El expresidente Ernesto Samper Pizano reveló este jueves su decisión de someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y a la Comisión de la Verdad, para “contribuir” al “esclarecimiento de los hechos de guerra” ocurridos durante su gobierno (1994-1998).
Samper envió una carta a las cabezas del tribunal y de la comisión anunciando su deseo y, de paso, les pidió a sus colegas exmandatarios hacer lo mismo.
¿Por qué se somete a la JEP?
Se trata de demostrar ante la comunidad internacional que en Colombia hay personas que estamos dispuestas a asumir nuestro compromiso con la verdad, que supone la creación de la justicia para la paz. Pero también de marcar un disentimiento con lo que se está haciendo, que es dejando por fuera del proceso de reconciliación a todos los que de alguna manera participaron, constructiva o no constructivamente, en el conflicto armado. Se está dando una especie de operación de impunidad para que ninguna de las personas, empezando por los aforados, que tuvimos responsabilidades en el manejo del conflicto nos sintamos obligadas a aportarles la verdad a las víctimas, que son las que están interesadas en conocer lo que pasó. Eso que está pasando va a tener costos muy altos para el país en términos internacionales.
¿Qué tipo de responsabilidad pretende usted que asuman los expresidentes?
Ante todo, aportar al proceso de construcción de la verdad los conocimientos que tengamos sobre situaciones y hechos de guerra en los cuales estuvimos involucrados. Esa información que tuvimos como jefes de Estado sobre situaciones de orden público y hechos de confrontación armada forma parte de la construcción de la verdad. Nosotros no podemos caer en lo que cayeron los primeros juicios a las dictaduras militares de Suramérica (no se trata, obvio, del mismo caso) de que para conseguir la conciliación se excusaron de responsabilidad a todos los militares y a todos los que tuvieron que ver con situaciones graves.
Las personas que tuvimos que ver con el conflicto tenemos el deber ético de aportar a la construcción de la verdad. Eso es lo que yo pretendo que hagan no solo los expresidentes, sino todas las autoridades. Dejar abandonados a los militares que estuvieron en la confrontación armada y que se han presentado de buena voluntad a la JEP, para que su voz sea escuchada y recibir un tratamiento equilibrado con el que van a recibir las Farc, me parece que es un acto absolutamente vergonzoso. No podemos dejar solas a unas Fuerzas Armadas que se la jugaron por el conflicto y cuyos oficiales tienen el mismo derecho que tienen los grupos alzados en armas a recibir los beneficios, a partir de la verdad.
Nosotros no podemos caer en lo que cayeron los primeros juicios a las dictaduras militares de Suramérica
A la justicia por la paz no se va a someterse a un castigo, no es una justicia vengativa, es una justicia restaurativa, que es hacer visibles a las víctimas, y eso solo se puede hacer construyendo los hechos en los cuales tuvimos parte todos los que manejamos este país o tuvimos que ver con el orden público.
Me parece insólito que en el Congreso haya la decisión de eximir, como patente de impunidad, a todas las autoridades que participaron en el conflicto, como si eso fuera la manera de conseguir la verdad. No se trata de que sean procesados, sino que aporten a la verdad.
¿No teme que su sometimiento a la JEP termine significándole penas por sus actuaciones como Presidente?
No. Aquí hay que distinguir plenamente entre un juicio de responsabilidades, que fue lo que se estableció para la historia en La Habana en la discusión sobre la evolución del conflicto y la participación del Estado, y lo que es el proceso de construcción de verdad para las víctimas. En mi gobierno he reconocido la responsabilidad del Estado en los hechos de la masacre de Trujillo. Porque era consciente de que era la única posibilidad de iniciar un proceso de reconciliación con las víctimas.
Los expresidentes deberíamos aportar a la justicia para la paz todo lo que podamos para que se construya esa verdad.
Me parece insólito que las personas que tuvieron que ver con el conflicto, para bien o para mal, se sustraigan a su obligación ciudadana de decir la verdad. Y quienes participaron de manera delictiva en el desangre con acciones que se puedan considerar delitos atroces o de lesa humanidad, pues que respondan a la justicia. Lamento que a este debate se le haya dado un cariz electoral, porque aquí lo que estamos es creando un puente de transición del conflicto al posconflicto, a través de la verdad. Yo acudiré a la JEP, no se le puede temer a la verdad.
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