La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, condenó este martes el incremento de la violencia ejercida por grupos armados no estatales, grupos criminales y otros elementos armados en Colombia en contra de campesinos, indígenas y afrocolombianos. También instó a las autoridades del Estado a tomar acciones concretas para proteger eficazmente a la población.

El informe dice textualmente que en lo que va de 2020 la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia ha documentado 66 masacres, en las que 255 personas fueron asesinadas, en 18 departamentos del país. Además, la Oficina ha recibido información sobre el asesinato de 120 defensores de derechos humanos en lo que va del año.

Desde la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016, la Misión de Verificación de la ONU en Colombia también ha documentado 244 asesinatos de excombatientes de las Farc.

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Así mismo, anota que la comunidad nasa ha sido uno de los grupos indígenas más afectados, con 66 de sus integrantes reportados como asesinados en la región del norte del Cauca en 2020. El incidente más reciente ocurrió el 5 de diciembre, cuando cinco personas –incluido un excombatiente de las Farc en proceso de reintegración– fueron reportadas como asesinadas en el norte del Cauca en dos hechos diferentes. Además, el mismo día, 24 líderes y autoridades del pueblo nasa recibieron amenazas de muerte.

Igualmente relata que otro ataque reciente ocurrió el 3 de diciembre en el departamento del Chocó, donde un líder indígena, Miguel Tapi Rito, fue asesinado, lo que provocó que unas 900 personas de su comunidad –la mayoría mujeres, niños y niñas– huyeran a un pueblo cercano, donde han estado pidiendo a las autoridades del Estado que les brinde protección.

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“Es trágico ver a tantas personas ser víctimas de la violencia persistente a lo largo del país. Además de estos asesinatos, las víctimas incluyen, por supuesto, a los que se quedaron, quienes permanecen casi completamente indefensos”, dijo la Alta Comisionada.

“Hago un llamado a las autoridades colombianas a tomar medidas más sólidas y mucho más efectivas para proteger a la población de esta horrenda violencia”, agregó. “Es deber del Estado estar presente en todo el país, implementando un amplio rango de políticas públicas integrales, no solo con medidas drásticas en contra de los responsables de la violencia, sino también brindando servicios básicos y salvaguardando los derechos fundamentales de la población”.

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Bachelet resaltó la urgencia de que la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad desarrolle una política pública para desmantelar “las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo”, tal y como se solicitó específicamente en el Acuerdo de Paz de 2016.

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La Alta Comisionada también urgió a las autoridades a llevar a cabo investigaciones rápidas, exhaustivas, imparciales, independientes y transparentes sobre todas las denuncias de abusos y violaciones de derechos humanos, y a que defiendan los derechos de las víctimas a la justicia, a la compensación y a la reparación. Para tal fin, dijo, la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General de la Nación ha estado haciendo un buen trabajo, pero podría fortalecerse aún más para desmantelar las redes criminales.

La Alta Comisionada asimismo instó a las autoridades colombianas a brindar un entorno seguro para las personas de todos los sectores de la sociedad para que puedan participar en los asuntos públicos y culturales, libres de temor, intimidación o estigmatización.

“Lamentablemente, después de décadas de conflicto armado, la violencia ha sido normalizada en Colombia, algo que nadie debería aceptar”, dijo Bachelet.

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