Unos ojos brillantes como los de un enamorado y una sonrisa radiante dejaban ver en el rostro de Ángel Edmundo Pasuy, delegado de los cabildos indígenas kamënsá e inga, del Valle del Sibundoy, la satisfacción del deber cumplido.
¿La razón? Luego de 316 años de lucha, estas dos comunidades recibieron este diciembre, por fin y casi como un regalo del Niño Dios, los títulos de las propiedades en donde han habitado por miles de años.
Como un adelanto de las festividades navideñas, en los diferentes resguardos los indígenas celebraron con música, baile y chicha la entrega de las casi 72.000 hectáreas que el Gobierno les legalizó a más de 15.000 aborígenes.
Para Pasuy, lo más importante es que los problemas territoriales y las situaciones conflictivas de los pueblos indígenas quedaron en el pasado.
“Tenemos la oportunidad de ejercer nuestro gobierno propio –aseguró Pasuy– sobre esas áreas de territorio que se han reconocido y reafirmado. Esto va a traer muchos beneficios y queremos que sea para la comunidad”.
Según los indígenas, este es un nuevo comienzo en la protección de algo que es sagrado para ellos: la tierra. Es por eso que el 17 de diciembre se vivió una verdadera fiesta en la biblioteca de la vereda de San Silvestre, en el municipio de San Francisco, Putumayo. Todo fue gozo.
El auditorio, decorado con banderines de colores, estaba lleno de pobladores vestidos con ruanas rojas y azules y quienes con sus bailes y comidas celebraron la llegada del mensajero, el portador de buenas noticias, el que entregaría a manos de sus autoridades el regalo tan esperado.
El encargado de esa labor fue el viceministro de Participación e Igualdad de Derechos del Ministerio del Interior, Luis Ernesto Gómez, para quien entregar los títulos a la comunidad reafirma la autonomía de los pueblos indígenas.
Como muestra de agradecimiento, la comunidad le entregó al Viceministro un sayo azul, atuendo típico de su región, y el bastón de mando, que simboliza la autoridad y rectitud en el ejercicio del poder.
Además, las abuelas, figura importante en la comunidad kamënsá, rindieron un homenaje.
Vestidas con trajes típicos compuestos por falda larga negra, blusa blanca y peinadas con un par de trenzas, cinco ancianas y un hombre cargados de canastas con flores, símbolo de cosecha y florecimiento, interpretaron varios bailes, como el bambuco y música propia de la comunidad. La celebración llegó a tal punto que hasta el Viceministro bailó.
Otro de los anfitriones fue el taita Arturo, al que la comunidad tanto kamënsá como inga también le entregaron un sayo y le hicieron varios reconocimientos por la labor que ha desempeñado en la constitución de sus resguardos.
“Este proceso es una necesidad del pueblo por seguir existiendo. Porque los pueblos kamënsá e inga están en vías de extinción. Hemos querido dejar un legado, hoy es un día histórico para nosotros y así lo reconocerán nuestras futuras generaciones”, manifestó el taita Arturo.
Sin embargo, San Francisco no fue el único que estuvo de fiesta; otros dos municipios: San Andrés y Colón, se constituyeron como resguardos indígenas.
Para San Francisco fueron 17.162 hectáreas, mientras que para San Andrés, 13.562, y para Colón, 1.531.
Es decir, en la constitución de los resguardos se entregaron más de 13.000 hectáreas.
La otra parte se fue para la ampliación del Biya de Sibundoy, resguardo que aunque ya estaba constituido con 3.252 hectáreas hace más de 60 años y que hoy aumenta a 42.625.
Esta población de más de 6.000 indígenas también festejó con cantos en el interior de la catedral, en la que se sirvió comida y se agradeció a los ancestros que también lucharon por su territorio.
Propiedad que hoy es heredada por el testamento del taita Carlos Tamabioy de 1700 a las comunidades inga y kamënsá.
Ahora los indígenas argumentan que cuidarán y preservarán su territorio, el cual debía ser reconocido hace miles de años.
El gobernador de Biya de Sibundoy, el taita Justo Juagibioy, fue el encargado de recibir a los mensajeros en el municipio. En su entrada, hablando entre kamënsá, su lengua original, y castellano, dio la bienvenida a la ampliación del resguardo.
Entre sus frases en castellano se le escuchó agradecer a algunos de los que han luchado por la constitución de los resguardos. En el recinto se entonó el himno kamënsá.
Para el director de asuntos étnicos de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Guillermo Valencia, “la preocupación de ellos (los indígenas) es el territorio, porque argumentan que están en un proceso de extinción”.
Valencia afirmó que el proceso contempla la constitución de otros dos resguardos que aún no están listos, pero en los que han avanzado.
Uno es el de la comunidad inga de Santiago, y el otro, el de San Pedro, ambos en el Putumayo. El primero esperan que sea entregado a comienzos del próximo año.
Para la comunidad, sin duda, los títulos entregados hasta ahora son un verdadero galardón, pues representan, según ellos, un estado de protección del territorio y de la tierra, que es la madre que les da vida.
Elías Ventura Trejo Santos posa con algunos de sus hijos y nietos, en su finca en el predio El Tesoro. Le dieron el título de propiedad sobre las 22 hectáreas que la conforman.
La vereda El Tigre 1, en Caucasia, Antioquia, semeja un inmenso tapete de todas las tonalidades de verde. Parece un lugar plácido, sereno. Sin embargo, en esta tierra las heridas de la guerra aún no han sanado por completo.
En esta zona, perteneciente al Bajo Cauca antioqueño, hicieron presencia desde los años 70 las Farc y el Eln, y, posteriormente, el Bloque Central Bolívar y Bloque Mineros de las Auc.
Caucasia fue durante años el epicentro de varias páginas de horror, escritas con sangre, en particular por ‘Cuco Vanoy’ y Carlos Mario Jiménez, ‘Macaco’.
Los dos paramilitares sembraron el terror. Un día, una masacre aquí, al siguiente, una violación allí, y al otro, un desplazamiento más arriba.
Todo, porque desde esta geografía espléndida, de ríos caudalosos, se abrían las rutas del narcotráfico.
En este contexto, los paramilitares –en asocio con los caciques políticos– iniciaron una ofensiva que se vivió en otras partes del país: amenazar a los humildes lugareños e incendiarles sus viviendas hasta llenarlos de miedo para presionar un éxodo del que creían que no volverían.
Es por esto que en los rostros de los residentes se ven aún las heridas de una guerra que no ha cesado. Familias despedazadas, homicidios, amenazas y la apropiación de cultivos a la fuerza por parte de estos grupos ilegales desmembraron su comunidad.
Pero hoy la historia es diferente para los 70 habitantes que volvieron a este corregimiento. Desde 2015, la Unidad de Restitución de Tierras les ha ayudado para que puedan volver y trabajar de nuevo su tierra, esa que por años les había pertenecido y les fue arrebatada.
Caucasia no es un municipio que hoy esté libre de amenazas de bandas criminales, pero no por esto sus habitantes han perdido la convicción de volver a construir sus raíces.
Es el caso de Elías Ventura Trejo Santos, un hombre que se crio en el campo sembrando plátano y maíz desde los 17 años.
Ahora, con 68 años, padre de diez hijos, abuelo y bisabuelo, Elías cuenta que había días en los que salía de su casa para llorar porque quería “echar pa’lante”, porque su hogar y su vida se destruían cada vez que tenía que abandonar su finca.
Tuvo que salir de su predio El Tesoro en múltiples ocasiones, bajo amenazas paramilitares. En 2011 volvió a una finca con cultivos arrasados, inservibles.
Cinco años después, Elías muestra con orgullo cómo reconstruyó su finca.
Extiende su brazo para señalar las 22 hectáreas que le fueron restituidas el 26 de julio del 2015. Habla de la dedicación con la que construyó las cercas, la felicidad cuando su huerta le volvió a dar plátano y ñame y, junto con algunos de sus hijos y nietos, posa feliz para un fotografía que significa el renacer de la familia Trejo.
La Unidad de Restitución de Tierras y el Sena se aliaron en este sector para capacitar a los 70 habitantes de la vereda en el tratamiento y transformación de lácteos y cultivos perennes.
25 integrantes de la familia Trejo –incluidos Elías y su esposa Elena– hicieron parte de esta formación en emprendimiento.
“Aquí no hay plata pa’ nadie, vamos a hacer esto nosotros mismos y vamos a invertir en esto”, les dijo Elías a sus hijos cuando recibió la sentencia que le concedía la propiedad sobre su tierra, y al mismo tiempo comenzaron el proyecto con el Sena.
Con especial alegría, Elena reparte ahora bocadillo, queso saborizado y arequipe, producidos en su casa, a manera de degustación, a los funcionarios del Sena y de Restitución que fueron a testimoniar su éxito.
El resultado de estas capacitaciones con el Sena es la Asociación de Productos de Leche Los Tigres (Asoleti), que integran los campesinos de la zona.
Según Sandra Delgado, una de las capacitadoras del Sena, “hay un centro de acopio donde se están elaborando estos productos y ya se están vendiendo”.
El pasado 13 de diciembre, los 70 habitantes se graduaron como “emprendedores en establecimiento de cultivos perennes y productos lácteos”.
El lugar del grado fue la caseta comunal, un sitio que también es emblema de reparación y significa la cohesión de la comunidad.
Un predio de 6.233 metros cuadrados, donde está construida la caseta y una cancha de fútbol, es la sede de la Junta de Acción Comunal de El Tigre 1.
Su caso es especial en toda Colombia, porque es la primera vez que se le reconoce la propiedad de un terreno a la Junta de Acción Comunal.
Esta caseta fue el escenario de las tantas torturas y asesinatos que vivió la población entre los ochenta y los noventa.
Antes de eso era emblema de armonía en la comunidad. Allí se resolvían los malentendidos o disputas entre los habitantes, se reunían todos para un pique de fútbol y también para compartir una palabra en medio de una cena.
Es por esto que en las demandas de restitución de tierras los pobladores pidieron que este terreno les fuera reconocido a los dirigentes de la Junta.
El 19 de septiembre del 2015 celebraron que el Juzgado Civil del Circuito Especializado de Restitución les había otorgado ese derecho el día anterior. Hubo fiesta ese mismo día.
Remberto Ortega, presidente actual de la Junta de Acción Comunal, dice que “la comunidad de El Tigre ha sido permanentemente unida y eso es lo que nos ha permitido resistir tanta violencia, tanta inequidad”.
La sentencia del año pasado que les devolvió su tierra y también la ilusión de ser nuevamente la comunidad que vislumbra el futuro con esperanza, pese a las heridas que no terminan de cicatrizar, les dio la oportunidad de volver a comenzar. En El Tigre 1, en Caucasia (Antioquia), hay una nueva vida.
MICHELL QUIÑONES Y CAROLINA ÁVILA
