Normas que faltan para la paz, hasta el próximo Congreso

La implementación normativa del acuerdo de paz ya superó sus líneas gruesas, pero hay varias normas que se necesitan todavía y que solamente recibirán la bendición del Congreso que se posesionará el próximo 20 de julio.

El Congreso que terminará su periodo ese día dejó reformas a la Constitución y leyes vitales para el cumplimiento de lo acordado.

Entre las principales estuvieron la creación y reglamentación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la justicia que procesará a los actores del conflicto, y la que le da un blindaje jurídico a lo acordado en La Habana.

Pero a la luz del texto de lo pactado con las Farc aún faltan normas para sellar el fin de 50 años de conflicto con esa organización.

Entre las principales están la ley de procedimiento para la JEP y la que habilita un catastro de los predios rurales.

Pese a los llamados del ministro del Interior, Guillermo Rivera, con toda seguridad estos proyectos no se terminarán de aprobar entre marzo y junio del próximo año, cuando sea el remate de la legislatura.

Para ese momento, como pasa cada cuatro años, habrá algunos congresistas que no serán reelegidos y cuyo interés en legislar se reducirá sustancialmente.

Adicionalmente, la campaña presidencial entrará en su recta final y los partidos estarán concentrados en la conquista del poder. Así las cosas, será el próximo Congreso, el que se elija el 11 de marzo, el que tramitará esos proyectos.

Este nuevo Legislativo, que tendría una composición política diferente, también deberá decidir si retoma el curso de las iniciativas, las cuales recorrieron un tramo con las reglas especiales conocidas como ‘fast track’.

A esto hay que agregar que para la fecha habrá un gobierno nuevo que influirá en esas decisiones.

Tampoco existe claridad sobre qué pasará en la Corte Constitucional cuando estudie estas iniciativas. Si les dará vía libre o no.

La implementación de la paz, como lo han señalado expertos, no será una tarea breve. Algunos hablan de hasta veinte años para que lo pactado se traduzca en la realidad.

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