Con la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno Santos y las Farc se ha puesto en marcha el proceso de reintegración social, política y económica de los excombatientes del grupo guerrillero. Este nuevo escenario plantea riesgos para la seguridad de los desmovilizados, sobre todo en una zona como el Catatumbo, en Norte de Santander, donde el conflicto armado persiste debido a la existencia de fuertes incentivos para que los grupos irregulares permanezcan activos.
Es indiscutible que en el Catatumbo la intensidad de la confrontación armada disminuye de manera muy significativa debido a la decisión de las Farc de abandonar la lucha armada y cumplir los protocolos que llevarán a su reintegración a la vida civil. Sin embargo, se puede prever que, de no concretarse un acuerdo de paz que incluya al Eln y el sometimiento de las bandas criminales, la violencia podría escalar al punto de poner en riesgo el proceso reintegración de los integrantes de las Farc.
El escenario en el que se desarrollará el proceso de desmovilización y participación política de las Farc no es sencillo y está influenciado por múltiples factores que van desde la persistencia del conflicto armado hasta la elevada polarización surgida alrededor del acuerdo de paz suscrito entre el Gobierno y las Farc. Por ejemplo, el reacomodo de los actores armados en los territorios que dejó esta guerrilla tras su concentración en la vereda Caño Indio de Tibú, hace pensar en que no se van a presentar disputas por el control territorial, y por tanto que, a este respecto, la desmovilización y participación política de excombatientes no estarían ante un riesgo inminente. Desde luego que esta proyección depende de la capacidad estatal de neutralizar las amenazas que podrían venir de otros grupos armados y las propias disidencias.
Mientras tanto, el uso de la tierra y del territorio pueden constituirse en factores contrarios a los intereses políticos de los desmovilizados. En cuanto a lo primero, hay que señalar que, en el Catatumbo, principalmente en la zona plana, se ha producido, con posterioridad al periodo más crítico de violencia entre 1998 y 2004, una transformación concentradora, tanto de la tenencia como del uso de la tierra en palma africana, cuyo cultivo tiene carácter permanente y exige una cuantiosa inversión inicial para lograr buena rentabilidad económica. Es este un factor que puede incrementar el riesgo para el ejercicio de la participación política de los desmovilizados de las Farc, que podrían ser percibidos como contrarios a los proyectos agroindustriales que se encuentran en auge.
En cuanto al segundo factor, el carácter estratégico o funcional del territorio para garantizar la viabilidad de mercados ilegales, constituye un riesgo, por cuanto crea incentivos para que no se produzca la total desmovilización de los integrantes de las Farc, en la medida en que puedan percibir este proceso como un factor que conduce a la pérdida de control o predominio frente a otros actores armados ilegales y producir, en consecuencia, una fuerte resistencia a dejar las armas.
A su turno, el Estado adelanta una serie de iniciativas que ayudan a mitigar los riesgos descritos. El Catatumbo es una de las regiones priorizadas por las Fuerzas Militares que, por medio de la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcano, sostienen la ofensiva contra las organizaciones armadas que se reacomodan en las zonas donde las Farc tuvieron presencia. Al mismo tiempo que se combate a los grupos armados, la Policía Nacional busca asegurar la protección del conjunto de la población y llevar a cabo la erradicación y sustitución de cultivos ilícitos para atacar uno de los incentivos más fuertes que tienen los integrantes de los grupos al margen de la ley para no desmovilizarse.
Mientras tanto, el uso de la tierra y del territorio pueden constituirse en factores contrarios a los intereses políticos de los desmovilizados
A pesar de lo anterior, es importante advertir que la continuación del conflicto en un marco temporal indefinido modifica continuamente todas las ecuaciones y los equilibrios de poder en el Catatumbo. En efecto, no es fácil anticipar cuál va a ser el comportamiento electoral de la población en las zonas donde se presume que puede haber apoyo a los excombatientes de las FARC, en ausencia de la presión armada que el grupo guerrillero ejerció por años para incidir en la competencia por el poder político.
CAMILO ECHANDÍA
IRENE CABRERA
Docentes investigadores Universidad Externado de Colombia
*Esta columna resume la ponencia presentada por los docentes de la facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales en el Seminario internacional: la paz en el territorio: poder local y conflicto en Colombia realizado entre el 26 y 28 de abril.
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