En su primer día de funcionamiento, este jueves, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) hizo énfasis en la importancia de que las instituciones encargadas de enviar informes con los casos que deben investigarse los remitan lo antes posible.
Particularmente, la presidenta de la Sala de Verdad y Reconocimiento de Responsabilidad, Julieta Lemaitre, destacó el valor de los informes que ha elaborado la Fiscalía durante los dos últimos años, sin los cuales, afirmó, “difícilmente se puede adelantar el proceso de la JEP”.
Este sistema judicial también debe recibir informes de la Justicia Penal Militar, la Procuraduría, el Consejo de la Judicatura, la Contraloría y las víctimas.
Según explicó Lemaitre, la tarea de su sala es contrastar los informes de las instituciones y de las víctimas con las versiones que recibe de quienes se postularon a la JEP.
Si hay reconocimiento de responsabilidad y verdad se hace una audiencia pública con las víctimas, y esa sala envía al Tribunal de Paz la sugerencia de una pena alternativa.
El jueves, precisamente, el secretario ejecutivo de la JEP, Néstor Raúl Correa, le entregó a la presidenta, Patricia Linares, el informe con la lista y las actas que contienen los compromisos de quienes acudirán a la justicia para la paz. Hasta este jueves eran 7.916 personas entre exguerrilleros, militares, policías y particulares. El informe de Correa incluye denuncias de 11.809 víctimas. De estas, 8.883 comprometen a las Farc y 2.926, a la Fuerza Pública.
Uno de los aspectos más llamativos de la JEP tiene que ver con el tratamiento de los exintegrantes de las Farc que cometieron delitos graves siendo menores de edad.
Según explicó el presidente de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, José Hormiga, deben acudir a esta dependencia, ante la cual se presentarán también los miembros de la Fuerza Pública que se acogieron a la justicia para la paz.
Ante la sala presidida por Hormiga, además, comparecen funcionarios públicos y personas condenadas por hechos enmarcados en la protesta social.
Por otro lado, la Unidad de Investigación y Acusación, conocida como la Fiscalía de la JEP, se encargará de garantizar los derechos de las víctimas en casos de hechos no reconocidos por los responsables de los crímenes.
El fiscal de la JEP, Giovanni Álvarez, dijo que, debido a la naturaleza transitoria de esta justicia especial, que tendrá una duración máxima de 20 años, la unidad de investigación actuará “de la forma más rápida posible”.
Durante la instalación de la JEP, Patricia Linares se refirió a la trascendencia de este sistema judicial para el cierre definitivo del conflicto armado en Colombia.
“Es un día histórico para el país, pero en especial para las víctimas”, afirmó.
REDACCIÓN PAZ
