¿Dónde están ‘Iván Márquez’ y el ‘Paisa’?

Doctor Ceballos, ¿exactamente cuál es su cargo?

El cargo es alto comisionado para la Paz, pero el Presidente de la República, en la estructura de su programa, ha incluido dos términos muy importantes: ‘legalidad’ y ‘convivencia’, que complementan todo esfuerzo por la paz en Colombia. Sin el respeto y cumplimiento de la ley, aunque haya acuerdos de paz, no va a haber una verdadera reconciliación entre los colombianos.

El canciller estuvo la semana pasada en las Naciones Unidas y aparentemente le informó a su secretario general que el presidente Duque respetará los acuerdos con las Farc, pero con algunas modificaciones. ¿Cuáles serían estas?

Públicamente, el presidente Duque ha planteado cuatro temas. Primero, que no exista conexidad hacia el futuro entre la rebelión, el secuestro y el narcotráfico. Segundo, que frente a delitos continuados como tráfico de armas, lavado de activos y narcotráfico, las personas que los sigan cometiendo perderán los beneficios. Tercero, que aquellos que hayan cometido delitos de lesa humanidad no puedan asumir cargos políticos, y esto no solamente se refiere al Congreso, porque ya vienen elecciones locales, y cuarto, que la erradicación de cultivos será obligatoria de ahora en adelante, respetando los pactos de erradicación voluntaria firmados hasta el día que asumió el nuevo gobierno.

¿Cuál es el estatus de ‘Iván Márquez’ y el ‘Paisa’? ¿Ellos están a la mano de la justicia, están colaborando con la reincorporación, están desaparecidos, están inconseguibles?

La responsabilidad de ‘Iván Márquez’, el ‘Paisa’ y todo otro miembro directivo de las Farc es primero con su propia gente, es decir, los excombatientes. La ubicación de ellos ya no es responsabilidad en este caso del Gobierno, sino que ellos tienen una responsabilidad con la justicia especial para la paz (JEP), que es la encargada de adelantar los procesos frente a los delitos que a ellos se les endilgan.

Entonces, quien debe, de una manera muy clara, identificar dónde están ubicadas esas personas es la JEP, que es la encargada de llevar adelante su proceso de justicia transicional.

O sea, ¿quien tiene que decir dónde está ‘Iván Márquez’ es la JEP?

Pues, obviamente, es su juez natural quien debe ubicarlos para que ellos puedan responder. Si el juez natural no encuentra a la persona, tiene las herramientas jurídicas para pedir que la autoridad competente los ubique.

¿Usted tiene claro si a ‘Márquez’ le quitaron la investidura o se la respetan?

Digamos que esa sería una pregunta para el Comité Político de la Farc. Este debe decirle al país si ‘Iván Márquez’ y las otras personas de las cuales no sabemos su paradero siguen siendo o no parte de la estructura del partido político. A él lo reemplazaron con otra persona que en este momento está ejerciendo esa investidura, y lo que restaría por preguntarle a la Farc es si él permanece o no dentro de la línea del partido político al cual se comprometió a pertenecer.

¿La mesa de negociación con el Eln en La Habana, heredada del gobierno pasado, será su principal desafío?

Lo que el presidente Duque dijo en su discurso de posesión es que se va a hacer una evaluación del proceso con el Eln durante los primeros treinta días de su gobierno. Es una evaluación seria, prudente y completa. Estamos consultando tanto a la Iglesia como a las Naciones Unidas y a los países garantes que han venido apoyando ese proceso, con el propósito de tomar una decisión que responda a los anhelos de paz de los colombianos, pero también al esfuerzo del presidente Duque de garantizar el cumplimiento pleno de la ley.

Esos 30 días se los está tomando el Eln para secuestrar militares... ¿Ustedes van a tolerar que durante la evaluación los pongan de esta manera contra la pared?

Pues, desafortunadamente, el Eln se despidió del gobierno pasado con seis secuestros y le dio la bienvenida al nuevo con otros tres, en el marco precisamente de un espacio de reflexión que el Presidente quiso darles al país y al propio proceso con el Eln. La respuesta que esperábamos era distinta.

Hay un parte contradictorio: ellos reclaman que ustedes no han facilitado los protocolos de recuperación de los secuestrados, y ustedes dicen que sí. ¿Cuál es la verdad?

La verdad es que esta no es la primera operación humanitaria de liberación de secuestrados que se hace en Colombia, ni la primera que hace el Eln con la coordinación y facilitación de la Cruz Roja Internacional. Ellos conocen que los protocolos los hace la Fuerza Pública, y deben estar dirigidos a proteger la vida y la integridad de todas las personas intervinientes.

En ese sentido, el Eln ha insistido en que sean delegados de la comisión de negociación de La Habana quienes hagan esos protocolos...

Algo que no entendemos, porque precisamente hacerlo con delegados de la mesa implicaría introducir el tema de las víctimas y de los secuestrados a la agenda, y el propio Eln ha insistido en que esos temas harán parte de dicha agenda, pero solo al final de la negociación.

Si el Eln lo que quiere es que empecemos a discutir como primer punto de una eventual nueva agenda el asunto humanitario y el asunto de las víctimas, que incluye no volver a secuestrar, debe expresarlo de manera clara, pues sería una excelente noticia para los colombianos y facilitaría la continuidad de la mesa.

Ustedes dicen: ‘Nosotros discutimos los protocolos, pero en Colombia, con los delegados, y no en La Habana’. ¿Qué diferencia hace?

Los protocolos no se discuten. Surgen de un diseño internacional que está establecido especialmente en la metodología de operaciones humanitarias, y consisten básicamente en las reglas que se aplican horas antes y horas después del operativo, en las cuales las dos partes se comprometen a no atacarse, se define el espacio en el cual se debe dar la liberación y, por supuesto, se da la garantía de que esa liberación va a respetar la vida de los secuestrados. Eso lo único que se pacta en los protocolos.

¿Ustedes están dispuestos a aceptar esa especie de gran convención nacional que exige el Eln para que participen todos los ciudadanos en el desarrollo de la agenda?

El proceso de evaluación también incluye la agenda que ellos pactaron con el gobierno del presidente Santos. En esta se da prioridad a lo que usted menciona, la participación ciudadana. Sin embargo, ella no es el objetivo central de una negociación. Lo es el fin de la guerra. Y mientras el Eln ha venido insistiendo en que la participación forma parte de la construcción de la paz para el final de la guerra, la lógica de todo proceso es inversa: primero hay que acabar con la guerra para poder construir la paz.

¿Usted ya ha tenido oportunidad de dialogar directamente con el Eln?

El canal de comunicación directa que establecí con Pablo Beltrán era confidencial. Desafortunadamente, dicha confidencialidad no se mantuvo, pues varios voceros del Eln hicieron públicos mis contactos telefónicos con Beltrán. Lo cierto es que interlocución sí hay, y directa, porque parte de la evaluación es, obviamente, escucharlos también a ellos.

Hay versiones muy inquietantes de que existen entendimientos muy comprometedores entre residuos de las Farc y el Eln. ¿Usted ha podido confirmar eso?

No, pero hemos hecho un gran esfuerzo por conocer la realidad en que recibimos tanto el proceso con las Farc como con el Eln.

Le di prioridad a visitar en los primeros días después de mi posesión tres importantes espacios territoriales de capacitación y reincorporación, los llamados ETCR. Visité uno en Guaviare, otro en Antioquia y otro en La Guajira.

Y en los tres se expresó un mensaje muy claro del presidente Duque: la clara disposición que tiene su gobierno de cumplir con los compromisos que se asumieron con los excombatientes, porque lo más importante es que esas personas que le apostaron a la paz tengan las condiciones necesarias para continuar en la legalidad. Y esa legalidad también implica condiciones de seguridad, justicia y de desarrollo económico y humano.

Pasemos al reclutamiento de menores. Hay información delicada que indica que estos niños reclutados por el Eln van al colegio los martes, miércoles y jueves, pero los viernes, sábados, domingos y lunes actúan como raspachines en Caquetá, Catatumbo, Tumaco, e, incluso, hay más de 350 niños a los cuales instruyen con una educación de armas e inteligencia. ¿Usted tiene eso confirmado?

Esa información procede de la Fiscalía y, por tanto, tiene toda la credibilidad. Lo que le puedo decir, y tiene dos partes mi respuesta a esa pregunta, es: uno, que el reclutamiento de menores es parte de lo que establece el Estatuto de Roma como un crimen de guerra, que no es indultable.

Segundo, es muy importante que el Eln en este momento le aclare al país si sus estructuras están o no comprometidas con el narcotráfico, porque de estarlo se convierte en lo que hoy se llama en el derecho internacional un grupo delictivo transnacional, es decir que realiza actividades ilícitas no solamente en el territorio de un país, sino en el de varios.

Y que aclare si sus miembros o combatientes están solamente en el territorio de Colombia, porque de estar en otro país, en este caso Venezuela, sería imposible adelantar un proceso serio de negociación y de cese del fuego que implicaría una verificación de la ubicación de las tropas y de todas las estructuras.

¿Pero usted cree, aquí, honestamente, que el Eln le va a contar cualquiera de esas tres cosas?

Pues, sinceramente, tendrían que hacerlo, porque ellos se están comprometiendo con una agenda, y si no se dice la verdad, se pierde lo más importante en un proceso de paz, que es la confianza.

O sea: ustedes le pedirán tres verdades al Eln. Una, si recluta o no menores de edad. Dos, si tiene o no relación con el narcotráfico. Y tres, si hay combatientes o jefes acampando en Venezuela. ¿Si ustedes no reciben la verdad en estos tres puntos, no siguen las conversaciones?

En este momento estamos evaluando todos los temas relevantes, y estas tres preguntas forman parte importante de ellos. Una vez termine, el Presidente tomará las decisiones a que haya lugar.

Se ha puesto sobre el tapete la posibilidad de que haya fumigación otra vez, pero con drones. ¿Esto no podría conducirnos a un gran paro cocalero?

Se van a respetar los acuerdos de sustitución voluntaria que hasta el inicio del gobierno estaban pactados. Pero habrá política de erradicación respetuosa de los protocolos establecidos por la Corte Constitucional.

En Colombia habrá erradicación mientras haya coca, y hay coca porque hay grupos criminales que protegen, defienden y se lucran de esos espacios de cultivos ilícitos, explotando la necesidad de personas que buscan un sustento para vivir.

¿Hay futuro para la verdadera paz en Colombia?

Siempre y cuando haya buena voluntad de las partes. Colombia, el año entrante, cumple 200 años de su Independencia, al conmemorar la batalla de Boyacá del 7 de agosto de 1819. El presidente Duque da un valor especial a esa fecha, y por ello un gran regalo en los doscientos años de historia republicana sería la paz.

Una gran oportunidad para que los colombianos, y entre ellos todos aquellos que están en la ilegalidad, tomen conciencia de que Colombia no merece, a sus 200 años de historia, como país libre e independiente, seguir en guerra.

MARÍA ISABEL RUEDA
Especial para EL TIEMPO