La desarticulación entre la erradicación forzada y la sustitución de cultivos ilícitos, según la Iniciativa Unión por la Paz –un grupo de personas que le hace seguimiento a la implementación del acuerdo con las Farc–, puede llevar a que la tragedia de Tumaco, Nariño, se repita en los municipios que concentran el mayor número de hectáreas de cultivos de coca en el país.
El expresidente Ernesto Samper, uno de los líderes de Iniciativa Unión por la Paz, señaló este miércoles que “esas dos políticas entran en una contradicción, que se hace más evidente cuando hay un conflicto social, por ejemplo, entre cocaleros y campesinos o cocaleros e indígenas, como en Tumaco y en Catatumbo”.
Para Samper, el Gobierno debe delimitar los tiempos para adelantar la erradicación, solo en los grandes cultivos o cultivos industriales, que serían al rededor del 40 por ciento de esas siembras en el país. Esto con el fin de no echar a perder la persuasión a las comunidades para que sustituyan de manera voluntaria sus cultivos ilícitos y se eviten enfrentamientos.
Al igual que en el municipio de Tumaco, donde el pasado 5 de octubre resultaron muertos 7 campesinos cocaleros cuando protestaban contra un operativo de erradicación forzada y se enfrentaron con la Fuerza Pública, hay otros nueve municipios cocaleros que sufren las mismas tensiones sociales de esa población nariñense.
En esos municipios, donde se concentra la mitad de los cultivos ilícitos del país, de acuerdo con Inicitativa, tienen la misma problemática de Tumaco porque concentran casi la totalidad de la cadena del narcotráfico; hay nuevas estructuras criminales (11 se disputan el control territorial y del narcotráfico en Tumaco), y el movimiento social y campesino es estigmatizado.
Tumaco, con 23.147 hectáreas de cultivos de coca, que representan el 16 por ciento de las siembras ilegales del país, encabeza la lista de los 10 municipios con más hectáreas de cultivos de coca. Le sigue la región del Catatumbo, particularmente Tibú, Norte de Santander, con el 9 por ciento de los plantíos ilegales, y la zona conocida como el bajo Putumayo, particularmente Puerto Asís, con el 5 por ciento.
En la lista también están El Tambo, en el Cauca; El Tarra y Sardinata, en Norte de Santander; Valle del Guamuez, San Miguel y Orito, en Putumayo, y, finalmente, Barbacoas, en Nariño.
Esos municipios, incluido Tumaco, se diferencian de los 180 que tienen siembras de coca, según la investigación de la Iniciativa Unión por la Paz, porque a pocos de kilómetros de los cultivos ilícitos también existen laboratorios de producción de pasta de coca y de clorhidrato de cocaína, además de rutas de salida.
Para el subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila, que también forma parte de Iniciativa, los esfuerzos para la reducción de los cultivos de coca en el país se tienen que focalizar en esas zonas en toda la cadena de narcotráfico.
“Si el Estado hiciera una acción integral en esos 10 municipios, reduciría a la mitad la coca del país. Es imposible pensar que el Estado no pueda hacer una acción eficaz allí”, dice Ávila.
El Gobierno se fijó la meta de erradicar de manera forzada 50.000 hectáreas de cultivos de coca y sustituir de manera voluntaria (mecanismo establecido en el acuerdo de paz de La Habana) otras 50.000 en un año.
Si el Estado hiciera una acción integral en esos 10 municipios, reduciría a la mitad la coca del país. Es imposible pensar que el Estado no pueda hacer una acción eficaz allí
Rafael Pardo, consejero presidencial para el Posconflicto, defendió en diálogo con EL TIEMPO esas dos políticas y la forma como se vienen ejecutando. “Para el Gobierno, es prioridad la reducción de los cultivos de coca a través de los dos mecanismos, que son complementarios”, aseguró Pardo, quien agregó que la erradicación forzada se está mirando zona por zona.
El director de la Unidad de Protección, Diego Mora, en diálogo con Claudia Palacios, de ‘Citynoticias de las 8’, dijo que ninguno de los líderes sociales asesinados en el 2016 y el 2017 habían solicitado esquema de seguridad a esa unidad. Mora afirmó que solo dos líderes, de los 5.700 que cuentan con protección, han sido asesinados este año y señaló que estos crímenes no son sistemáticos.
REDACCIÓN PAZ