De los 4.410 exparamilitares que hace casi 12 años se presentaron para recibir los beneficios de la ley de Justicia y Paz hoy han sido excluidos más de la mitad.
Aunque todos ellos se presentaron voluntariamente ante las autoridades y aspiraron a que por sus graves crímenes solo recibieran condenas de máximo ocho años de cárcel, lo cierto es que durante el camino se fueron arrepintiendo y muchos terminaron optar por que sus delitos fueran resueltos por la justicia ordinaria.
Ya van, según la Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía, 2.467 exparamilitares excluidos de la ley de Justicia y Paz, que al no seguir en la jurisdicción transicional renunciaron a su compromiso de decir la verdad, reparar a las víctimas de sus delitos y a garantizar que no volverían a delinquir.
De los que ya no están en Justicia y Paz, 2.041 salieron porque no se ratificaron. En este grupo, explica la Fiscalía, se encuentran aquellos que en un comienzo se postularon, pero luego no asistieron a las versiones libres o decidieron no continuar el proceso. Le siguen los casos por muerte (205), por renuencia a comparecer en versión libre (104), continuar delinquiendo (78), entre otros.
De los desmovilizados, hoy solo siguen en la justicia transicional, creada para desmovilizar a los paramilitares, unos 1.943 postulados. Y a pesar de esa importante reducción en el número de personas a juzgar solo se han conseguido en más de una década 47 sentencias.
Este proceso hasta ahora va en la mitad del camino. Según balance de la Fiscalía, a enero de este año, nada más se han reconocido como víctimas a 211.013 personas, el 55 por ciento de los afectados por el paramilitarismo.
El abogado Jairo Moya, defensor de víctimas del ‘Bloque Norte’ de las Auc, dice que el proceso de Justicia y Paz y especialmente, la reparación a víctimas no se ve afectada por la exclusión de un postulado. “Dentro del trámite existen otros integrantes que responden por los hechos. Los cargos han sido imputados y legalizados sin ningún inconveniente”, dijo.
Moya estuvo en el trámite de exclusión del exjefe paramilitar Carlos Mario Jiménez Naranjo, ‘Macaco’. El paramilitar fue sacado por continuar delinquiendo luego de su desmovilización, decisión que fue ratificada por la Corte Suprema en el 2016.
Pero no todos los representantes de víctimas creen que con esa deserción no se afecten los procesos judiciales y la verdad, algunos de ellos consultados por este diario señalaron que se cerró la posibilidad de conocer en su totalidad los hechos del conflicto del paramilitarismo.
Los abogados afirmaron que al comienzo del proceso de postulación se dio el mayor número de bajas, porque muchos no fueron reconocidos como parte del grupo ilegal. Otros creyeron que al salirse de Justicia y Paz se les retiraban los cargos y no podrían ser investigados, pero sus procesos siguieron en la ordinaria.
Por su parte, Catalina Díaz, directora de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia, señala que existió un grueso grupo de ‘paras’ que se postularon, pero no volvieron a aparecer y que debieron ser investigados por la justicia ordinaria. “Las exclusiones no han sido un papel definitivo en los procesos penales. Llevar esta justicia no ha sido fácil y se ha ido avanzando”, indicó.
Díaz señala que esta justicia ha sido una experiencia importante para el país. “Nos deja lecciones sobre los aciertos y dificultades, pero nos muestra que es muy difícil perseguir penalmente en el término de la guerra”, dijo.
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