Garantizar la seguridad de los ex-Farc, un reto para el 2020

Garantizar la seguridad de los ex-Farc, un reto para el 2020

Este año fueron asesinados más exguerrilleros que en 2018. 

Asesinatos - homicidios Farc

Este año han sido asesinados más de 60 desmovilizados de las Farc.

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AFP

Por: Política
29 de diciembre 2019 , 08:43 p.m.

Uno de los principales retos del Gobierno Nacional, y de la misma Farc, es sacar adelante la reincorporación y garantizar que el regreso a la sociedad civil de los 12.948 exguerrilleros que están en el proceso sea exitoso.

Sin embargo, la tarea no ha sido fácil. Si bien se han evidenciado algunos avances en temas de vivienda, educación, economía y servicios públicos, existe un aspecto que será clave para el 2020: garantizar la seguridad de los desmovilizados y evitar que continúen los asesinatos.

Desde la firma del acuerdo, en noviembre del 2017, van más de 160 homicidios de ex-Farc, según los registros de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia. Y este año van más de 65, superando la cifra del 2018, cuando fueron 64.

Un reciente informe publicado por Ideas para la Paz (FIP), titulado La reincorporación de las Farc, tres años después, plantea algunos desafíos que enfrenta la reincorporación, y califican la seguridad como un tema prioritario.

Según el centro de pensamiento, es necesario que el Gobierno aclare el futuro de los antiguos Espacios Territoriales para la Capacitación y Reincorporación (ETCR), que tenían vigencia legal hasta agosto del 2019.

Si bien el Gobierno continuará administrando estos espacios hasta el 2020, hace unos meses trascendió que se está evaluando cuáles de esos 24 espacios, donde viven 3.220 personas, continuarán funcionando o se transformará su figura jurídica. Incluso, algunos de estos podrían ser trasladados.

Ideas para la Paz destaca que el Gobierno anunció que invertirá 4,7 millones de dólares en la compra de terrenos donde se encuentran los ETCR, pero se pregunta por la “relación costo-beneficio de esa inversión, teniendo en cuenta que estas zonas albergan a menos de un cuarto de la población en proceso de reincorporación”.

Y agregan que será un reto incorporar estos espacios a los ordenamientos territoriales, lo cual representaría “enormes desafíos en cuanto a recursos y a la capacidad de las autoridades locales, como asumir la ampliación de la oferta en servicios públicos a zonas apartadas o modificar, en algunos casos, los planes de ordenamiento”, argumentan.

El informe también habla de los desafíos en cuanto a la reincorporación económica. Explican que la mayoría de excombatientes de las prefieren adelantar su reincorporación económica a través de proyectos productivos en vez de buscar un empleo, pero solo el 24 por ciento de los ex-Farc ha podido acceder a un proyecto. Este es un reto.

“En el caso de los proyectos colectivos, hay que decir que han enfrentado grandes dificultades, principalmente por la falta de celeridad en el proceso de aprobación por parte del Consejo Nacional de Reincorporación, las barreras de acceso a tierras, la escasa capacidad técnica y administrativa en su estructuración y la necesidad de buscar recursos de cooperación para los cierres financieros”, se lee en el documento.

Seguridad, el gran reto

Sin duda, reducir los homicidios de ex-Farc es el gran reto del proceso de reincorporación para el 2020.

Estudios de la FIP revelan que el 80 por ciento de los homicidios ocurren en zonas donde hay diferentes economías ilegales y grupos armados ilegales. Además, solo un caso se ha presentado en los antiguos ETCR.

“La FIP ha insistido en que para responder a los riesgos de seguridad a que están expuestos los excombatientes se requiere, además, de los esquemas de protección individual que ha venido privilegiando el Gobierno, abordar la seguridad desde la perspectiva del territorio y sus interacciones, fortaleciendo las capacidades locales y la reincorporación comunitaria. También es necesario enfocar los esfuerzos en las zonas más críticas, con una perspectiva balanceada que vaya más allá de las respuestas reactivas”, dice el informe.

Sin embargo, también se exhorta a los líderes de la extinta guerrilla, pues “preocupan las manifestaciones de fragmentación; en especial, el hecho de que algunos de sus líderes estén buscando espacios de negociación con el Gobierno Nacional para encontrar alternativas paralelas al proceso de reincorporación vigente”.

Otra de los aspectos claves para la FIP es diseñar la ruta de la reincorporación. Sin embargo, esta ya fue presentada por el Gobierno la semana pasada. Esta traza el camino que se debe seguir para continuar recibiendo los beneficios del Estado y tiene siete componentes claves que deben cumplir los desmovilizados: educación, sostenibilidad económica, vivienda, salud, familia, bienestar psicosocial y comunitarios.

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