Hunden 'mico' que permitía levantar suspensión de capturas de exFarc

Hunden 'mico' que permitía levantar suspensión de capturas de exFarc

Así lo señaló la congresista Goebertus. Se reabrió debate sobre lo aprobado. ONU también alertó. 

Farc

La Procuraduría estableció que los tres hombres fueron excluidos de las listas que las Farc entregaron a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

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Eliana Aponte / EL TIEMPO

Por: Redacción Paz
12 de diciembre 2018 , 02:47 p.m.

"Gracias a la presión ciudadana acabamos de lograr reabrir esta discusión y hundir esa proposición" que permitía levantar la suspensión de órdenes de captura en contra de los antiguos miembros de las Farc, señaló en la tarde de este miércoles la congresista Juanita Goebertus.

La representante a la Cámara por Bogotá, del partido Alianza Verde, había señalado que esa proposición aditiva al proyecto de ley que busca prorrogar y modificar la ley de orden público se había aprobado como un 'mico'. Sin discutirse la norma había quedado avalada por la cámara baja del legislativo en la noche de este martes. 

Incluso el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en su informe al Consejo de Seguridad en el que realizó un balance de la implementación del acuerdo de paz,  llamó la atención este miércoles sobre la falta de seguridad jurídica para las excombatientes de las Farc y particularmente sobre esa disposición introducida en proyecto de reforma sobre la ley de orden público que permitiría levantar las ordenes de captura contra los exguerrilleros, contrario a lo dispuesto en lo pactado.

“Ningún proceso de paz está exento de incertidumbres, pero la consecución de la paz en Colombia se ha visto entorpecida por niveles de incertidumbre que han generado recelos profundos y comprensibles entre los miembros de la Farc que se reincorporan a la sociedad. La incertidumbre se sigue cerniendo sobre cuestiones que están en el centro de cualquier acuerdo de paz: las garantías jurídicas, políticas y, en ultima instancia, de seguridad para quienes han depuesto sus armas y esperan que las instituciones cumplan esas garantías”, enfatizó Guterres. 

En relación a la proposición aditiva al proyecto -que busca prorrogar y modificar la Ley 418 de 1997, de orden público, en discusión actual en el Congreso- que dispone la reactivación de órdenes de captura suspendidas, la misión de la ONU que verifica lo pactado había señalado que "como está(ba) redactada, tiene precisamente el potencial de afectar las garantías jurídicas de los exmiembros de las Farc que han hecho dejación de armas y están en proceso de reincorporación".

El Decreto Ley 900 del 2017, que modificó aspectos de la Ley 418, establece que las órdenes de captura derivadas de delitos competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) cometidos antes del 1 de diciembre de 2016 quedarán suspendidas hasta que la misma justicia de paz resuelva la situación jurídica de dichas
personas. Ninguna otra autoridad, en desarrollo de lo pactado en La Habana, tiene la potestad de reactivar dichas órdenes.

Además, enfatiza la Misión de la ONU, "normas de carácter constitucional establecen la competencia exclusiva de la JEP
para decidir sobre dichas órdenes en el marco del régimen de condicionalidad: el Acto Legislativo 01 de 2016, que crea el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no repetición; la Ley 1922 de 2018, sobre las normas de procedimiento de la JEP; y el proyecto de ley estatutaria de la JEP,
declarada constitucional por la Corte Constitucional".

El equipo verificador de la ONU también había recordado que, de acuerdo a lo dicho el máximo tribunal constitucional del país, todas las instituciones y autoridades del Estado, incluyendo al Congreso, “tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final. En consecuencia, las actuaciones de todos los órganos y autoridades del Estado, los desarrollos normativos del Acuerdo Final y su interpretación y aplicación deberán guardar coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del Acuerdo Final”.

El Secretario General concluía en su informe al Consejo de Seguridad que "las autoridades del país tienen la responsabilidad de devolver la confianza en el futuro a los miembros de la antigua guerrilla. En un sentido más general, se trata de la esencia misma del principio de la solución negociada de los conflictos armados que las Naciones Unidas apoyan firmemente”.

REDACCIÓN PAZ
Twitter: @PazyJusticia

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