Esta madrugada se pusieron en marcha los últimos 17 operativos con los que se espera que la totalidad de miembros de las Farc, sin contar a los milicianos, culminen su llegada a los 26 sitios donde dejarán las armas.
Por esas rutas se movilizan simultáneamente poco más de 2.000 guerrilleros hacia los campamentos ubicados en 25 municipios de 14 departamentos.
Por las complejidades logísticas de los traslados, la noche del lunes estaba previsto que la llegada a los sitios de desarme se extendería hasta este miércoles.
Los guerrilleros se están desplazando, entre otros lugares, hacia las zonas veredales de Montañita, en Caquetá, y al punto de Fonseca, en La Guajira. En esos dos sitios se esperan al menos 1.000 miembros de las Farc.
Si los traslados de este martes se cumplen sin tropiezos climáticos o de otro tipo, los cerca de 5.500 guerrilleros que se esperan en las zonas de desarme estarán en sus sitios mañana.
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En la jornada del lunes, el traslado de la tropa guerrillera se hizo en cinco operativos en medio de los cuales se movilizaron 598 hombres y mujeres, entre ellas varias lactantes y gestantes. También hizo su traslado la columna móvil ‘Teófilo Forero’, estructura de las Farc recordada por violentos actos de guerra, como el ataque al Club El Nogal, en Bogotá. La columna se movilizó hacia un punto de San Vicente del Caguán.
La marcha guerrillera, que cuenta con la protección de la Fuerza Pública y el acompañamiento del mecanismo de verificación del cese del fuego que coordina Naciones Unidas, se ha dado por vía terrestre y fluvial.
Hasta el lunes, según la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 1.181 guerrilleros ya se encontraban dentro de los sitios de desarme y al menos 589 estaban entrando a ellos.
Los miembros de las Farc que ya arribaron a las zonas de concentración empezaron a construir sus alojamientos, como es el caso de los integrantes del frente Oriental, que llegaron a la vereda La Fila, de Icononzo, en Tolima. Al arribar a esa zona criticaron la falta de adecuación de las áreas comunes, que le corresponde al Gobierno.
Las quejas de las tropas guerrilleras por el retraso en la construcción de las aulas, oficinas y salas colectivas se extendieron también a la vereda Santa Lucía, del municipio de Ituango, en Antioquia. En ese sitio el reclamo fue del frente 18.
Los campesinos de Santa Lucía tienen la expectativa de que con la instalación de las Farc mejoren sus condiciones de vida. La movilización de esta guerrilla hacia los sitios de desarme, que comenzó el fin de semana, es su primer paso para convertirse en movimiento político. En esos mismos lugares comenzarán su reincorporación a la vida civil.
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Algunos de los primeros grupos guerrilleros en trasladarse pertenecen al Bloque Occidental. Uno de ellos se desplazó hacia la vereda Los Monos del municipio de Caldono, en Cauca, zona duramente afectada por el conflicto armado durante años.
Otros de los grupos se movilizó hacia Betania, vereda de Policarpa, en Nariño, otra región golpeada por las confrontaciones armadas.
Los guerrilleros del Meta, Putumayo y Antioquia también han estado a la cabeza de los traslados hacia los lugares donde finalmente las Farc harán su tránsito a la vida civil después de 52 años de guerra con el Estado.
El Gobierno y las Farc lograron un acuerdo con la comunidad de Caño Indio para que esa vereda de Tibú, en Norte de Santander, sea un punto de desarme de la guerrilla. La concertación se logró apenas 48 horas antes del día previsto (hoy) para que las Farc lleguen a esos sitios.
El inconveniente que retardó su definición como zona veredal se debía a la falta de concertación con las familias cultivadoras de hoja de coca para que sustituyeran las siembras por productos lícitos. De hecho, el Gobierno ya había contemplado cambiar ese punto por la vereda La Sesenta, en el sector de La Gabarra del mismo municipio.
El fin de semana pasado tuvieron que viajar a la zona Eduardo Díaz, director de Atención Integral de Lucha contras las Drogas, por el Gobierno, y Pastor Alape, delegado de las Farc, para lograr un acuerdo con los cocaleros. Se trató de la primera reunión de ambas partes con las comunidades para impulsar la sustitución voluntaria de las siembras ilícitas.
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Tras ese viaje, en compañía del mecanismo de verificación del cese del fuego que coordina Naciones Unidas, los campesinos de Caño Indio se comprometieron a permitir la implementación de la zona de desarme en su territorio y a sumarse al programa de sustitución de cultivos ilícitos, que tiene como meta la erradicación voluntaria de 50.000 hectáreas de hoja de coca en el país.
Las familias de las veredas vecinas, como El Progreso 2, Chiquinquirá y Palmeras Mirador, adquirieron el mismo compromiso, y con ello, la región del Catatumbo, una de las más afectadas por este flagelo, entró en la implementación del pacto de paz de La Habana.
Los acuerdos con las comunidades de las cuatro veredas abarcan a unas 300 familias que se encuentran en más de 250 hectáreas. La idea del Gobierno es desarrollar proyectos sostenibles que además permitan la recuperación ambiental de las áreas afectadas con la ayuda misma de los cocaleros.
De acuerdo con el programa de sustitución, se estima que, por familia, el Gobierno invertirá 33 millones de pesos en el corto, mediano y largo plazo.
“Es una estrategia integral que permite que la sustitución sea sostenible, es costo-eficiente y produce resultados que se pueden mantener en el tiempo”, dijo Eduardo Díaz a la comunidad que hasta entonces había rechazado lo ofrecido por el Gobierno porque no satisfacía sus expectativas.
Los cultivadores tendrán también asistencia técnica del Sena.
PROCESO DE PAZ
