A pesar del fallo de la Corte Constitucional que le puso límites al trámite rápido (‘fast track’) de las leyes para la paz en el Congreso, del pesimismo de las Farc tras esa decisión judicial y de que las fechas de su desarme no se han cumplido como estaba previsto, este sábado tuvo lugar un hecho contundente: esa guerrilla conmemoró su aniversario 53 como el último año en condición de grupo armado.
La guerra con las Farc se acabó, y es lo que cuenta.
Este es el resultado final esperado del proceso de paz de La Habana, y se da a pesar de los tropiezos jurídicos, logísticos (adecuación de zonas de desarme) y políticos (la rabiosa oposición) que ha tenido la implementación del Acuerdo Final de Paz con esta guerrilla tras su refrendación en el Congreso, hace seis meses.
Los mismos jefes guerrilleros que han declarado que el proceso de paz quedó en “un limbo” tras el fallo de la Corte –el cual abrió la puerta para que el Congreso haga modificaciones a las leyes para la paz– han ratificado que su decisión de transformarse en movimiento político legal no tiene reversa.
El congreso de las Farc para constituir su partido está previsto para el 8 de agosto.
Es más, esa guerrilla ya se concentró en 26 puntos del país y allí se dejó contar por la Registraduría Nacional, que identificó plenamente a 6.956 guerrilleros, sin incluir a milicianos.
Además, hasta el 5 de mayo las Farc habían entregado oficialmente 1.000 armas individuales, es decir las que porta cada guerrillero.
El asesor jurídico de esta guerrilla, Enrique Santiago, explica a EL TIEMPO que las Farc no están condicionando el desarme, sino que buscan “sincronizar” ese paso y la puesta en marcha de los programas que les garantizan su aterrizaje en la vida civil.
“Si el desarme concluye el 31 de mayo, significa que el primero de junio tienen que estar definidas las zonas de reincorporación, las ayudas para la reincorporación, la ley para la creación del partido político y la protección física. Y nada de esto está listo. Con un desarme así, las Farc quedarían en un absoluto limbo”, afirma Santiago.
Por eso, la propuesta que tiene el Gobierno sobre la mesa es que este 31 de mayo entregan sus armas todos los guerrilleros que no tienen labores operativas pendientes. Aquí no entrarían los que designaría la guerrilla para acompañar a la ONU a los sitios en los que están las más de 900 caletas con armamento que ya le reportaron al organismo. Tampoco los encargados de labores de protección.
Ellos se desarmarían antes de que las Farc se conviertan en partido político, es decir antes del 8 de agosto.
En los hechos, las Farc, impopulares e incluso rechazadas por una parte de los colombianos que creen que en la negociación de paz les concedieron más de lo que merecían, son las más perjudicadas con los retrasos en la puesta en marcha de los acuerdos de paz.
En lo inmediato, su transformación en partido político se ha ido posponiendo y, como dice Enrique Santiago, hoy “no son hoy ni un grupo en armas ni un partido”.
Su primera fecha para lanzar el movimiento político era, precisamente, a finales mayo. Mientras no se desarmen no podrán hacer política.
Este es el tipo de cosas que los opositores del Acuerdo Final de Paz no les explican a sus electores, y menos ahora que están en desarrollo las campañas para el Congreso y la Presidencia. Necesitan mantener la idea de que a las Farc se les concedió todo en La Habana.
Así como del lado de las Farc hay hechos que demuestran que esta guerrilla está haciendo lo que le toca para su transición a grupo político legal, también los hay del lado del Estado, que por supuesto también está obligado a cumplir los acuerdos de paz.
En medio de las dificultades jurídicas, políticas y logísticas, según el balance que hizo el presidente Juan Manuel Santos, hasta el viernes habían sido aprobadas tres reformas constitucionales y tres leyes. Igualmente, habían sido expedidos 15 decretos con rango de ley y otros quedarían listos este fin de semana, pues este lunes expiran las facultades presidenciales para expedir esos decretos.
Entre ellos hay uno clave para las Farc: el que crea el Fondo de Tierras de tres millones de hectáreas para distribuir entre 800.000 familias campesinas que no poseen tierra o no cuentan con la suficiente.
Es cierto que lo votado hasta ahora en el Congreso es poco si se tiene en cuenta que cumplir los acuerdos de paz podría requerir la expedición de hasta 100 normas, pero también es la prueba de que hay voluntad para hacerlo.
Incluso es previsible que el fallo de la Corte, que abrió también la posibilidad de votar las leyes de la paz artículo por artículo, retrase aún más los debates legislativos y hasta le permita a la oposición hacer maniobras dilatorias.
Es decir, el proceso legislativo de los acuerdos de paz ya era lento con el ‘fast track’ original, y puede serlo mucho más en momentos en que están por comenzar los debates de la ley para reglamentar la justicia especial para la paz (JEP) y la ley de tierras, dos de los temas que con más vehemencia rechaza la oposición.
Es entendible que, en las puertas del desarme, a las Farc les preocupe esto y que las leyes derivadas de los acuerdos de paz tengan cambios en la Corte Constitucional. Sin embargo, esta guerrilla tenía claro que todo iba a pasar por el control de este tribunal.
Las Farc tienen razones para estar inquietas por la lentitud en la puesta en marcha de los acuerdos de paz, y también es lógico que al país le susciten dudas los aplazamientos en el cronograma del desarme guerrillero.
Pero incluso en este contexto, el máximo jefe de las Farc, Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’, le reiteró al presidente Santos en una carta que el conjunto de esa guerrilla tiene “la certeza” de que su aniversario 53 –que se cumplió ayer– fue “la última conmemoración en armas”.
Hasta el momento, el Congreso ha aprobado tres reformas constitucionales y tres leyes, de unas 100 que debe tramitar para desarrollar los acuerdos de paz.
La Constitución fue reformada para que el Estado esté obligado a cumplir por los siguientes tres periodos presidenciales el Acuerdo Final y para que este sea el parámetro para evaluar la constitucionalidad de las leyes y reformas que lo ponen en marcha. Además, para crear la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) y fijar las curules del partido que surja de las Farc cuando se desarmen.
Las leyes aprobadas son la de amnistía, el Estatuto de la Oposición y la de los voceros de la guerrilla en el Congreso. Los proyectos en trámite son ocho: la prohibición de grupos armados, la reforma política, la destinación de regalías para construir vías terciarias, el desarrollo de la JEP, las circunscripciones especiales de paz y la que crea el nuevo partido de las Farc. Hay dos de desarrollo rural.
MARISOL GÓMEZ GIRALDO
Editora de EL TIEMPO
En Twitter: MarisolGmezG
