Humberto de la Calle, el hombre que en nombre del Gobierno lideró durante cinco años la búsqueda del acuerdo de paz con las Farc, está “preocupado” porque considera que la Corte Constitucional “abrió esta semana la puerta a una cascada de modificaciones a lo pactado” con la guerrilla.
A De la Calle esto le parece “grave”, un “engaño”. Pero, además, considera “ingenua” la estrategia del Gobierno de cifrar toda su esperanza en las mayorías del Congreso para evitar que se afecte el acuerdo de paz.
Propuso una “enorme coalición por fuera del Congreso” que salga a defender lo que se pactó entre las Farc y el Estado colombiano.
¿Cuál es a su juicio el alcance de la decisión de la Corte Constitucional sobre el ‘fast track’?
Hay que acatar el fallo. Necesitamos solidificar las instituciones, pero, como estamos en una democracia, tenemos derecho a opinar: hay una profunda equivocación de la Corte Constitucional, ha perdido de vista que hay otras normas constitucionales que autorizan la exigencia del consentimiento del Gobierno para tomar decisiones; por ejemplo: en la votación del presupuesto no se pueden incluir partidas nuevas sin la autorización del Gobierno, y lo mismo ocurre con el plan de desarrollo. ¿Para qué existen esas normas? Para darle coherencia al gasto público. Cómo me van a explicar a mí que eso mismo no puede hacerse para preservar la paz, para conseguirla.
La Corte perdió también cierta óptica al no darse cuenta de que esta es una implementación del acuerdo que ya existe y que fue refrendado por el Congreso siguiendo los propios dictados de la Corte; estamos en una fase de desarrollo, no se está discutiendo un acuerdo nuevo. Lo acordado es la manera de garantizar eficacia y lograr que la implementación sea genuina. Nadie ha dicho que se violó la separación de poderes frente al presupuesto o al Plan de Desarrollo.
Segundo elemento de reflexión: la teoría de la sustitución de la Constitución es riesgosa, porque implica que los elementos esenciales no pueden ser modificados, y en eso estamos de acuerdo, pero el riesgo es exagerar. Por ejemplo: que se diga que para establecer los acuerdos no se puede implementar un sistema más rápido de votación y que eso sustituye la Constitución me parece un error de óptica. Si hubo deliberación, la forma de votación no significa que la deliberación se haya prohibido. Hubo enmiendas, el propio Gobierno lo ha dicho, por lo que me parece que ese argumento es débil.
¿Puede la decisión de la Corte cambiar el rumbo del acuerdo de paz?
En general, veo un cuadro que me preocupa. El Gobierno ha señalado que la respuesta a lo ocurrido es solidificar la coalición política, y eso está bien, lo entiendo, pero no minimiza los riesgos de una discusión supremamente tortuosa y envía un mensaje que me parece grave, no solo para la guerrilla sino para la sociedad colombiana porque aquí hay un compromiso ético, y esto es más que jurídico o político. Se hizo un acuerdo con una guerrilla para desarmarla; comienza el proceso de desarme y se está implementando lo acordado. Enviar el mensaje de que la Corte va a revisar o a cambiar elementos centrales de lo que se acordó es un engaño frente al compromiso que tiene el Estado colombiano con el acuerdo de paz.
Todo el Estado tiene el compromiso de cumplir con lo pactado, porque fue suscrito con el Ejecutivo, refrendado por el Congreso y siguiendo el lineamiento de la misma Corte Constitucional.
Hemos visto experiencias muy amargas por incumplimientos del Estado a acuerdos con quienes se alzaron en armas. A ese cuadro agrego la actitud de un movimiento político, el Centro Democrático, que se autodenomina movimiento de derecha y que va a volver trizas el acuerdo; “ese maldito acuerdo” es la frase textual. Esto genera un grado alto de incertidumbre y un paso bastante peligroso al propiciar una situación de inseguridad para todos. El acuerdo de paz se pone en jaque y el riesgo de marchar atrás en un tema tan delicado es extraordinariamente grave.
¿Cree que lo que decidió la Corte alcanza a conspirar contra el proceso?
Genera unos riesgos que no teníamos. Tampoco los quiero magnificar, pero alguien tiene que hacer una advertencia. Todo lo pactado no puede ser sometido a una visión cerrada desde la teoría exagerada de la sustitución de la Constitución; me parece que el riesgo puede crecer. Es momento de una reflexión, porque aquí se está jugando la suerte del país.
¿Ve preocupados a los miembros de las Farc?
Sí, los veo preocupados, pero me parece que mayor es la preocupación de la sociedad. El Gobierno, como le corresponde, intentó mostrar una dimensión más tranquila. Pero no puede haber ingenuidad, porque esto abre la puerta a una cascada de modificaciones de lo pactado. Hay que cumplir la palabra empeñada.
¿Cómo me van a hablar de sustitución de la Constitución? ¿De cuál Constitución? ¿De la que surgió en el 91?
¿Le parece que es grave viniendo de una institución como la Corte Constitucional?
Lo que se dijo por ambas partes en La Habana fue: sometámonos a una decisión en la Corte en materia de refrendación, pero hoy tenemos un acuerdo y no se ha valorado suficientemente por la Corte que un acuerdo de paz tiene una cierta categoría jurídica, no es simplemente una ley ordinaria, no es mirar una decisión que en este caso fue constitucional. Cuando de por medio está el mandato del cumplimiento constitucional, la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento para todos. ¿Cómo me van a hablar de sustitución de la Constitución? ¿De cuál Constitución? ¿De la que surgió en el 91? Aquí no estamos sustituyendo nada; por el contrario, estamos cumpliendo y cerrando un ciclo histórico que empezó en el 91 y había sido imposible consolidar, es exactamente lo contrario a la sustitución, es la reafirmación de la orden que el constituyente primario les dio a las instituciones en Colombia para conseguir la paz.
La Corte tiene que asimilar y asumir las transformaciones políticas, las interpretaciones del derecho; me parece que aquí está de por medio la paz, que es un derecho y un deber, un acuerdo ya suscrito e implementado, y aquí no se puede dar lugar a generar riesgos.
¿Qué cree que se debe hacer para evitar que la decisión de la Corte afecte el acuerdo?
El Gobierno dice, con razón, que la respuesta es la mayoría, la coalición, pero en la práctica no seamos ingenuos: llevar eso a la realidad con los detalles va a generar controversias enormes y por eso me parece que hay lugar a configurar no solo en el Congreso, sino en la sociedad, una coalición enorme de todos los que estamos defendiendo el proceso y que estamos protegiendo una paz que apenas comienza a nacer, una coalición enorme que nos permita continuar por el camino, no tanto de la discusión de los acuerdos, sino de los desarrollos futuros y la oportunidad de transformación que significa el acuerdo y también de la defensa del Estado de derecho auténtico, de la filosofía liberal y del respeto a la diferencia, de la lucha contra el autoritarismo, contra el fanatismo religioso, es eso lo que está en juego: la esencia de una sociedad tolerante y abierta.
Las Farc dicen que hay que hacer una ‘reconducción del proceso’. ¿Qué es eso?
No entiendo esa expresión ni sé realmente qué quiere decir. Lo que tenemos que hacer es cumplir. Las Farc tienen que cumplir; hay preocupaciones que han manifestado, pero deben cumplir, y el Estado también, y no me estoy refiriendo al Ejecutivo, ni al Congreso ni a la Corte de manera aislada. Hay un acuerdo y un deber ético de cumplirlo, y todos los órganos del Estado deberían encaminarse hacia el cumplimiento de este. La Corte ha enviado un mensaje de que los acuerdos no están acabados y que en su fase de implementación podemos regresar a discutir cosas que ya han sido resueltas y ratificadas por el Congreso.
¿Y este concepto le parece muy grave?
Sería un acto de perfidia, porque uno no puede desarmar una guerrilla y luego recomenzar discusiones como se propone ahora. Y más grave aún: “volver trizas” un acuerdo, eso es un mensaje extraordinariamente malo, porque aquí hay una palabra empeñada y me parece que lo ético es continuar en el camino, no solo del cumplimiento de los acuerdos, sino de los desarrollos y transformaciones que se desprenden de los acuerdos.
¿No le parece que este debate no lo debería sorprender, sobre todo porque usted sabe que este podrá ser el eje principal del debate de 2018, en el que seguramente usted va a estar?
A estas alturas de mi vida tengo dos elementos indelebles y llegaré al final de mis días afincado y defendiendo esos intereses: uno, la Constitución, no los aspectos funcionales –eso se puede cambiar–, sino la idea de una sociedad liberal, incluyente, que se reconoce multiétnica y multicultural; y, segundo, el acuerdo de paz y la idea de implantar una paz estable y duradera. Voy a estar en esa defensa hasta el final de mis días en donde me toque; entonces, implícitamente, usted conduce la pregunta al tema de la candidatura.
Pero usted sabe que esto es una realidad política
Voy a estar en esa discusión. Esta nueva situación que pone en jaque lo que trabajamos con tanto cuidado y amor casi cinco años en La Habana sí me genera la tentación eventual de tomar la bandera yo mismo, personalmente, o estoy dispuesto a hacerlo en favor de otro.
¿Entonces sí, y la bandera será la defensa de la paz?
El tema será la defensa del proceso de paz y su implementación. Pero también de la filosofía liberal y de la tolerancia y del respeto liberal y de la no discriminación.
¿Lo veo conectándose casi inevitablemente con la campaña presidencial por esta vía?
Ahora sí estoy tentado, porque siento la obligación de defender esto desde donde me toque.
¿Se va a oponer a que vuelvan “trizas” el acuerdo?
Categóricamente.
EDULFO PEÑA
Editor de Política