Las reglas previstas para juzgar a quienes cometieron delitos graves en medio del conflicto armado están chocando con un dique levantado por el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, y los partidos Cambio Radical y Centro Democrático, que argumentan que las normas tienen vacíos.
Así, el paso por el Congreso del proyecto de ley que reglamenta la llamada Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que cumple su primer debate en las comisiones primeras de Senado y Cámara, no se ve fácil. El primer obstáculo que tiene que superar es un conjunto de observaciones que presentó el Fiscal.
Durante su intervención en el Congreso, el miércoles, Martínez dijo que no son claros los límites de la justicia especial para la paz y necesita saber dónde comienza su competencia para investigar a exintegrantes de las Farc. “Buenos linderos hacen buenos vecinos”, repitió el Fiscal constantemente en su intervención.
Aunque el ministro del Interior, Guillermo Rivera, anunció la disposición del Gobierno para hacer ajustes, las mayorías en el Congreso serán determinantes para incorporar o negar las observaciones del Fiscal.
Martínez propuso que el tratamiento a los reincidentes y los disidentes de las Farc –algo que no está del todo claro– quede muy bien definido en el proyecto que tramita el Congreso para reglamentar la JEP.
Pero el punto central del Fiscal es que se defina el tratamiento que se les dará a los guerrilleros a los cuales se les descubra que ocultaron bienes a través de testaferros, y el futuro de esos activos. “El Congreso no puede guardar silencio en estas materias. Se debe establecer una consecuencia para quienes no hayan entregado los bienes, pero adicionalmente para los testaferros”, dijo.
Según Martínez, sus inquietudes sobre los alcances de la competencia de la justicia para la paz se basan, entre otras cosas, en el poder de valoración que tendrán los magistrados y jueces de la JEP sobre los “incumplimientos” de los excombatientes.
El Fiscal resaltó que en la ponencia dice que los integrantes de las Farc perderán beneficios cuando haya “incumplimientos graves”, lo cual, para él, abre una puerta impredecible.
El otro sector en franca oposición a las reglas de la justicia para la paz es Cambio Radical, que dijo que “no votará” este proyecto.
La decisión, según el partido, se tomó tras analizar “en detalle” los alcances de dicha iniciativa. Pero los reparos de Cambio Radical vienen desde que se tramitó el acto legislativo con el cual se creó la JEP. Ese partido fue caja de resonancia de las observaciones del fiscal Martínez.
Con la decisión de Cambio Radical de no respaldar el proyecto que reglamenta la JEP, la iniciativa pierde el voto de 9 senadores y 16 representantes. Y como es obvio, el proyecto tampoco contará con los votos del Centro Democrático, que se ha marginado de las iniciativas para implementar el acuerdo de paz. En síntesis, las semanas por venir no se ven fáciles para llevar a la práctica lo pactado en La Habana.
La senadora uribista Paloma Valencia radicó ayer ante la Registraduría los comités promotores mediante los cuales pretende que se convoquen referendos para derogar los actos legislativos que crean la Jurisdicción Especial para la Paz, que blinda los acuerdos de La Habana, y el que le otorga participación política a las Farc.
Los tres comités están integrados por la senadora Valencia, su colega Paola Holguín y el representante Álvaro Hernán Prada.
Según la congresista, deben recoger, para cada uno, mínimo 1’783.571 firmas.
“Ganamos el plebiscito y se desconoció el resultado, ahora no nos pueden imponer algo que el pueblo rechazó. La gente puede controvertir lo que hizo el Congreso y que la decisión sea la del constituyente primario con un referendo”, dijo.
El Gobierno expediría este viernes el decreto mediante el cual el componente logístico de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) podría avanzar mientras la ley que reglamenta esta instancia es aprobada en el Congreso.
“Voy a firmar un decreto que permite iniciar algunas labores de la Jurisdicción Especial de Paz antes de que salga la ley estatutaria. Ya están también garantizados los recursos presupuestales para su adecuado funcionamiento”, aseguró ayer el presidente Juan Manuel Santos desde Pasto.
Según explicó el ministro del Interior, Guillermo Rivera, el decreto permite a los magistrados elegidos para conformar la JEP tomar algunas decisiones de carácter administrativo.
“Por ejemplo, a los magistrados les corresponde elaborar un proyecto de ley de procedimiento para la misma JEP. Ellos tendrán desde ya esa tarea de empezar a redactar esa ley para que el Gobierno la lleve al Congreso de la República”, explicó el ministro Rivera.
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