Mantienen cese del fuego, pese a asesinato a gobernador indígena

Luego de que la Dirección del Frente de Guerra Occidental Omar Gómez del Eln asumiera la autoría del asesinato del gobernador indígena Aulio Isarama Forastero, el pasado 24 de octubre en el municipio de Alto Baudó en el Chocó, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz condenó el hecho.

El Gobierno Nacional anunció que mantiene el cese del fuego. "Ningún incidente por sí mismo será causa de ruptura del cese al fuego de forma unilateral y automática", aclaró la oficina del Alto Comisionado de Paz en un comunicado, agregando que el caso será evaluado por las partes que sostienen diálogos de paz en Quito.

El Ejecutivo también rechazó el asesinato de líderes sociales en el país y aseguró que esperan que “la comunicación del Eln permita a las autoridades avanzar rápidamente en su investigación para que se produzca la actuación judicial oportuna y se condene a los responsables”.

Y agregaron que esperan que el grupo guerrillero implemente “acciones concretas para garantizar” que estos hechos no vuelvan a repetirse y que los autores del crimen de Isarama Forastero “sean puestos a disposición de las autoridades”.

En este sentido, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz indicó que están a la espera del informe del mecanismo de veeduría y verificación del cese del fuego para que se evalúe en la mesa pública de conversaciones los hechos ocurridos en el departamento del Chocó.

“La mesa de conversaciones evaluará toda la información objetiva que reciba para que se adopten las decisiones que correspondan frente a la continuidad del cese del fuego”, agregaron.

Aulio Isarama Forastero, del Resguardo Catru Dubaza Ancoso, del municipio del Alto Baudó, era gobernador de la comunidad indígena de Docasina, resguardo localizado en zonas rurales de ese municipio del Chocó. Fue acribillado en cercanías de su resguardo luego de que hombres armados lo sacaron de su vivienda.

Su familia sospechó del Eln desde el comienzo y, en declaraciones a la prensa, pidió al Gobierno asegurarse de que se haga justicia en su caso.

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