Lo que viene para Colombia después del Nobel de paz

No por el Nobel de paz en sí mismo, sino por el proceso de negociación que llevó a que la Academia Sueca condecorara al presidente Juan Manuel Santos, Colombia mira de frente varios escenarios.

Algunos pueden suceder de forma simultánea. Otros, sin embargo, son excluyentes. A grandes rasgos, la búsqueda de la paz se enfrenta a un éxito o fracaso que, en cualquier caso, no será total. El proceso de la paz posterior, por llamarlo de alguna manera, tendrá éxitos parciales y fracasos inevitables.

El escenario de corto plazo es el proceso de desarme y desmovilización de los 5.765 miembros que las Farc tendrían en sus filas, según su propio censo. Este está pactado para durar máximo 180 días desde el día 'D’ –como se ha llamado a la hora cero de la implementación una vez los acuerdos fueron refrendados– y que se inició el 1.° de diciembre de 2016. Ese desarme debe terminar antes de junio de 2017.

Como explica el acuerdo de paz en su introducción, este es un “procedimiento técnico, trazable y verificable mediante el cual la Organización de Naciones Unidas (ONU) recibe la totalidad del armamento de las Farc-EP para destinarlo a la construcción de (tres) monumentos”.

En efecto, el Mecanismo de Monitoreo y Verificación del cese al fuego y de la dejación de armas, liderado por la ONU, pero integrado también por miembros del Gobierno de Colombia y de las Farc, será el encargado de vigilar el rumbo de este proceso, un punto clave para que las Farc hagan la transición de movimiento armado a partido político.

Hasta este 10 de diciembre, cuando Santos recibe el Nobel de paz, el proceso de desarme y desmovilización va en el día D+10. Esto significa que las tropas de las Farc se están desplazando hacia las zonas veredales de concentración acordadas con el Gobierno donde deben estar antes de que termine el 2016. Además, las Farc ya deben estar entregando la información de todo el armamento delicado para que sea destruido por la Misión de la ONU.

Del éxito de esta fase depende la confianza de parte de la opinión pública que todavía es escéptica frente a las bondades del proceso de paz.

El Congreso de la República asume a partir de ahora su rol histórico más importante después de la refrendación del acuerdo para la consolidación de la paz acordada con las Farc. El nuevo texto de paz tendrá que convertirse en leyes a la mayor brevedad posible. Esta es la forma del Estado de firmar sobre piedra la palabra empeñada con las Farc, pero también es la forma como se asegura el compromiso de la guerrilla para que el proceso de paz no tenga vuelta atrás.

El Legislativo cuenta con tiempos precisos. El primer periodo de la actual legislatura termina el 16 de diciembre. El segundo periodo correrá después del 16 de marzo del próximo año. Frente a estos tiempos apretados, el comodín del Gobierno fue convocar a sesiones extras y presentar los proyectos de ley con mensaje de urgencia. Todo esto porque hay leyes prioritarias que deben aprobarse en un tiempo corto para brindar seguridad jurídica a las Farc mientras entregan sus armas.

Será, sin duda, un proceso maratónico. No solamente por la sensibilidad del cese al fuego, sino también para evitar que la implementación se solape con el momento más álgido de campaña electoral de cara a 2018, en el que seguramente muchos legisladores buscarán ser reelegidos.

Para nadie es un secreto que en todo proceso de paz, luego de superar la barrera de la negociación, la implementación de los acuerdos no solo es la parte más frágil, sino que es el momento que define el éxito o el fracaso de lo negociado.

Son al menos 10 las leyes urgentes para la primera fase de implementación de los acuerdos. La primera de estas es la que otorga amnistía a los guerrilleros rasos que no hayan estado involucrados en delitos grave o de lesa humanidad. En resumen, que solo estén relacionados con el delito de rebelión. A esta ley debe sumarse el proyecto que da vida jurídica al mecanismo de justicia transicional, conocido como Jurisdicción Especial para la Paz, encargada de investigar y juzgar los crímenes de todos los actores cometidos con ocasión del conflicto armado.

Por su complejidad, la Jurisdicción Especial para la Paz requiere de otros desarrollos legales, como la creación de la Unidad de búsqueda de Personas Desaparecidas y de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Además, leyes que establezcan un tratamiento penal diferenciado para quienes cometieron delitos relacionados con los cultivos de uso ilícito, pero que no pertenecían a ninguna organización ilegal, como es el caso de las familias campesinas dependientes económicamente del cultivo de coca.

El Congreso también tendrá en sus manos discusiones tan delicadas y polémicas como la prohibición de la extradición de miembros de esta guerrilla y la reforma constitucional que abriría el camino para la transformación de las Farc en partido político.

Otro proyecto con suma relevancia para lo que suceda en los próximos 15 años es el que buscará incorporar un artículo transitorio en la Constitución Política que obligue al Estado a cumplir lo acordado, sin importar quién esté al frente del Gobierno ni cual sea su posición ideológica. El artículo tendría vigencia hasta 2030.

Una vez estas leyes estén aprobadas, hará falta la respectiva reglamentación de cada una. Además, cada entidad estatal involucrada en llevar a cabo lo que ordene la ley deberá asumir su rol. Con ello, la institucionalidad colombiana quedará a prueba.

El mayor reto, que a la postre podría convertirse en el mayor logro, es la consolidación de la paz territorial.
Si incluso la entrega del Nobel de paz a Juan Manuel Santos generó divisiones y agudizó la polarización nacional, es de esperarse que con la implementación del acuerdo de paz suceda lo mismo. Esto representa riesgos para que la paz sea, como dice el acuerdo, estable y duradera.

El primer ingrediente en este escenario es la persistencia del Eln a permanecer como grupo armado. Las negociaciones con esa guerrilla se han visto entorpecidas una y otra vez, entre otras razones, por las demoras en liberar a los secuestrados que todavía tiene en su poder.

El proceso con esta guerrilla, la segunda en tamaño del país, fue anunciado en marzo. Luego de congelarse, debía instalarse a principios de noviembre en Quito, pero no sucedió debido a que el excongresista Odín Sánchez Montes de Oca permanece en cautiverio. Durante estos meses, las hostilidades del Eln contra la fuerza pública y la infraestructura energética del país no han cesado.

Y si bien el Eln representa un desafío de cara a la solución política del conflicto, el principal reto para la seguridad del país, tanto en campos como ciudades, son las bandas criminales.

El peligro de estas organizaciones, dentro de las cuales la principal es el ‘clan del Golfo’ (también conocido como Clan Úsuga), es por partida doble. Por un lado por su poderío militar y control territorial y, por el otro, que como herederos de los grupos paramilitares desmovilizados en la década pasada, son señalados como posibles responsables de los ataques contra líderes sociales de izquierda en distintas regiones del país.

El movimiento político Marcha Patriótica dice que, desde 2012, han sido asesinados 128 de sus militantes. Según sus registros, irían 70 víctimas en el 2016. Además, los ataques se habrían intensificado después de las movilizaciones ciudadanas en favor de la paz tras el resultado del plebiscito el 2 de octubre.

La gravedad de estos hechos radica en el antecedente de exterminio del partido Unión Patriótica, surgido del proceso de paz con las Farc adelantado por el expresidente Belisario Betancur a mediados de la década del ochenta.

Evitar el reciclaje de violencias –concepto que ha usado la periodista María Teresa Ronderos frente al fenómeno del paramilitarismo– es el reto principal del proceso de paz que, hasta ahora, comienza su fase más compleja y decisiva.

En apenas un par de años, otro gobierno estará al frente del poder ejecutivo en Colombia y un nuevo Congreso será el encargado de legislar. Así las cosas, 2017 será la antesala de una intensa campaña presidencial entre dos grandes sectores: la centroizquierda, aliada del Gobierno y jugada con el proceso de paz, y la centroderecha, más crítica, con nuevos protagonismos fortalecidos por el plebiscito, y crítica acérrima de lo pactado con las Farc.

En esa dualidad son muchos los partidos y matices, de manera que cualquier cosa podría suceder en materia de alianzas y rupturas hasta entonces. Aun así, no queda duda de que el futuro del proceso de paz con las Farc –y quizás con el Eln– marcará el tono del proceso electoral. En el mismo sentido, que los electores serán favorables a una u otra posición no solamente por sus opiniones previas –expresadas en las urnas el 2 de octubre–, sino también por lo que suceda en estos dos años iniciales de la implementación del histórico acuerdo con las Farc.

Es obvio que la relevancia del actual proceso de paz es mucho mayor que la de unas elecciones. Pero también es cierto que el próximo Gobierno asumirá la fase más crítica y delicada en la contrucción de lo que se ha venido llamado el posconflicto, que no es otra cosa que un país que empieza a consolidarse en la modernidad.

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