“En la medida en que le demos la oportunidad al Acuerdo se van a ir desvaneciendo los prejuicios. La paz en Colombia, la justicia para la paz, merece una oportunidad”, así lo aseguró el vicepresidente Óscar Naranjo e hizo un llamado al país a superar polarización que se ha generado en el país por la forma en que se van a juzgar a los excombatientes de las Farc.
El pronunciamiento de Naranjo se dio durante el foro ‘Justicia para la paz: un reto’, organizado por la Universidad del Rosario, EL TIEMPO, el PNUD y la Fundación Hanns Seidel, en el que líderes de opinión examinan la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)
Esta jurisdicción, que ya está en marcha tras la aprobación de la enmienda constitucional en el Congreso de la República hace dos semanas, es para muchos la esencia del proceso de paz con las Farc, pues tiene como propósito darle seguridad jurídica no solo a los excombatientes de la guerrilla, sino también al proceso mismo.
La justicia para la paz, acordada en La Habana e incorporada a la Constitución colombiana, conocerá de los delitos graves cometidos por los exguerrilleros, pero también de los agentes del Estado y de algunos civiles.
El instrumento jurídico ha sido uno de los puntos más cuestionados por la oposición, especialmente por el partido político del expresidente Álvaro Uribe, el Centro Democrático (CD).
Durante el evento académico, el Vicepresidente resaltó que con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se garantiza que no habrá impunidad, pues se pactó que quienes hayan cometido delitos atroces deben ser juzgados.
“El sistema se ubica no sólo en el nivel exigido por los estándares internacionales sino superior. Está excluida la amnistía y el indulto para esos actores que han cometido delitos atroces”, manifestó Naranjo.
El Vicepresidente resaltó igualmente que con este sistema se garantizará que haya una conexión entre la jurisdicción ordinaria y la justicia para la paz, lo que permitirá que las investigaciones que ya ha adelantado la Fiscalía sean utilizadas por la JEP.
Naranjo mencionó tres aspectos por los cuales la JEP y el proceso de paz traerán progreso al país.
El primero de ellos es que, después de más de 50 años, “se silencian los fusiles”, pues las Farc ya están concentradas en las zonas veredales en las que se encuentran en su proceso de transición hacia la vida civil.
Está excluida la amnistía y el indulto para esos actores que han cometido delitos atroces
“El segundo punto es que también permite transformar temas sustanciales como la participación política, vemos con optimismo que pueda haber una segunda oleada ciudadana que incorpore a más ciudadano para participar en los procesos políticos”, señaló Naranjo.
El tercer aspecto es el fortalecimiento institucional y la oportunidad que va a significar para las regiones más golpeadas por el conflicto la llegada del Estado “no sólo con la Fuerza Pública”
En sus palabras de instalación del foro, el director de EL TIEMPO, Roberto Pombo, afirmó que este era "el más importante" de los que se han organizado "en la medida en que le pega a la pepa del proceso de paz, que es el tema de la justicia transicional".
"Fue por cuenta de la definición de la justicia transicional que se logró al acuerdo de paz y consiste, el futuro de la implementación, en que esta justicia especial para la paz cumpla los efectos para los cuales se hizo", dijo Pombo.
El rector de la Universidad del Rosario, José Manuel Restrepo, coincidió con Pombo en que este tema es la "médula", el "sistema nervioso" del proceso con las Farc y su implementación.
Para Benjamín Bobbe, representante regional para Colombia y Venezuela de la Fundación Hans Seidel, Colombia es "líder mundial" en la "aplicación" de la justicia transicional, el cual es "un tema muy complejo".
Y Alessandro Preti, coordinador del área de paz del Pnud, dijo que para Naciones Unidas "se requiere un consenso no sólo sobre la paz sino cómo construirla"
Una combinación entre la consecución de resultados y la satisfacción de los afectados por el conflicto pidió la procuradora delegada para el apoyo a las víctimas y a los desmovilizados, Elena Ambrosi, en el desarrollo de la justicia para la paz.
Ambrosi dijo que el gran desafío de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es "la eficiencia".
"Es necesario reducir la tensión entre la consecución de resultados prontos y la satisfacción de las víctimas del conflicto", afirmó la funcionaria.
También pidió que haya "un mecanismo de seguimiento" para el uso transparente de los recursos para la implementación de los acuerdos e "imparcialidad" e "independencia" en la escogencia de los magistrados del Tribunal para la paz.
El rector de la universidad Externado, Juan Carlos Henao, aseguró en el marco del foro que "la JEP cumple con los estándares internacionales" al igual que las sentencias que llegue a dictar.
"Los estándares internacionales parten de unos mínimos que hay que cumplir" dijo el académico, quien aclaró que no se puede partir de los máximos.
Para Henao, los estándares se cumplen porque están acordes con el Derecho Internacional y el DIH, a lo que agregó que en la JEP, el derecho a la paz es defendido como el primer deber que debe tener una sociedad.
Dijo que también el derecho a la verdad se respeta totalmente
Finalmente habló que lo que denominó "la ansiedad anticipadora", de la que dijo que la oposición juega con ese conocerlo
Dijo que eso no es otra cosa que generar el temor a presente para que uno no haga una cosa. Y en ese punto señaló como ejemplo que los opositores al acuerdo de paz mencionan hechos como que Timochenko será presidente o que nadie pagará cárcel.
"Démosle la oportunidad a la paz, no nos dejemos meter con la ansiedad anticipadora", dijo
En contraposición, el excandidato vicepresidencial del uribismo, Carlos Holmes Trujillo, afirmó que existen "estándares internacionales" de aplicación de justicia a los cuales Colombia debe acogerse.
Para Holmes Trujillo estos parámetros "no han sido el resultado de generación espontánea" sino que de "elaboración" de instancias como Naciones Unidas.
Entre estos mencionó la Convención Americana de Derechos Humanos, el Estatuto de Roma y la Convención Interamericana de DD. HH., entre otros.
"La Corte Constitucional ha dicho que la impunidad en casos de violaciones de derechos humanos implica una vulneración de las obligaciones internacionales de Colombia", afirmó Holmes Trujillo.
En el mismo sentido, la senadora por el Centro Democrático y precandidata presidencial del uribismo María del Rosario Guerra afirmó que los magistrados de la justicia para la paz serán "elegidos por personas que han demostrado que han condenado a Colombia en otra instancias".
Sobre la responsabilidad del mando en la supuesta comisión de ilícitos por parte de los uniformados dijo que "tradicionalmente la justicia venía de arriba hacia abajo, es decir llamaban al responsable y de ahí para abajo se desprendían todas las responsabilidades", pero que con el nuevo diseño será al contrario.
"No hemos alcanzado a dimensionar hasta dónde llega este tema de la responsabilidad del mando", dijo.
El general Juan Guillermo García, subjefe del Estado Mayor Conjunto, dijo que el Estatuto de Roma debe respetar la jurisdicción colombiana y agregó que los militares se están sometiendo a la JEP porque quieren la paz para el pueblo colombiano.
Sobre este tema dialogó con el EL TIEMPO el jurista Rodrigo Uprimny, experto y participante en el encuentro.
¿Cuál es la esencia de la justicia que se les aplicará a los excombatientes?
La Jurisdicción Especial de Paz o JEP es un mecanismo transitorio de justicia transicional, que busca dar un cierre jurídico a nuestra guerra, para lo cual intenta un equilibrio entre la paz negociada, los derechos de las víctimas y el deber del Estado de sancionar atrocidades cometidas en el conflicto.
¿Qué tan importante es esta justicia para el éxito del proceso de paz?
La paz no puede hacerse amnistiando crímenes atroces, pues sería una afrenta a las víctimas y desconocería obligaciones internacionales de Colombia. Sería una paz injusta y frágil. Pero tampoco puede hacerse la paz con las penas ordinarias, pues nadie pacta la paz para irse a la cárcel por 50 años por crímenes como secuestro. Y por ello es necesaria una justicia especial, que es la JEP, que sancione esos crímenes pero con penas alternativas menos severas, a cambio de la paz y de que haya contribuciones exhaustivas a la verdad.
Algunos dicen que el tratamiento para los militares no está acorde con los estándares internacionales...
Está bien que haya también justicia transicional para agentes del Estado que hayan cometido atrocidades, para lograr un tratamiento equilibrado de todos los actores involucrados en el conflicto. Pero hay aspectos problemáticos en la regulación de la justicia transicional de miembros de la Fuerza Pública. El más grave es que se restringió indebidamente la llamada responsabilidad del mando frente a lo establecido en el derecho internacional. Y eso no solo abre espacios de impunidad sino que debilita la solidez jurídica del proceso de paz, pues la Corte Penal Internacional podría intervenir.
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