Tras los primeros tres meses de labores de la Misión de Verificación de Naciones Unidas para el proceso de paz, el secretario general, Antonio Guterres, entregó un balance de las actividades de sus delegados al Consejo de Seguridad del organismo multilateral.
El informe, que comprende el trimestre entre el 24 de diciembre y el 24 de marzo, se divide en bloques y abarca la implementación legislativa del acuerdo entre el Gobierno y las Farc, la movilización de los excombatientes a las zonas veredales, los avances en el desarme y los incidentes entre las partes que ha atendido la Misión de la ONU.
En cuanto al desarrollo legislativo, Naciones Unidas describe en qué consiste la ley de amnistía, la primera ley aprobada por el Congreso de la implementación del acuerdo.
Sobre esta norma, la ONU dice que durante estos tres meses observó que “se expresaron preocupaciones sobre la lentitud de la implementación de la ley de amnistía”, pero menciona que el Gobierno “emitió un decreto con el fin de acelerar la aplicación” de esta norma, la cual cobija a guerrilleros rasos y a algunos militares.
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Luego describe los otros proyectos que han sido tramitados en el Congreso para desarrollar lo pactado con la guerrilla y las instancias que se han creado con el mismo fin.
Naciones Unidas destacó en su informe que “la implementación del acuerdo de paz se ha venido desarrollando en un ambiente político cada vez más marcado por las próximas elecciones generales, que tendrán lugar en mayo del 2018”.
“Durante el tiempo reportado, el presidente Santos reiteró su llamamiento a un pacto político inclusivo sobre la aplicación del acuerdo de paz. Sin embargo, los líderes de los partidos políticos que se opusieron a los términos del acuerdo de paz durante el plebiscito del 2 de octubre de 2016 han expresado su intención de revisar aspectos del acuerdo si son elegidos para el cargo en el 2018”, reza el texto.
Sobre el cese del fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, el informe de la ONU dice que este “se mantuvo y no se registraron víctimas” durante el período de información.
“Ha habido particular preocupación por los ataques e intimidaciones contra líderes comunitarios y defensores de los derechos humanos”, señala el reporte, y dice que “hasta la fecha” la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia “ha verificado 60 casos de homicidios”.
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En relación con las deserciones de integrantes de las Farc, la ONU reporta que aunque es “una preocupación adicional”, el “fenómeno parece limitado en su alcance”.
“Cinco por ciento de los combatientes, principalmente en las zonas de la costa sureste y Pacífica. Allí hay informes frecuentes de que los miembros de las Farc están siendo tentados a desertar, en particular por organizaciones criminales involucradas en el tráfico de drogas”, reporta.
En cuanto al acompañamiento de la Misión de la ONU en el proceso de desarme de la guerrilla, el informe destaca que en enero pasado, el presidente Juan Manuel Santos “expresó el compromiso del Gobierno de superar las demoras en la construcción de los campamentos de las Farc”.
“Posteriormente, un esfuerzo acelerado para hacer frente a las deficiencias logísticas fue hecho por el Gobierno, en coordinación con las Farc y la Misión”, indica.
En ese sentido, dice que “al 18 de febrero, unos 6.900 miembros de las Farc se habían reunido en las 26 zonas y puntos” destinados para la dejación de sus armas.
“De este número, aproximadamente 1.179 eran mujeres, muchas de ellas embarazadas o con niños pequeños. Sorprendentemente, este complejo movimiento de miles de miembros armados de las Farc se llevó a cabo con casi ningún incidente”, dice.
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Se destaca también que el pasado 11 de marzo “la Misión recibió las armas de los 140 miembros de las Farc que forman parte del mecanismo de vigilancia y verificación, y que serán seguidos en breve por las armas de los miembros de las Farc designados para promover actividades relacionadas con la paz”.
En cuanto a la investigación de incidentes entre el Gobierno y la guerrilla, el informe afirma que “el Mecanismo de Vigilancia y Verificación recibió 81 solicitudes de investigación de incidentes. De ellos, 19 resultaron irrelevantes para el mandato del Mecanismo, mientras que 14 no se pudieron verificar”.
“Durante el período reportado, el Mecanismo verificó siete fallos de cumplimiento, ocho violaciones menores y dos graves violaciones de los protocolos de cesación del fuego y cese de hostilidades”, reporta.
Finalmente, el informe plantea una serie de “desafíos” que deben superarse para que el proceso de paz siga avanzando, entre ellos “un patrón de inseguridad en las zonas rurales afectadas durante mucho tiempo por el conflicto, con fuertes vínculos con una economía ilícita próspera”.
El reporte señala que “el notable camino de Colombia hacia la paz ha continuado” y que “el principal activo del proceso de paz sigue siendo la determinación de los dirigentes del Gobierno colombiano y de las Farc de lograr el objetivo de una paz sostenible”.
“Esta determinación no se ha visto menoscabada por los desafíos surgidos desde la firma del acuerdo de paz en noviembre del 2016, como lo demuestra el pleno respeto de la cesación del fuego por ambas partes a lo largo del período que abarca el informe”, señala la ONU.
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