Homicidios de ex-Farc de este año podrían superar los del 2018: ONU

Homicidios de ex-Farc de este año podrían superar los del 2018: ONU

La Misión de Verificación está preocupada por esta situación, pero reconoce esfuerzos del Gobierno.

Desmovilizados de las Farc

Según cifras de la ONU, desde que se firmó el acuerdo de paz han sido asesinados 147 exguerrilleros.

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Eliana Aponte / Archivo EL TIEMPO

Por: Política
14 de octubre 2019 , 12:24 a.m.

Una de las principales preocupaciones de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia son los asesinatos de los desmovilizados de las Farc.

Así quedó en evidencia en el informe trimestral presentado la semana pasada ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

Para Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión, si continúan los homicidios al mismo ritmo que se vienen presentando, la cifra de este año puede superar la del anterior.

Sin embargo, reconoce los esfuerzos del Gobierno para evitar que esto suceda.

“Sigo sumamente preocupado por el elevado número de asesinatos de exmiembros de las Farc-Ep”, dice Ruiz en el informe.

(Además: La reincorporación para la ONU, entre avances y varias preocupaciones)

Este año se han registrado 52 homicidios de excombatientes, de los cuales 24 sucedieron durante los últimos tres meses.

“Al ritmo actual, el número de asesinatos en 2019 superará los 64 asesinatos reportados en 2018”, se lee en el documento.

Desde la firma del acuerdo de paz, en noviembre del 2016, la ONU registra los asesinatos de 147 ex-Farc, así como 12 desapariciones y 21 tentativas de homicidio.

Si bien cerca de los antiguos espacios de reincorporación solo se han presentado cinco incidentes, la ONU insiste en que es necesario que se apruebe un decreto que normalice “lo que ha sido una presencia eficaz de la Fuerza Pública alrededor de los espacios de reincorporación”.

Se han evitado un número alto de incidentes y habría que ver si algún experto en seguridad puede llegar a alguna que nos esté haciendo falta, pero estamos haciendo muchísimo

Y hace un llamado para que “se adopten urgentemente medidas de seguridad integrales para los aproximadamente 8.000 excombatientes que viven fuera de esos espacios, en particular en las nuevas áreas rurales y urbanas. Esto último, debido a que la mayoría de homicidios, sostiene el Gobierno citando las investigaciones de la Fiscalía, se han presentado en zonas de difícil acceso y están relacionados con actores ilegales.

“La sostenibilidad del proceso de reincorporación también requiere que todos los actores, incluidos el Gobierno, Farc y las autoridades departamentales y locales, presten más atención a la situación de los más de 8.000 excombatientes que viven fuera de los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación y que enfrentan retos aún mayores en términos de seguridad, servicios básicos y oportunidades productivas”, agrega el documento.

No obstante, la ONU ve positivo que el Gobierno, bajo la coordinación de la consejería presidencial para la Estabilización y Consolidación, que dirige Emilio Archila, anunció en junio medidas para fortalecer la seguridad de los excombatientes, como el despliegue de 25 agentes de la policía judicial y fiscales adicionales en departamentos considerados prioritarios.

De igual forma, desde la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) se están promoviendo mesas de trabajo para prevenir la estigmatización de los exguerrilleros. En total fueron 23 medidas y, para la Misión, “se han observado algunos avances iniciales”.

“Sin embargo, aún queda mucho por hacer, entre otras cosas, subsanar las continuas deficiencias presupuestarias a las que se enfrenta la entidad encargada de proporcionar protección a los excombatientes”, aseveró Ruiz ante del Consejo de Seguridad.

Para Archila, quien es el encargado del Gobierno en lo que tiene que ver con la reincorporación, el presidente Iván Duque le da una importancia “muy grande” a la seguridad de los ex-Farc. Prueba de esto, dijo, fue la expedición de esas medidas. “Se expidieron más de 20 medidas adicionales de protección que han venido estando en aplicación; gracias a eso, seguramente, se han evitado un número alto de incidentes y habría que ver si algún experto en seguridad puede llegar a alguna que nos esté haciendo falta, pero estamos haciendo muchísimo”, aseveró el consejero.

El Gobierno y la ONU coinciden en que la protección de los desmovilizados no es solo una tarea del Ejecutivo, sino que todas las instituciones del Estado, así como organizaciones civiles, se deben comprometer en ese sentido.

POLÍTICA

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