Medio siglo de conflicto armado, en el Museo de Memoria Histórica

Colombia es el país con más víctimas de desplazamiento forzado interno en el mundo. En 2016, la Agencia de la ONU para los Refugiados aseguró que en Colombia existían 7,4 millones de desplazados, casi tres veces el número de habitantes de Medellín. Las migraciones masivas a causa de la violencia armada han transformado el significado que tiene la casa en Colombia de un edificio para habitar a un símbolo de despojo.

Por esta razón, los encargados de Voces para Transformar a Colombia, el pabellón especial de la Feria del Libro de Bogotá que presenta un adelanto del Museo de Memoria Histórica que se inaugurará en 2020, decidieron incorporara el concepto de la casa a la exposición luego de que víctimas de todo el país aseguraran que les gustaría que el museo fuera como una casa.

“Las personas hablaban del museo con las características del hogar, un lugar en que te sientas cómodo, un sitio que te acoja”, señaló Cristina Lleras, coordinadora de la exposición.

Pero la casa es mucho más que un lugar confortable; Pilar Riaño, doctora en antropología y curadora de la exposición, señala que la importancia de la casa radica en que para las personas es el espacio que “se construye, se habita y te protege. La casa es lo contrario a un museo como institución, donde no hay intimidad, donde se está de visita. Pero al mismo tiempo, la casa también puede ser el lugar de la violencia”.

Por la cantidad de situaciones que representa, la casa fue escogida como uno de los elementos que articulan los tres ejes de la exposición de memoria: cuerpo, tierra y agua.

Estas son dos historias de víctimas que a través de la construcción y la pérdida del hogar cuentan las dinámicas del despojo en Colombia.

Miryam Rúa llegó a la Comuna 13 de Medellín en 1988, en compañía de su hija de 6 meses y su esposo. “Yo vivía en arriendo en la vereda de Santa Helena. Con el dinero de una empresa de maní y turrones que vendimos compramos una casita en la Comuna 13”, recuerda Miryam.

La casa que compró Miryam era una de las más antiguas de la zona, tenía paredes de bahareque, un cuarto, cocina y un solar. A inicios de los 90, las calles de acceso a la Comuna 13 eran caminos de herradura y no había alcantarillado.

“Nosotros nos acercamos a la junta de acción comunal para poder trabajar, era muy difícil comprar materiales y llevarlos hasta allá uno solo. Entonces comenzamos a trabajar con la comunidad, colaborándonos. Hicimos vías, un comedor escolar y arreglamos las casas. Con los años me propusieron que fuera de la junta de acción comunal”.

En el 2002 se pusieron en marcha las operaciones Mariscal y Orión, una avanzada del Ejército y la Policía, que con ayuda de paramilitares buscaba eliminar la presencia de la guerrilla en los barrios periféricos de Medellín. En esa época, Miryam, que trabajaba como sociología para una ONG, era la presidenta de la junta de acción comunal de su barrio.

“Hubo muchos allanamientos a casas de los líderes, lo hacían con ayuda del Bloque Cacique Nutibara de las autodefensas”, cuenta Miryam.

Las casas de los líderes de la Comuna 13 eran marcadas con una cruz fosforescente. Esas fueron a las primeras casas a las que entraron y las primeras familias que se tuvieron que ir. A la casa de Miryam ingresaron varias veces.

Durante la Operación Mariscal comenzaron a aparecer encapuchados que vigilaban a las personas que entraban y salían de la comuna. Cerca de la carretera, junto a la bajada de las escaleras, los encapuchados apostaban carros y retenían a los jóvenes de la comuna.

Los hostigamientos comenzaron con las llamadas a las casas y los trabajos de los líderes. Después apareció la lista. “Una amiga de la parte de arriba me llamó, me dijo que había una lista de objetivos militares y que yo estaba en la lista”, contó la socióloga. Según Miryam, los paramilitares querían acabar con los líderes porque interferían con su gobierno de facto en la comuna.

Tras las amenazas de muerte, Miryam salió del barrio pero no le dejaron sacar nada, encapuchados apostados en las entradas del barrio le quitaban todo a quienes eran desplazados. “Sentí impotencia y rabia. Con la gestión que hacíamos, nosotros generábamos empleo y ayudamos al barrio, y ellos dejaron que acabaran con la comunidad”, recuerda Miryam.

En 2009, tras una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que se le reconoció como desplazada, Miryam regresó a su casa. Lo hizo con acompañamiento del Ejército y funcionarios de la Personería, solo se quedó media hora, los desconocidos no se podían quedar mucho en ese sector.

La casa de Miryam había sido desmantelada. Tras ser ocupada por desconocidos por un tiempo fue abandonada. Entonces comenzó a desmantelarla poco a poco. Se llevaron los enseres, la nevera, el equipo de sonido, el lavamanos, el sanitario, las ventanas, hasta que finalmente la maleza se comió las paredes.

“Yo nunca regresé al barrio, hubo gente que sí regresó, pero los asesinaron, cuando iban a salir del barrio los secuestraron, los desaparecieron”, asegura Miryam.

El Morro o Nueva Venecia, como la conocen los continentales, es una población de 300 casas en medio de la Ciénaga Grande del Magdalena. Las casas en la ciénaga son palafíticas o anfibias, y están levantadas sobre horcones o pilotes. “Aquí vive toda nuestra familia, la casa es nuestro amparo. Estamos aquí desde hace 170 años”, señaló Jesús Suárez, habitante de Nueva Venecia.

Las casas en el Morro son fabricadas por los mismos habitantes. Utilizan estacones para levantar la parte inferior de la casa 80 centímetros de la superficie del agua. Las casas son construidas por completo en madera, el tamaño depende de la condición económica, en promedio 6 personas viven en cada una.

El 22 de noviembre del 2000, unos 70 hombres del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, divididos en seis lanchas, llegaron a las 2 de la mañana a Nueva Venecia. En un recorrido de 60 kilómetros asesinaron a 39 personas. Antes de tomarse el Morro, los paramilitares asesinaron a 15 pescadores.

Al pueblo entraron por el norte, reunieron a los habitantes frente a la iglesia y, frente a todos, asesinaron, lista en mano, a otras 15 personas. Después de saquear el pueblo huyeron dejando 9 cadáveres más. “Al día siguiente, la mitad de Bella Vista y de Nueva Venecia salieron desplazadas”, asegura Jesús.

La mayoría de personas salieron a Sitio Nuevo, Santa Marta y Barranquilla. “Pero había gente que no tenía dónde poner la pata en el contienen y se rehusaron a salir”. Jesús con sus dos hijos y su compañera se fue hacia Tasajera, un pueblito apostado en la franja de tierra que separa la ciénaga y el mar.

La masacre de Nueva Venecia se dio en medio del conflicto entre los paramilitares, las Farc y el Eln por el control del departamento de Magdalena. La avanzada paramilitar fue corta ya que no buscaban quedarse en el terreno; en la tarde del 23 de noviembre, al día siguiente de la masacre, la Armada Nacional acordonó la zona.

No todos los venecianos regresaron. El retorno comenzó 15 días después de la masacre y duró medio año.

“Yo volví en enero de 2001, había salido con mis dos hijos y mi compañera. Era difícil estar en otro lugar, estorbar en otra parte; las condiciones de vida no son las mismas, yo tenía mi vida allá, en la Ciénaga. Y regresé, pero tenía miedo, sabía que la guerra había empezado”, recuerda Jesús.

JUAN PABLO PARRA
ESCUELA DE PERIODISMO EL TIEMPO