‘Mi vida siempre ha estado marcada por el conflicto y las víctimas’

‘Mi vida siempre ha estado marcada por el conflicto y las víctimas’

Directora de Acuerdos de la Verdad habla del avance en la tarea de esclarecer el paramilitarismo.

Jenny

Jenny Lopera lleva tres meses como directora de Acuerdos de la Verdad.

Foto:

Alexander Castellanos / Centro Nacional de Memoria Histórica

Por: Guillermo Reinoso Rodríguez
22 de octubre 2019 , 12:21 a.m.

Corría el año 1992 y estaban en plena ebullición el conflicto de las bananeras, los desplazamientos masivos, las masacres, los asesinatos selectivos y las desapariciones, cuando Jenny Lopera, de apenas 9 años, se encontró con una escabrosa escena que la marcó para siempre.

La niña iba trotando junto a su madre por la cancha de fútbol de Carepa, en el Urabá antioqueño, cuando tropezó con el cuerpo sin vida de un trabajador de una de las plantaciones de la región que acababa de ser asesinado. Esa imagen, que sigue muy clara en sus recuerdos, le causó tanta impresión que ella no hizo sino preguntar quién podía matar a una persona.

Desde ese momento, el conflicto armado ha hecho parte y marcado la vida de esta joven. Como muchos colombianos, ella también tiene familiares que sufrieron en carne propia las acciones de la guerrilla, de paramilitares y hasta de la delincuencia común. Pero, además, desde muy joven estuvo vinculada a un grupo de religiosas misioneras que atendían a los hijos de desplazados en el Urabá.

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Y, en Manrique, la conflictiva comuna del nororiente de Medellín, donde vivió parte de su niñez y adolescencia, fue testigo del poder de los combos al servicio del narcotráfico y de la sangrienta guerra que sostuvieron los bloques Nutibara y Metro de las Auc.

Allí, como si su destino se resistiera a cambiar de rumbo, esta paisa se vinculó a un programa dirigido a jóvenes en alto riesgo, como ella, y tiempo después estaba apoyando y prestando asesoría psicosocial a las víctimas de desplazamiento, asesinatos y desapariciones. Un tema que hoy no le es nada indiferente. De hecho, su conocimiento sobre el conflicto le permitió llegar, desde principios de 2019, como profesional a la Dirección de Acuerdos de la Verdad, organismo adscrito al Centro Nacional de Memoria Histórica.

Ahora, esta abogada de la Universidad de Medellín preside este organismo, que tiene la enorme responsabilidad de esclarecer el fenómeno del paramilitarismo y producir los informes que recogen los testimonios de víctimas, miembros de esas estructuras criminales, comerciantes y hasta de funcionarios públicos.

Para usted, el tema del conflicto no le es indiferente, ¿por qué?

Mi familia materna es de Nariño, Antioquia. Nariño tuvo dos tomas guerrilleras: en el 94 y el 96. A mí me tocó ver cómo quedó destruido el pueblo. Inclusive, por las tomas, muchos miembros de mi familia fueron víctimas de desplazamiento. En mi infancia viví en Urabá, en Carepa. En esa época fue la masacre de La Chinita, yo tenía 9 años. También mi infancia y adolescencia las viví en Manrique, una comuna que ha vivido muy duro el conflicto armado. El conflicto siempre ha estado alrededor.

¿Por su trabajo con víctimas y el conflicto llegó a la Dirección de Acuerdos de la Verdad?

Yo conozco la política de víctimas desde que empezó porque me tocó el proceso de implementación en Antioquia. Comenzamos la implementación del Comité de Justicia Transicional, y a recoger lo que nos dejó la Ley 387, del Sistema Nacional de Atención Integral a Población Desplazada, y cómo todo eso fue mutando. Estar aquí implica conocer del conflicto armado, de justicia transicional y de enfoques de derechos humanos. Aquí no solo trabajamos con desmovilizados de las Auc, sino también con población víctima, porque nuestro trabajo tiene un enfoque reparador.

¿Ese enfoque es un cambio de estrategia?

No. Yo me encuentro un modelo diseñado. La Ley 1424 le plantea al país el reto de diseñar el mecanismo administrativo no judicial de contribución al esclarecimiento de la verdad y la construcción de la memoria histórica. Diseñar ese mecanismo le tomó varios años a la Dirección de Acuerdos de la Verdad, porque es inédito y hoy no existe algo similar. Con el mecanismo, y con el acopio y sistematización de los relatos, lo que sigue es producir los informes –3 publicados, otros 3 están por publicar y 6 en finalización–. Tenemos más de 13.000 relatos. Nuestro mandato es la versión del victimario, pero también es importante tener la voz de las víctimas, ellas son el centro.

Lo que estoy diciendo
es que el nuevo sistema no se puede convertir en el foco de todo, porque hay otras cosas que no
hemos resuelto desde hace años

¿Cómo se entiende el enfoque reparador?

No es que hacemos un informe y le decimos a la víctima siéntase reparada. El enfoque reparador tiene que ser desde el inicio, desde la manera como convocamos a las víctimas, como las sensibilizamos, como trabajamos con los desmovilizados y como los sensibilizamos también, como vamos haciendo el proceso aportando a la reconstrucción del tejido social y que las víctimas se sientan partícipes. Y cuando tengamos el informe, que todos sientan que les pertenece y puedan sentirse reparados.

Uno de los temores era que se pasara de informes analíticos a informes cuantitativos nada más…

Uno de los informes que el anterior director dejó listo, en edición para publicación, es el informe cuantitativo sobre el paramilitarismo, pero decir que vamos a volver todos los informes cuantitativos es más un temor que una realidad. La ley nos dio el mandato de esclarecer la verdad del paramilitarismo, y no se podrá esclarecer solo con cifras. Se han identificado 39 estructuras y tenemos que dar cuenta del origen, el accionar y el daño causado.

¿Hasta cuándo va Acuerdos de la Verdad? ¿Hasta el 2021?

Exacto. Eso nos lo asigna Planeación Nacional. Tenemos un universo de 35.306 desmovilizados de las Auc. De esos, 10.000 no cumplieron requisitos. Entonces, el universo se reduce a 24.842. Y de estos se desprenden otros dos: los que fueron a Justicia y Paz, que son la mayoría de los líderes de los bloques. Pero quedó en un limbo jurídico una población con procesos penales pendientes por delitos que no son graves violaciones a los derechos humanos; eso se debe revisar en la justicia ordinaria.

El universo que tiene la Dirección de Acuerdos de la Verdad lo definió el Conpes 3726 del 2002. Nos dijo: ‘Ustedes tienen 18.306 desmovilizados que deben certificar, estos también tienen derecho a beneficios penales, y la manera como lo van hacer es contribuyendo al esclarecimiento de la verdad histórica’. Nosotros le decimos al desmovilizado si contribuyó o no al esclarecimiento de la verdad. La tarea nuestra es titánica.

¿Cómo se distribuyen?

La meta son 18.306 y llevamos 15.664 procesos. Pero no todos los 15.000 nos han dado relatos. ¿Por qué? Porque se murió o porque tiene una enfermedad mental. Entonces, de los 15.664, tenemos relatos de 13.640. Podemos decir que tenemos un 86 por ciento de avance, o sea, nos está faltando muy poquito, 14 por ciento.

¿Se debe ampliar o no la ley de víctimas?

Hay más de 8 millones de víctimas y, ad portas de la terminación de la ley, no se ha logrado indemnizar a un millón de ellas, y en el poco tiempo que queda, debido al número de víctimas, sería difícil que en el 2021 esté cumplida toda la expectativa que se tiene de la ley. En el debate es importante que el Congreso tenga en cuenta el balance del Gobierno y de las víctimas sobre el estado de la implementación de la ley. A partir de esa evaluación, puede tomar la decisión más beneficiosa para las víctimas.

En el debate es importante que el Congreso tenga en cuenta el balance del Gobierno y de las víctimas sobre el estado de la implementación de la ley

¿Por qué hay varios sistemas?

Hoy tenemos el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV), y el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Está claro lo que hace cada uno, pero no cómo se integra cada uno y cómo el Sistema Integral de Verdad debe recoger lo que ha hecho el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas; no es empezar de cero, eso tendrá que ser el resultado de un debate. Pero, además, están los jueces de restitución de tierras.

¿En qué se diferencian?

Nosotros venimos de la Ley 387 del 97, que crea el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada (SNAIPD). El SNAIPD diseñó medidas de atención y asistencia para la población víctima de desplazamiento forzado, es decir, ayudas humanitarias y asistencia en salud, educación, vivienda, generación de ingresos que permita el restablecimiento socioeconómico.

Cuando surge la Ley 1448 del 2011 (de víctimas), ella toma el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada, y no solo toma el desplazamiento forzado, sino el resto de hechos victimizantes: homicidio, secuestro, desaparición forzada, violencia sexual, y como un símil se crea el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Ya no estamos hablando solo de atención y asistencia, sino también de reparación, y esa reparación la dimensiona de cinco maneras: restitución, rehabilitación, indemnización, satisfacción y garantías de no repetición.

El Sistema de Víctimas se compone de la Unidad para las Víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras, los jueces de restitución y el Centro Nacional de Memoria Histórica. La función del centro es la recolección de la memoria del país, de la memoria de las víctimas, de las iniciativas de las víctimas, esto se atraviesa por medidas de reparación simbólica, esto no está desvinculado del proceso de reparación que plantea la ley de víctimas.

¿Y la JEP?

Hoy llega el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Este nuevo sistema se compone de la Comisión de Esclarecimiento, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El mandato de la JEP está en el marco del acogimiento de los excombatientes de la anterior guerrilla de las Farc. Pero no hay que olvidar que hay otros jueces que persisten: Justicia y Paz y los jueces de restitución de tierras también están ahí. Lo que yo estoy diciendo es que el nuevo sistema no se puede convertir en el foco de todo, porque hay otras cosas que no hemos resuelto desde hace años.

¿Cómo recogemos todo eso? Para que la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad pueda dar a conocer cuál es la verdad del conflicto armado, debe irse hacia atrás y recoger lo que hemos venido haciendo en el Centro de Memoria, los jueces de Justicia y Paz, etc.

¿La Comisión y Acuerdos de la Verdad no terminan haciendo lo mismo?

Exactamente. No es que ahora al Centro de Memoria se le dio por esclarecer el paramilitarismo. Estamos cumpliendo un mandato de 2010. Lo que hoy tiene la Comisión de Esclarecimiento es el esclarecimiento de todo el conflicto, incluido el fenómeno paramilitar. Por eso, nos hemos sentado a conversar y a intercambiar información. Para qué la Comisión se va a poner a investigar el paramilitarismo en toda su dimensión si la Dirección de Acuerdos de la Verdad ya tiene un montón de camino recorrido, hay que recoger el saldo pedagógico que hoy existe.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ
EL TIEMPO

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