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Proceso de Paz

Fondo de Tierras tiene 200.000 de 3 millones de hectáreas previstas

En el primer trimestre del año radicarán otra demanda étnica, la del resguardo Kwet Wala de Pradera

En el primer trimestre del año radicarán otra demanda étnica, la del resguardo Kwet Wala de Pradera

Foto:Archivo EL TIEMPO

El plazo para conseguir el total que se distribuirá entre campesinos sin tierra vence en el 2028.

Una de las metas más ambiciosas del acuerdo de paz con las Farc, la ampliación del número de campesinos propietarios de tierra, avanza según el Gobierno, pero está claro que los resultados serán a largo plazo
Según Miguel Samper, director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), institución creada para llevar a cabo esa tarea, hasta la fecha hay registradas a nombre de la Nación 200.000 hectáreas, de los tres millones que espera llevar al Fondo de Tierras hasta el 2028.
De ese fondo deben salir las hectáreas para entregar a los campesinos que no tienen tierra o no poseen la suficiente para subsistir.
Este jueves, durante un balance de la implementación de los acuerdos de paz con las Farc, encabezado por el vicepresidente, Óscar Naranjo, este fue insistente en que para el Gobierno es una prioridad todo lo que tiene que ver con la adjudicación de tierras a los campesinos.
Hasta ahora, según el balance entregado en la Casa de Nariño, también han sido formalizadas 1’470.000 hectáreas, de la meta de 7 millones que se tiene en los próximos 10 años.

La formalización

De esos casi 1,5 millones de hectáreas formalizadas hasta ahora hace parte la entrega de 3.220 títulos de propiedad a igual número de familias campesinas que llevaban décadas esperando la legalización de sus tierras.
Así mismo, en la cifra de predios formalizados se cuentan 1.065 títulos entregados por la Agencia Nacional de Tierras a familias que abandonaron los cultivos ilícitos. En virtud del programa Formalizar para Sustituir, el Gobierno legaliza la propiedad de los excocaleros.
“Les extiende la mano para que sigan transitando esa ruta hacia la legalidad”, afirma Samper, quien asegura que con ese programa se ha logrado reducir el índice de resiembra de cultivos ilícitos –fenómeno frecuente cuando hay erradicación forzada o, incluso, sustitución voluntaria– a cero por ciento. “Es una cifra inédita”, agrega.
De la formalización también hace parte la adjudicación de 22.483 baldíos. Todos, durante el último año y medio. Y se espera que este año puedan ser adjudicados otros 55.200 baldíos y entregados 5.500 títulos más a campesinos excocaleros.
El Vicepresidente de la República dijo que durante la implementación de los acuerdos de paz, prevista para 15 años, será la política rural que adelanta el Gobierno la que permita acabar con la inequidad que dio origen al conflicto armado.
“La reforma rural integral nos permite llegar al territorio, a la ruralidad, porque es allí donde se dio y se originó el conflicto, y es el núcleo del acuerdo”, recalcó Naranjo.
La meta es que el Fondo de Tierras tenga antes del 7 de agosto, cuando termina su segundo periodo el presidente Juan Manuel Santos, unas 900.000 hectáreas más.
El director de la Agencia de Tierras aprovechó el balance entregado este jueves para responder a críticas del Centro Democrático sobre la política rural del Gobierno y dijo que es equivocado decir que se le está entregando el país a la Farc, como sostiene ese partido político orientado por el expresidente Álvaro Uribe.
Samper sostiene que la entidad que dirige ha velado para que el país rural esté en manos de los campesinos que trabajan la tierra, las comunidades étnicas que quieren profundizar su arraigo y los empresarios que están vinculados a proyectos con campesinos que aspiran a quedarse en esa tierra.
También como parte de los compromisos adquiridos en el punto uno de los acuerdos de paz, sobre desarrollo rural, el Gobierno ha intervenido 1.780 kilómetros de vías terciarias de los 2.309 que aspira a intervenir para que los campesinos de antiguos territorios del conflicto puedan sacar sus productos al mercado.

Todavía habría 481 colados en listas de la Farc

En las listas que la Farc le pasaron a la Oficina del Comisionado de Paz con los nombres de los miembros de su organización, todavía hay 481 que no han sido acreditados porque hay serias dudas sobre su pertenencia a la exguerrilla.
Según esta oficina, de ese número hay 27 personas reportadas por la Farc como milicianos y 454 privadas de la libertad.
Según Gerson Arias, asesor del comisionado de Paz, “todo indica que no son integrantes de la Farc”.
Arias sostuvo que hay gente que, según información de Inteligencia, hace parte de estructuras de crimen organizado o de la que no hay ninguna evidencia específica de que hacen parte de la Farc”.
Entre ellos incluso habría algunos integrantes del Eln. La Farc no ha respondido a esas inquietudes del Gobierno.
REDACCIÓN PAZ
En Twitter: @PazELTIEMPO
redaccionpaz@eltiempo.com
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