El consejero presidencial para la estabilización y la consolidación, Emilio Archila, dijo que el Gobierno está comprometido con la seguridad de los excombatientes que dieron el paso a la legalidad y anunció el fortalecimiento de las medidas de prevención y protección en los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reconciliación (AETCR) de Santa Lucía en Ituango y Monterredondo, en Miranda, Cauca.
“La situación de inseguridad en los alrededores de estos dos AETCR está íntimamente ligada con su ubicación. Esto parece haberlo entendido la población en reincorporación en Monterredondo, que en los últimos días aceptó nuestra recomendación de traslado a un sitio donde puedan adelantar sus proyectos productivos que traen en curso. También en consenso con FARC se están evaluando los lotes donde sería reubicado el espacio de Santa Lucía en Ituango, Antioquia”, afirmó Archila.
Según la Consejería, la Policía y el Ejército coincidieron en determinar el interés criminal del Clan del Golfo y de los grupos residuales de presionar a través de distintos mecanismos el retiro de la fuerza pública que custodia los AETCR de Santa Lucía y Monterredondo, ambos ubicados en corredores de tráfico de armas y drogas ilícitas.
Para Monterredondo, en Miranda, Cauca, el ejército aseguró que lo que se ha generado es un rechazo de la población hacia los excombatientes promovido por el grupo armado residual Dagoberto Ramos, para presionar su traslado y liberar el corredor de tráfico de marihuana cultivada en Corinto, Cauca.
Además, la vicefiscal Martha Mancera destacó la puesta en marcha las investigaciones y operaciones, conformada en Antioquia para contener las acciones contra la población civil y en proceso de reincorporación.
Aseguró que de los 12 homicidios en Ituango la Unidad Especial ha esclarecido 9 casos, de 2 tentativas de homicidio se resolvió una y también se esclareció un caso de desaparición, afirmó que detrás de los homicidios de líderes sociales y de reincorporados están las estructuras criminales.
Por tanto, se acordó focalizar los esfuerzos de investigación por homicidios y amenazas y priorizar la atención de solicitudes de protección contra personas en reincorporación; así como reforzar las acciones de prevención por parte de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) y de la Unidad Policial para la Edificación de la Paz (UNIPEP).
Además, a finales de mayo se aprobó la implementación de esquemas de protección personal a 37 reincorporados que habían denunciado amenazas y cuyo estudio de seguridad arrojó riesgos reales contra su integridad.
Carlos Ruiz Massieu, representante del secretario general de la ONU en Colombia dijo que los grupos armados ilegales y las economías criminales ponen retos adicionales a la reincorporación y al buen devenir de la implementación de la paz en Colombia.
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