Tal como lo había prometido en el Congreso la semana pasada, durante un debate de control político al que fue citado, el alto comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, entregó a la Cámara de Representantes las respuestas al cuestionario de 60 preguntas sobre el proceso de paz formuladas por el procurador Alejandro Ordóñez .
(Lea aquí el documento completo de las respuestas del Gobierno al Procurador)
Las respuestas fueron entregadas al representante a la Cámara Santiago Valencia, quien la semana pasada, durante un debate de control político, solicitó a Jaramillo que contestara a los cuestionamientos hechos por el Procurador a inicios de agosto, con el objetivo de “darle a la ciudadanía los elementos de juicio necesarios para que tomen una decisión informada y consciente con respecto al plebiscito”.
Inicialmente el cuestionario había sido enviado al presidente Juan Manuel Santos, quien se negó a responderlo al considerar que, como lo explicó Jaramillo, “el Procurador no tiene fuero sobre el Presidente de la República, quien es la persona que dirige en representación de todos los colombianos el proceso de paz”.
Uno de los principales cuestionamientos de Ordóñez en las preguntas formuladas es si la desmovilización permitirá realmente la desaparición de las Farc como grupo ilegal.
El documento con las respuestas señala al respecto que “con la desmovilización las Farc desaparecen definitivamente como grupo armado ilegal y la totalidad de sus integrantes entregan las armas a Naciones Unidas y se incorporan a la legalidad”.
Otra de las dudas que son resueltas por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz es qué ocurrirá con los cerca de 8.000 milicianos (miembros de la guerrilla que no son combatientes) que se calcula tiene esa guerrilla.
“Todas las estructuras de las Farc deberán concentrarse en las Zonas Veredales Transitorias para ser debidamente identificados e iniciar su proceso de desmovilización”, aclara el documento.
Sin embargo, el representante del Centro Democrático Santiago Valencia, en diálogo con EL TIEMPO, considera que en los estatutos de las Farc “las estructuras hacen referencia únicamente a los combatientes”, por lo que “no está clara la desmovilización de las milicias”, parte importante del aparato ideológico de las Farc.
Frente a la amnistía que recibirán los miembros de las Farc, las respuestas reiteran que esta no aplica para “los delitos de lesa humanidad, el genocidio y los graves crímenes de guerra (…) La amnistía deberá surtirse tras la refrendación popular del acuerdo final”.
Al respecto, Valencia asegura que “si bien la amnistía no aplica para los delitos graves, el acuerdo no estipula penas de cárcel que eviten la impunidad sino que habla únicamente de privación de la libertad”.
“Las respuestas del Gobierno dejan ver que aún existen muchas zonas grises abiertas a la interpretación, lo que puede poner en riesgo la viabilidad de un eventual acuerdo entre el Gobierno y las Farc. Estos vacíos generan preocupación”, concluyó el represente a la Cámara.
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