereda Las Colinas se encuentra a unos 500 metros de una de las zonas veredales en las que las Farc están procediendo a la entrega de sus armas.
En el Guaviare, los cultivos de coca se han extendido durante los últimos años con el apoyo de las Farc, no solo acabando con la selva, sino también apoderándose de tierras de la reserva nukak.
En ese departamento, de acuerdo con los últimos estimativos del Simci y Naciones Unidas, hay 5.423 hectáreas sembradas con coca.
Pero también allí fue donde se dio la primera disidencia de las Farc. Justamente, la del frente primero de esa guerrilla, que son más de 100 hombres que están dedicados al narcotráfico.

Tercera fase

Con el pacto en el Guaviare, el Gobierno comienza la tercera fase de la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito.
La nueva etapa fue anunciada por el presidente Juan Manuel Santos este jueves, en Uribe, Meta.
Las dos fases previas se desarrollaron de la mano de Naciones Unidas y permitieron que los cocaleros se registraran y les fuera socializado todo el proyecto.
Esta nueva etapa arranca a nivel nacional con 83.790 familias que tienen cultivos ilegales en 67.193 hectáreas de 13 departamentos de Colombia.
Todo esto forma parte del desarrollo del punto 4 de los acuerdos firmados con las Farc, mediante el cual se pretende sustituir 50.000 hectáreas de cultivos ilícitos durante el primer año de implementación y beneficiar a más de 100.000 familias cocaleras.
Claro que los campesinos que erradiquen tienen beneficios. El Gobierno se compromete a generar un ingreso de mínimo un millón de pesos mensuales durante el primer año del programa; además, los cocaleros cuentan con $ 1’800.000 para desarrollar proyectos de seguridad alimentaria.
Durante los dos primeros años, las familias beneficiadas contarán con asistencia técnica para sus cultivos e inversión de 19 millones de pesos para consolidar proyectos productivos.
Luis Herrera, uno de los campesinos que se acogió a este programa en San José del Guaviare, le dijo a EL TIEMPO que espera “cultivar chocolate y plátano”. Herrera tiene su cargo una hectárea de cultivos ilícitos desde hace veinte años.
Este mismo tiempo lleva José Joaquín Barros, quien encabeza a un grupo de ediles de la vereda El Capricho, también en San José del Guaviare.
Para Barros ha habido “un diálogo fluido” con el Gobierno. “Comenzamos a cultivar coca por voluntad propia, nadie nos lo impuso. Una hectárea nos la pagaban entre 2,5 y 3 millones de pesos”, contó el líder.
Según Eduardo Díaz, director de la Agencia para la Sustitución de Cultivos Ilícitos, “para que el programa sea sostenible, tiene que haber presencia permanente” del Estado. “Llegamos para quedarnos”, anunció Díaz.
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