Los 5 mitos de los que parten los acuerdos de La Habana

A pesar de que el conflicto armado entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (Farc – ep) es un tema que por varias décadas ha estado en el centro del debate nacional, aún perduran en Colombia algunos mitos que se repiten constantemente y -más preocupante aún- que formaron parte del punto de partida para la construcción de los acuerdos de La Habana. Estos son los 5 mitos del conflicto armado que todo colombiano debería conocer:

(Además: Hoy se firma el final de 52 años de guerra).

Para empezar, los parámetros otorgados por el Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra y el desarrollo doctrinario del mismo –fuentes principales para delimitar el concepto de ‘conflicto armado’- ofrecen características ambiguas sobre los elementos con los que cuenta un ‘conflicto armado’ para ser definido como tal. Por ejemplo:

- La oposición de las fuerzas armadas del Estado a fuerzas armadas o grupos armados que no reconocen su autoridad.
- Las fuerzas rebeldes están bajo un mando responsable.
- Deben ejercer dominio sobre el territorio de dicho Estado para ejercer operaciones militares sostenidas y concertadas.
- Aplicar las disposiciones de derecho humanitario del Protocolo II.

Ante estos elementos algunas preguntas lógicas aparecen: ¿Exactamente en qué consiste no reconocer la autoridad del Estado? ¿Mantiene el Estado de Colombia un conflicto armado contra todos y cada uno de los grupos armados -Bacrim, mafias de contrabando, pandillas urbanas, etc.- que cuentan con algún control territorial? ¿Acaso estos grupos no reconocen deliberadamente los mandatos estatales por el simple hecho de accionar contra la ley? ¿Son las violaciones flagrantes al Derecho Internacional Humanitario (DIH) por parte de las FARC un factor que invalida el uso del concepto de 'conflicto armado' para los problemas de orden público en Colombia?

Algunos dirán que esta discusión en la práctica está zanjada y es probable que tengan razón. Aunque en la teoría es difícil establecer si estamos ante un conflicto armado, en la práctica el concepto es utilizado sin reparos. No obstante, las directrices del DIH sirven para desmitificar la duración del conflicto.

Aunque las Farc nacieron en 1964, durante dos décadas fueron un actor marginal en la violencia del país. Solo a partir de la Séptima Conferencia de las FARC (1982) y la eventual mezcla con el muy lucrativo negocio del narcotráfico, la guerrilla fue capaz de multiplicar el número de hombres en armas de unos 1.600 en 1982 a unos 20.000 en el año 2000.

(Lea también: ¿Cuánto ha costado la guerra en Colombia?).

En sentido estricto, no se puede hablar de un conflicto armado de 50 años si entre 1964 y 1982 las FARC no fueron actor relevante dentro de toda la violencia del país. Dicho de otra forma, no hubo un conflicto armado contra los poco más de mil hombres iniciales de las Farc, al igual que no se puede decir que existe una guerra civil entre los Estados Unidos y las pandillas estadounidenses como la Hermandad Aria que suman más de 33 mil miembros.

Frente a la discusión de los orígenes de la guerra contra las Farc, algunos analistas como Daniel Pécaut proponen una aproximación diferente a la tradicional para comprender el germen de la violencia guerrillera en Colombia: en lugar de empezar por las causas, el análisis debe iniciar por las consecuencias del conflicto.

Así, de acuerdo con este enfoque, algunas preguntas pertinentes que podría hacerse cualquier analista político son: ¿Explica la exclusión política de 1957 el uso de un niño de 12 años como emisario de un paquete bomba en el Charco, Nariño en el año 2012? ¿Acaso la muerte de 36 personas en el atentado al Club El Nogal en el año 2003 fue causada por la represión violenta a las huelgas de la década del 30 del Siglo XX? ¿Fue el carro-bomba en Toribío, Cauca en 2011 ocasionado por la cooperación estadounidense de 1953 sujeta a la alineación anticomunista del país?

Sin lugar a dudas este enfoque cambia la percepción de las causas y las consecuencias del conflicto armado.

Por otra parte, contrario a lo que se suele afirmar, la exclusión política de algunos periodos de la historia nacional, como la ocurrida durante el Frente Nacional que privilegiaba a los dos partidos políticos tradicionales, no puede ser considerada una causa del conflicto.

(Además: Las masacres de las Farc en los últimos 20 años).

De hecho, el sistema político colombiano de la mayor parte del Siglo XX siempre le resultó a las Farc demasiado pluralista, abierto e incluyente para lo que estaban buscando. Es importante recordar que la propuesta política de este grupo insurgente fue y continúa siendo la creación de un sistema de partido único al estilo cubano o soviético en el que se excluyan otras formas de pensamiento y no, como algunos creen, la convivencia pacífica de diferentes formas de ver el mundo.

Autores como Jairo Estrada – miembro de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas- han liderado la creencia según la cual el capitalismo es un factor clave para comprender la explosión de violencia durante el Siglo XX.

Frente a esta creencia, vale la pena traer a colación el informe de 1959 de la Secretaría de Agricultura del Tolima que recopila los estragos de la violencia bipartidista del segundo cuarto del Siglo XX. De acuerdo con este informe, durante la violencia 34.304 casas fueron quemadas y cerca de 40.176 propiedades - 42,82% del total de propiedades del Tolima- fueron abandonadas temporal o parcialmente.

Igualmente, analistas como Paul Oquist estiman que durante la intensificación de la violencia se perdieron a manos las fuerzas estatales o de grupos armados alrededor de 393.648 parcelas en Valle del Cauca, Tolima, Cundinamarca, Norte de Santander y Antiguo Caldas.

(Además: 'Sí vamos a reparar a las víctimas': Pablo Catatumbo).

En efecto, la violencia trajo consigo la expropiación, el robo y la destrucción de tierras y propiedades en general por parte del Estado y de otros grupos armados. No obstante, si existe una institución que por excelencia define al sistema económico capitalista es precisamente el respeto y la garantía a la propiedad privada. Dicho de otra forma, las violaciones masivas a los derechos de propiedad comprueban que en realidad la ausencia de capitalismo – y no su existencia- fue uno de los factores determinantes en el origen del conflicto.

Como se mencionó anteriormente, el incremento de la capacidad ofensiva de las Farc comenzó en la década del 80 a partir de su división en un mayor número de frentes y su vinculación con el rentable negocio de la coca.

Ataques como los ocurridos en Debeiba (Antioquia) en 1993; Puerres (Nariño) y la Base Militar de Las Delicias (Putumayo) en 1996 y El Billar (Caquetá), Miraflores, Guaviare y Uribe (Meta) en 1998, dieron cuenta de las nuevas capacidades militares de la guerrilla.

Entre 1997 y el año 2001 la guerrilla destinó abiertamente sus esfuerzos a la destrucción de los puestos de policía de pequeños municipios y al debilitamiento de la presencia estatal en los lugares donde buscaban ampliar su influencia, los cuales coincidían con los puntos estratégicos para control del cultivo de coca y las rutas del narcotráfico.

(Además: Víctimas viajan a Cartagena para la firma del Acuerdo de Paz).

Lo anterior no significa que las Farc no tuvieran una finalidad política, solo quiere decir que en lugar de una ausencia del Estado, se puede hablar de una 'expulsión del Estado' por parte de las Farc para asegurar su principal fuente de financiación.

A pesar de la prohibición de las drogas, en las últimas décadas en Estados Unidos el consumo de cocaína se ha mantenido estable y en algunos países europeos se ha incrementado de forma exponencial.

La guerra contra las drogas ha sido un fracaso rotundo, todos los esfuerzos del hemisferio occidental por reducir la producción y el tráfico de drogas a través de la represión estatal han traído consigo un incremento en la rentabilidad del negocio de la droga y una rotación periódica del problema entre los países del hemisferio.

En este sentido, los acuerdos pasan por alto la dimensión global del problema de las drogas y descuidadamente lo reducen a un tema que se solucionará con apenas la voluntad y el esfuerzo del gobierno y las Farc, algo que es sencillamente falso.

Después de más de 30 años de fumigaciones, erradicación manual, programas de sustitución de cultivos -entre otros muchos más programas de costos multimillonarios- los cultivos de hoja de coca en Colombia continúan creciendo.

En consecuencia, el hecho de que los acuerdos de La Habana partan desde los mitos mencionados, es una de las principales razones por las cuales el Movimiento Libertario encuentra en la abstención una respuesta plausible ante al plebiscito del 02 de octubre.

(Además: Uribe y más de 2.000 personas protestan contra la firma de la paz).

Igualmente, tanto desde los acuerdos como desde algunas campañas promotoras del ‘No’, se desconoce la legalización de las drogas y el cambio de enfoque por uno de salud pública, como una respuesta inteligente para dejar sin recursos a los grupos armados ilegales que crecen con el prohibicionismo. Puede ser impopular señalarlo entre la euforia que causaron los acuerdos pero es necesario decirlo: sin la definición y protección de derechos de propiedad y la legalización de las drogas no habrá paz.

JULIO CÉSAR MEJÍA QUEVEDO
Director del Movimiento Libertario