Entre enero y junio de este año, 16.190 personas han sido desplazadas en el territorio nacional. Así lo revela el último informe presentado por trece congresistas de los partidos Alianza Verde, Polo Democrático, Cambio Radical, Liberal, Colombia Humana y ‘la U’ sobre los avances de la implementación del acuerdo de paz.
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El informe advierte que el desplazamiento masivo no se ha detenido y, al comparar esta cifra con la reportada por la Defensoría del Pueblo sobre el mismo fenómeno en el primer semestre de 2019, encuentran que “en lo corrido del 2020 ha habido un aumento en las personas desplazadas del 96,8 %”.
Aunque el Gobierno aún no ha respondido a este informe, la Unidad de Víctimas informó que, entre el 17 de marzo y el 17 de junio de 2020, ha entregado 323.733 giros a hogares víctimas de este flagelo por un valor que supera los 202.000 millones de pesos.
De continuar con esta tendencia, el total de personas afectadas por este fenómeno en 2020 superaría por un 21,6 % el de 2019
En otro aspecto, el informe señala que 68 personas han sido afectadas por minas antipersonal, municiones sin explotar y/o artefactos explosivos improvisados, de las cuales 49 son civiles y 19 son miembros de la Fuerza Pública. El 88 % de estos eventos se concentran en Norte de Santander, Antioquia y Nariño.
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“De continuar con esta tendencia, el total de personas afectadas por este fenómeno en 2020 superaría por un 21,6 % el de 2019”, precisa el informe.
Finalmente, los firmantes señalan que el Gobierno no ha radicado ningún proyecto dirigido a la creación de las 16 curules para las víctimas.
Los firmantes del informe son: Juanita Goebertus, Angélica Lozano y Wilmer Leal, de la Alianza Verde; Iván Cepeda, del Polo Democrático; Roy Barreras, John Jairo Cárdenas y John Jairo Hoyos, del partido de 'la U'; Temístocles Ortega y José Daniel López, de Cambio Radical; Carlos Ardila, Guillermo García Realpe y Luis Fernando Velasco, del Partido Liberal; y Ángela María Robledo, de la Colombia Humana.
- De las 107 leyes que se necesitan para la implementación, solo 66 han sido expedidas, de las cuales solo 4 han sido en el gobierno de Iván Duque. El punto del acuerdo más rezagado es el de la Reforma Rural Integral, con solo 15 de las 36 leyes que se identificaron como necesarias.
- Para lograr el cumplimiento de las metas del acuerdo, se deberían estar ejecutando por lo menos $ 4,67 billones al año en los municipios más afectados por la guerra y la pobreza. Actualmente, solo se está ejecutando al año el 1,52 % de lo que se necesita para cumplir con el Acuerdo de Paz. A este ritmo, tardaríamos más de 40 años en mejorar las condiciones de estos municipios con la implementación de los Pdet.
- De la fuente de regalías que corresponde a paz, que se denomina Asignación Paz, solo el 51,7% se está dirigiendo a los municipios Pdet. El 18,3 % va dirigido a municipios Zomac y el 29,9 % a otros municipios, en abierta violación de lo establecido en el artículo 2 y 3 del Decreto Ley 413 de 2018 y el artículo 2 del Decreto 1426 de 2019.
- Según la Defensoría del Pueblo, desde la firma del Acuerdo Final hasta el 30 de abril de 2020 fueron asesinados 515 líderes sociales; para Indepaz, esta cifra asciende a 971 líderes con corte al 15 de julio de 2020. Con los datos de la Defensoría, el 55,7 % de estos homicidios se concentra en cinco departamentos: Cauca (23,3 %), Antioquia (13,7 %), Norte de Santander (6,6 %), Valle del Cauca (6,4 %) y Putumayo (5,6 %). Al comparar los últimos 4 años corridos hasta el mes de abril, 2020 es el año más violento para los líderes sociales en el país.
- Según Indepaz, desde el 24 de marzo, día en el que se inició la cuarentena por causa de la pandemia del covid-19, han sido asesinados 79 líderes sociales. El 30,3 % de estos homicidios han tenido lugar en el departamento del Cauca.
- 16.190 personas han sido desplazadas a lo largo de este año y el 36 % de esta población permanece fuera de su lugar de origen. Al comparar esta cifra con la reportada durante el primer semestre de 2019, en lo corrido de 2020 ha habido un aumento del 96,8 % de personas desplazadas.
- Un total de 48.202 personas han sido confinadas en lo que va del 2020. El 65,8 % de los afectados son de la región del Catatumbo, en el marco del paro armado. En lo corrido de 2020 ha habido un aumento de este flagelo del 226,2 % y en tan solo seis meses ya se superó por un 70,3 % el total de personas confinadas durante todo 2019.
- De las hectáreas del Fondo de Tierras dispuestas, 25.615,1 han sido entregadas por este Gobierno y, de acuerdo con la ANT, 317 hectáreas han sido para campesinos en beneficio de 923 familias de 8 distintos municipios. Esta cifra de entregas a campesinos equivale a 0,34 hectáreas por familia, aproximadamente y a un 0,08 % de lo que deberíamos estar haciendo al año para cumplir con la meta de 3 millones de hectáreas entregadas en 12 años.
- El 42 % de los municipios Pdet tiene riesgo de fraude y violencia electoral, mientras que a nivel nacional esta cifra corresponde al 14 %. Además, el 70 % de los municipios del país con riesgo extremo son Pdet: la subregión Chocó tiene el mayor porcentaje de municipios con riesgo (93 %).
- Con corte a julio de 2020, el 71,3 % de los excombatientes no se encontraban vinculados a un proyecto productivo desembolsado por el Gobierno Nacional en virtud de las disposiciones del Acuerdo Final, lo que representa un avance de 1,5 puntos porcentuales frente a lo reportado en enero de este año.
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