Todos han sido asesinados en condición de indefensión. Varios de ellos en algunas de las zonas más pobres del país. Los matones, en unos casos, han entrado hasta sus propias casas disparándoles frente a sus aterrados seres queridos. La lista que llevan varias organizaciones sociales es dramática:
1. Carlos Cardona, líder social de la salud, asesinado el día 2 de enero en Ituango, Antioquia.
2. Cristian Caicedo, de 22 años, asesinado en Guapi, Cauca, el día 3.
3. Gloria Ocampo, lideresa social asesinada en La Estrella, vereda de Puerto Guzmán, Putumayo, el día 7.
4. Virginia Silva, asesinada en Páez, Cauca, el día 7.
5. Carlos Quintero, asesinado en Puerto Guzmán, Putumayo, el día 8.
6. Emilio Campaña, asesinado en Puerto Guzmán, Putumayo, el día 8.
7. Mireya Hernández, asesinada en Algeciras, Huila, el día 8.
8. Gentil Hernández, asesinado en Puerto Guzmán, Putumayo, el día 8.
9. Anuar Rojas Isaramá, líder de la Guardia Indígena asesinado en Agua Blanca, municipio de Nuquí, Chocó, el día 9.
10. Amparo Gegía, líder indígena, asesinada junto a su hijo, en Algeciras, Huila, el día 10.
11. John Fredy Álvarez, presidente de la Asociación de Trabajadores Campesinos (Astracal), asesinado en Algeciras, Huila, el día 11.
12 y 13. Juan Pablo Dicué Guejia, de 18 años, y Amparo Guejia Mestizo, de 41, asesinados en el sector de La Buitrera, en la vía que une a los municipios de Caloto con Toribío, en el norte del Cauca. En el lugar apareció un panfleto en el que la acción criminal se la adjudican las disidencias de las Farc, estructura 'Segunda Marquetalia Comisión 6'. Los nativos llevaban un niño de tres años a quien dejaron con vida. Los hechos sucedieron el día 11.
14. Henry Wilson Cuello Villareal, de 48 años, asesinado en Chiriguaná, Cesar, el día 12.
15. César Tulio Sandoval, coordinador del comité de campesinos de La Silla, asesinado en Tibú, Norte de Santander, el día 12.
16. Nelson Enrique Meneses Quiles, de 29 años, integrante de la Asociación Campesina de Inzá Tierradentro–Acit, filial de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina–Anzorc, organización que articula en el Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano–Pupsoc y la Coordinación Social y Política Marcha Patriótica, asesinado en Inzá, Cauca, el día 13.
17. Sergio Narváez Tapias, exconcejal de Turbo, asesinado en su vivienda del corregimiento de Nueva Colonia de este municipio de Antioquia, el día 13.
Este número de muertes, sin embargo, varía. ¿Por qué? Para organizaciones sociales defensoras de derechos humanos en el país, la cifra de estos es de 17 muertos. En cambio, para la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, es 10 el número de personas muertas.
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La diferencia pasa porque la ONU debe ir al sitio de los hechos, recoger las evidencias, corroborar la información con las autoridades y luego sí anexar los datos a sus informes oficiales. Por eso, hasta ahora entrega una lista preliminar.
Sin embargo, el drama para la ONU es de tal dimensión que lo califica de “terrible tendencia”.
Como lo informó EL TIEMPO en su edición impresa de este miércoles, la Misión de Verificación ya lo había advertido al Consejo de Seguridad del organismo durante sus últimos informes. Pero esta vez fue la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, que preside la chilena Michelle Bachelet, la que, al hacer el balance de lo ocurrido entre 2019 y 2020, mostró su intranquilidad por el “significativo” número de homicidios.
El año pasado, en los registros de Naciones Unidas aparecieron 107 activistas asesinados. El organismo está revisando otros 13 casos, lo que podría aumentar a una escalofriante cifra: 120. En 2018 “ya se habían intensificado” los asesinatos, entonces hubo 115.
Por esta razón hacen un llamado al presidente Iván Duque para que “realice un extenuante esfuerzo para prevenir ataques contra personas que defienden los derechos fundamentales”.
Además, le piden “investigar todos y cada uno de los casos y enjuiciar a los responsables de estas violaciones, incluidos los responsables de instigar o ayudar e incitar violaciones” y, además, le dicen que esa “violencia e impunidad deben detenerse”.
Según la ONU, de los 107 casos registrados en 2019, el 98 por ciento sucedió en municipios donde operan grupos ilegales que se disputan las economías ilícitas. Y el 86 por ciento fue en veredas con una tasa de pobreza por encima del promedio nacional.
Más de la mitad de los homicidios de 2019 fueron en Antioquia, Arauca, Cauca y Caquetá. “Las cifras reflejan la gravedad del problema, pero ocultan las causas estructurales que sostienen la violencia contra los defensores y defensoras de derechos humanos”, diagnostica Naciones Unidas.
En el informe dice que esta escalada criminal “es inaceptable y constituye un ataque en contra de la democracia, menoscabando la participación y el acceso de las personas a sus derechos humanos”.
Esta oficina explica que entre las causas de la problemática, además de las economías ilícitas, está la llegada de los grupos ilegales a los territorios que dejó las Farc tras el proceso de paz con la administración Santos. Por eso habla de los “continuos desafíos” en la implementación del acuerdo de paz.
Sobre este punto precisa la urgencia “del desmantelamiento de grupos herederos del paramilitarismo” y de buscar “la seguridad de las comunidades afectadas por el conflicto, la restitución de tierras y reforma rural, los programas de sustitución de cultivos ilícitos y el cumplimiento de los derechos de las víctimas”.
De hecho, el responsable de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, alertó hace unos días al Consejo de Seguridad sobre cómo la violencia generalizada “sigue amenazando la consolidación de la paz”.
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