El senador Iván Cepeda, quien, además de haber sido un facilitador clave en los diálogos de paz del Gobierno y la exguerrilla de las Farc, ha formado parte en el Congreso de los debates para la implementación de los acuerdos, advierte de los riesgos para consolidar la paz si no se hace una reincorporación exitosa, no se desarticulan las bandas criminales ni se concreta la negociación con el Eln.
¿Cuál es su balance de la actuación del Congreso frente a la paz?
Creo que la clase política ha tenido miedo a los cambios que representa el proceso de paz. A la reforma rural, que podría aliviar la pobreza en el campo; a la reforma política, porque tiene miedo a perder los espacios tradicionales de influencia; a cambiar el paradigma de la lucha contra el narcotráfico y de ensayar otras soluciones, y, por último, al tema de la justicia. El Congreso ha optado por las salidas más conservadoras, ha legislado algo del acuerdo, pero no los temas sustanciales, que implican reformas. Es una salida muy mezquina, pero es el fiel reflejo de lo que es hoy la clase política.
¿Cómo ve el aterrizaje de la Farc en la política, en medio de ese ambiente en el Congreso?
Difícil. Se han interpuesto obstáculos que han sido superados con dificultad, pero puede haber más de aquí a marzo y de marzo al 20 de julio (cuando debe posesionarse el nuevo Congreso).
¿Como cuáles?
Algunos de índole administrativa. En el momento en que las Farc iban a obtener su personería, hubo que hacer una votación supremamente reñida. A la hora de inscribirse, algunos seguían apareciendo con inhabilidades. Hasta no ver a los exintegrantes de las Farc en el Congreso, no doy esto por un hecho.
¿Y qué otros obstáculos ve?
El Fiscal. Me parece que tiene una actitud muy poco positiva. Él ha querido presentar muchas de sus objeciones como medidas con las que pretende ayudar, para que la cosa sea lo más rigurosa posible y para que después no haya sorpresas con situaciones judiciales. Pero, la verdad, veo que una vez formulada toda una serie de reparos, de críticas, de propuestas, aparecen otras y otras y otras. No hay un fin para las proposiciones del Fiscal.
¿Y cómo evalúa la gestión del Gobierno ante el Congreso para hacer posibles las leyes de la paz?
Lamento que algunas figuras del Gobierno no se hayan quedado para la implementación, como Sergio Jaramillo o Juan Fernando Cristo, que tenían el conocimiento del proceso y jugaron un papel muy importante en establecer las condiciones del acuerdo y en la fase inicial de la implementación. Con esto no quiero subestimar a otros funcionarios, pero son personas que llegaron después, que no conocieron todos los vericuetos, que han tenido que irse empapando de la realidad.
¿Y cómo ve la reincorporación de las Farc en términos de seguridad?
Hay grandes riesgos. Se ha hecho un enorme esfuerzo para que el ‘clan del Golfo’ se someta, pero esta semana el Congreso no quiso adoptar una ley para esto. Aunque la vio como una concesión, la verdad es que tenía penas de 30 años de cárcel o la advertencia clara de que serán extraditados.
¿Cree que una ley para someter a las bandas le dará estabilidad a la paz con las Farc?
Una ley en ese sentido le haría un inmenso bien al país, porque permite desmovilizar a miles de personas que están en armas y eso daría estabilidad en muchas zonas del país.
¿Cuál es su mayor preocupación sobre la implementación?
La seguridad jurídica de quienes dejaron las armas, en medio de la rendición de cuentas que tienen que hacer ante la JEP. No está garantizada su participación en política. Es necesario hacer un proceso exitoso de reincorporación.
A un año de la firma de los acuerdos de paz, el senador del Centro Democrático Alfredo Rangel considera que el proceso de paz enfrenta una “grave crisis” por la desconfianza de los colombianos en las Farc, a causa de los “incumplimientos de los compromisos”, y por la impunidad de la que gozarán los miembros de esa guerrilla.
No obstante, el senador, que desde un principio ha sido un duro crítico de los acuerdos de La Habana y plantea reformular varios aspectos de esos acuerdos, dice que hay un avance en el propósito de desarticular esa organización criminal y que eso “no se puede echar para atrás”.
“Lo que hay que revisar son las excesivas condiciones unilaterales que le ha dado el Gobierno a la guerrilla”, insiste el politólogo y experto en seguridad.
Luego de un año de la firma del acuerdo entre el Gobierno y las Farc, ¿cómo ve el proceso de implementación de la paz?
El proceso tiene una crisis muy grave, y tiene que ver con la falta de credibilidad y confianza de la mayoría de la opinión pública, por causa del incumplimiento de los compromisos por parte de las Farc y del exceso de concesiones del Gobierno.
Por otra parte, las Farc no han entregado niños que tenían en sus filas, no han devuelto secuestrados ni han dado razón de los desaparecidos; no entregaron todos sus bienes ni todas las armas, y no se desmovilizaron todos sus integrantes.
Adicionalmente, continúan vinculados al narcotráfico a través de disidencias, todo eso genera desconfianza y rechazo de la opinión pública. El Gobierno les entregó impunidad y creó una justicia especial para ellos con ese propósito, y el narcotráfico está disparado por causa de los acuerdos de La Habana. Ese es el balance que contribuye a que la opinión pública no crea en los acuerdos de paz ni en su implementación.
Si el uribismo llegara a ganar las presidenciales del 2018, ¿qué pasaría con los acuerdos de paz?
Los acuerdos de La Habana en un gobierno del Centro Democrático serán ajustados, revisados, y aquellas partes que vulneran la aspiración de los colombianos de una paz con justicia serán revisadas.
¿Cuáles serían esos puntos?
Por ejemplo, el hecho de que criminales de guerra y de lesa humanidad no pisen un solo día la cárcel insulta al pueblo colombiano y a las víctimas. Y que, además, les den curules gratis en el Congreso es una afrenta a miles de víctimas que van a ver cómo sus verdugos son premiados con los acuerdos de La Habana; eso habrá que reformularlo y revisarlo.
¿Qué dice del bloque de constitucionalidad aprobado, que impide la modificación de los acuerdos?
Si una reforma constitucional les dio tantas prebendas a las Farc, otra prebenda constitucional podría quitárselas.
En todo caso, los acuerdos no se echarían para atrás...
No, consideramos que aunque haya sido incompleta la desmovilización y el desarme de las Farc, pues eso ha sido un avance en el propósito de desarticular esa organización criminal; eso hay que preservarlo y no se puede echar para atrás, lo que hay que revisar son las excesivas condiciones unilaterales que le ha dado el Gobierno a la guerrilla.
El ‘fast track’ entró en su recta final, ¿qué va a pasar con la implementación de los acuerdos en el Congreso?
A pesar de que el Gobierno impuso ese mecanismo inconstitucional y antidemocrático del fast track, que ha reforzado las facultades del Congreso y su autonomía, muchos proyectos se van a quedar sin tramitar mediante este procedimiento. Muy seguramente el Gobierno tendrá que volver a presentar esos proyectos para tramitarlos por la vía ordinaria.
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