Este jueves, 9 de septiembre, se cumple un año de aquella fatídica mañana en la que el país se despertó conmocionado por la violenta muerte del ciudadano Javier Ordoñez, a manos de agentes de la Policía, en el CAI del barrio Villa Luz, en la localidad de Engativá de Bogotá. La reacción de indignación fue masiva con otra respuesta en la que agentes de esta institución dispararon indiscriminadamente. Nancy Patricia Gutiérrez, Consejera Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, reflexiona con EL TIEMPO sobre ese estallido social.
Durante el gobierno del presidente Iván Duque diversas organizaciones sociales han documentado y denunciado violaciones a los Derechos Humanos, mayoritariamente en el contexto de la protesta social. ¿Qué ha hecho la Consejería al respecto?
Uno de los derechos que ha estado en el ojo del huracán es el derecho a la reunión o a la manifestación, debido a las circunstancias de la contingencia social que se vivió derivada de las protestas. Desde enero del 2021, el Gobierno expidió un decreto encaminado tener una mesa en la que se definen los protocolos que se deben de tener en cuenta al momento de las manifestaciones, y por la condición que siempre se exige de que las manifestaciones son garantizadas, siempre que sean pacíficas.
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Marca usted el énfasis en eso. ¿Por qué?
Porque ahí es donde se genera una ruptura. Porque cuando hay violencia, esto obliga la intervención de la fuerza pública, y es allí donde se presenta la discusión sobre hasta donde va realmente la protección a los Derechos Humanos de los manifestantes. Además, hay un gran compromiso de la Policía Nacional de mantener la capacitación permanente en Derechos Humanos, muy orientados a la parte operativa.
¿Cómo está apoyando la Consejería en la tarea de brindar un enfoque en Derechos Humanos a la Policía Nacional y, específicamente, al Esmad?
La Policía tiene un foco en la formación en Derechos Humanos, eso lo hemos revisado con la Policía y efectivamente la Consejería verificó que esa línea de trabajo que se está implementando de una formación permanente, no solamente para la intervención de la Policía, sino para el ejercicio de la función policial orientado a la población, para mantener los estándares internacionales y los protocolos Derechos Humanos. Allí hemos estado presente en ese acompañamiento.
En varias ocasiones el Presidente ha usado el uniforme de la Policía como señal de apoyo a esta institución. Sin embargo, otras personas consideran que este gesto deja a las víctimas en un segundo plano. ¿Usted qué opina?
Yo creo que es un símbolo de apoyo institucional. Recordemos que la Policía Nacional es una institución dentro del Estado colombiano que tiene unas competencias de protección de los derechos de las personas, tiene a su cargo la seguridad ciudadana y como parte de la institucionalidad, los servidores públicos y más en el caso del presidente, tiene la posibilidad de darles un apoyo y un respaldo institucional. Eso no quiere decir que en los casos en dónde hay de por medio unas investigaciones o se han presentado algunas víctimas, no hay una garantía de un proceso de investigación.
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¿Qué avances hay en la implementación de las recomendaciones que hizo la CIDH al Estado colombiano?
La gran mayoría de ellas han venido haciendo parte de las tareas que asumen las entidades en Colombia y las competencias que tienen los diferentes funcionarios del Estado colombiano. La tarea de la protección de los derechos humanos no se da por la intervención exclusiva de uno u otro organismo, sino que es una tarea permanente de todo el conjunto del Estado.
El presidente le entregó regalos a los uniformados.
Policía Nacional
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, la CIDH recomendó un diálogo permanente, un diálogo que se mantiene a través de diferentes escenarios, se asumió un trabajo con los jóvenes que terminó en un documento CONPES con un reenfoque en la política de juventud. También se habló de la necesidad de la transformación de la Policía, es una tarea que venía de tiempo atrás pero que efectivamente la Policía llevó al congreso y, adicionalmente, dentro de la misma institución se adelanta todo nuevo enfoque en materia de capacitación y formación permanente en Derechos Humanos.
¿Qué está haciendo la Consejería para proteger la vida de los líderes sociales y defensores de Derechos Humanos en los territorios y evitar que sean asesinados?
La Consejería presidencial, desde el Observatorio de Derechos Humanos, hace un análisis permanente de las circunstancias y los riesgos que tienen los líderes sociales. Se presenta un informe trimestral en dónde, además de analizar el contexto de las cifras en dónde se puedan presentar homicidios, también se hace un seguimiento a las actividades y a las tareas que tienen las entidades en materia de protección de líderes. Está documentado por los organismos públicos y oficiales, que la mayor vulneración de los derechos de líderes sociales viene de parte de los grupos armados organizados. Ellos son los responsables de estas vulneraciones y en la medida en qué ha habido una política de seguridad frontal, de perseguir a estas organizaciones, también se han dado los homicidios contra líderes sociales y defensores de Derechos Humanos.
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En algunas ocasiones el gobierno ha tenido diferencias con la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. ¿Cómo ha sido esa relación, ese trabajo con la Oficina y las recomendaciones que emiten?
Hay una relación permanente Naciones Unidas. Ellos están presentes en todo el territorio nacional y cuando se presenta algún riesgo de vulneración de derechos humanos, la Oficina hace presencia y están permanentemente acompañando esas tareas. Nosotros el año pasado expedimos el plan de empresas y derechos humanos, que es una recomendación que viene desde Naciones Unidas y ellos nos acompañaron. También estamos en la tarea de la construcción del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, que también es una recomendación de Naciones Unidas que viene desde el año 2009. Todos los temas que tienen que ver con acciones del Estado siempre está presente la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Pero, con puntos de vista muy distintos....
Ahora, en muchas ocasiones se presentan diferencias de criterios porque nosotros, como funcionarios del gobierno, sabemos que el Estado colombiano tiene un gran compromiso los estándares internacionales, que son bastante altos, entonces es una cuestión de visión en un relacionamiento entre el Estado colombiano y la Oficina.
Otras organizaciones internacionales como Human Rights Watch (HRW) y la CIDH han emitidos informes que han sido muy duros y críticos con la labor de gobierno en materia de derechos humanos…
Sí, hay una serie de organizaciones no gubernamentales que hacen sus informes, no solamente en Colombia sino en muchos otros Estados y tienen su propia visión y su propio análisis en materia derechos humanos. El gobierno del presidente Iván duque ha abierto los canales para revisar esos informes, para analizarlos, para mantener un diálogo con las organizaciones, aunque efectivamente en algunas circunstancias consideramos que no se tienen en cuenta todos los aspectos y las tareas que cumple el Estado para garantizar la protección de los derechos. Son enfoques diferentes y se respetan, pero en un país como el nuestro tenemos la posibilidad de analizarlos y discutirlos.
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