Excombatientes, desplazados por amenazas de grupos armados en Meta

20 excombatientes de las Farc que ocupaban la Nueva Área de Reincorporación (NAR) de El Diamante, en Uribe (Meta) tuvieron que salir desplazados por la falta de garantías de seguridad ante las amenazas que recibieron de grupos armados ilegales que habitan la zona.

A finales de 2017, casi cien personas salieron del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) La variante (Tumaco) y llegaron a la vereda El Diamante, ubicada en Uribe (Meta). Allí trabajaron por más de dos años en su proceso de reincorporación político, social y económico. En el último año, implementaron un proyecto de ganadería doble propósito asociado a cultivos forrajeros, a través de su cooperativa Daincoop, que en total asocia a 76 mujeres y 71 hombres en proceso de reincorporación.

Una vez empezaron con los proyectos productivos, articulados con organizaciones y con la alcaldía; inició su proceso de reincorporación; pero a principios de junio de este año los 20 excombatientes que habitaban la NAR de El Diamante tuvieron que salir desplazados del lugar por amenazas contra sus integrantes, situación que también ha afectado a los demás integrantes de la cooperativa.

“La situación de seguridad que vive el Meta es compleja, el incumplimiento de los acuerdos del PNIS (Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito) está llevando a una confrontación que deja muertos y desplazados a diario en el sur del departamento, y la falta de voluntad política del Gobierno por cumplir a cabalidad los Acuerdos de Paz han deteriorado el proceso de reincorporación que ahora tendrá que vivir en un nuevo escenario de guerra que pudo ser evitado”, afirmaron los excombatientes.

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Dicen que desde que llegaron han tenido que afrontar estigmatizaciones y que a pesar del esquema de protección asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP) fueron presionados en distintas ocasiones por disidencias, que aún no han identificado.

Para los líderes de la cooperativa, la amenaza contra su colectivo sigue vigente: “No ha sido fácil tener que abandonar el lugar donde construimos con tanto esfuerzo nuestro proyecto de paz, ni abandonar a la comunidad que nos recibió con tanta fraternidad, como tampoco es fácil encontrarse con la burocracia de las instituciones estatales que invisibilizan el desplazamiento que viven diferentes comunidades”, aseguraron.

Agregan que luego de un mes de haber salido del territorio y de haber manifestado su situación ante las instituciones gubernamentales y acompañantes del Proceso de Paz, no han recibido ayudas significativas para solucionar la situación humanitaria y reactivar sus proyectos productivos.

Los excombatientes de El Diamante consideran que no tienen garantías de recuperar lo que consiguieron durante los últimos dos años. Las pérdidas se calculan en mil millones de pesos que, dicen, no tienen cómo recuperarlos porque fueron inversiones de infraestructura que quedaron en el predio, no han podido sacar toda la maquinaria y tuvieron que dejar 197 reses y 115 chivos: “Lo poco que hemos logrado rescatar ha sido con recursos propios y con el apoyo económico brindado por Forum Syd y We Effect; silos, huertas y cultivos fueron entregados a la comunidad para su aprovechamiento en retribución por habernos acogido solidaria y fraternalmente durante este tiempo”, afirma una de las directivas de la cooperativa.

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El alcalde de Uribe, Marcelino Chacón, explicó que pese a las investigaciones oficiales no han podido identificar de dónde provienen las amenazas, aunque hasta el momento han atribuido esas acciones a las disidencias de las Farc. EL TIEMPO conoció uno de los panfletos publicados a finales de junio por la Comisión Jhon Linares, frente comandante Jorge Suárez Briceño FARC-EP, en el que se oponen a la presencia del Ejército y a la erradicación forzada.

Para el alcalde, la situación es delicada, en los últimos meses han asesinado a once personas: un militar, civiles, desmovilizados y reincorporados; y mientras reubican a los excombatientes desplazados, la alcaldía ha resguardado el predio para evitar que se roben lo que dejaron o que se apropien del lugar.

Al respecto, Juan Guillermo Zuluaga, gobernador del Meta, dijo que los procesos de reincorporación que son exitosos no se pueden dejar caer; por eso, resaltó que junto a la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, dirigida por Emilio Archila, están estudiando tres posibles alternativas de reubicación para los excombatientes.

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Andrés Stapper, el director de la ARN aseguró que han trabajado tanto en la seguridad como en el componente social y económico del proceso, además aseguró que solo en uno delos ETCR ha ocurrido un incidente de seguridad y que han concretado varias reuniones para la reubicación del proyecto productivo: “Ya identificamos varios predios que se pusieron a disposición de ellos y vamos a tener una reunión de seguimiento que van a concurrir para el traslado”, afirmó Stapper.

Las amenazas y problemas de seguridad de los excombatientes no son recientes; por el contrario, se han vuelto reiterativos. Por tanto, el presidente Duque anunció en junio de 2019 23 medidas para la protección de los excombatientes en proceso de reincorporación, entre las que se encuentran un cuerpo élite de la Policía con dedicación inmediata para casos de amenazas a excombatientes, un Centro Integrado de Información que articula acciones ante amenazas y agresiones, y la expedición de un decreto para el control de riesgos de seguridad en los ETCR.

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“Hay una preocupación legítima, natural, en lo que tiene que ver con la protección de todos los excombatientes que están en proceso de reincorporación. Y he sido muy claro en que este Gobierno tiene una prioridad en que el proceso de reincorporación sea un proceso exitoso”, expresó el mandatario en ese momento.

Sin embargo, según las cifras que llevan el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), en lo corrido de este año han asesinado a 25 excombatientes de las Farc, firmantes del Acuerdo. De ellos, seis han ocurrido en el Meta, lo que eleva la cifra total a 217.

Por su parte, el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, aseguró que la protección de los excombatientes ha sido una prioridad para el presidente y que desde una mesa interinstitucional han hecho seguimiento a las condiciones de los excombatientes para adoptar las medidas acorde a sus necesidades.

De la misma manera, resaltó que el compromiso de la administración del presidente con la reincorporación no está limitado o condicionado a los espacios en los que decidan hacerla.

Finalmente, aseguró que desde la primera semana de junio, cuando conocieron el caso, respondieron de forma inmediata con la Unidad Especial de la Fiscalía para brindar protección y hacer el seguimiento que permitan identificar de dónde provienen las amenazas.

El gobernador del departamento explicó que varias zonas han sido golpeadas por las disidencias; especialmente, en Uribe, Vista hermosa y La Macarena, donde estos grupos quieren dominar el territorio que ocupaban antes del Proceso de paz; la situación es tan crítica que en los últimos meses, en medio del fuego cruzado, han fallecido 25 civiles y 16 militares y policías.

“Esta disputa es un tema nuevo porque el territorio es un corredor estratégico de la droga. Aquí tuvimos 54 años de guerra, después del Proceso de paz vinieron reincorporados que han querido salir adelante, pero ahora lo que hay ahora es una retoma de la zona para poner la droga en Venezuela”, enfatizó Zuluaga.

Este problema no ha golpeado solamente a los excombatientes, muchos campesinos y líderes de las Juntas de Acción Comunal se han visto obligados a enfrentarse con el Ejército por la erradicación de cultivos ilícitos. Zuluaga explica que los grupos al margen de la ley, tratando de ejercer control en el territorio, han obligado a los campesinos a sembrar coca para luego obligarlos a enfrentarse con el Ejército.

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“Las disidencias han ejercido presión para que se salga el Ejército y que no se erradique la hoja de coca, pero es que alrededor de la hoja de coca hay varios delitos: volvió la extorsión, el reclutamiento de menores, los homicidios. La defensa aquí es por los campesinos, porque no puede ser que nuevamente vayan a estar en la mitad de una disputa que no les toca”, señaló el gobernador y resaltó que no va a ceder en la salida del Ejército porque considera que es lo único que puede hacerle frente al conflicto.

El Meta es uno de los departamentos en los que más se está impulsando la sustitución de cultivos de coca, y aunque en el país hubo una reducción en el área sembrada, la producción de clorhidrato de cocaína pura aumentó.

Según el informe más reciente de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Colombia, por segundo año consecutivo se avanzó en la reducción de cultivos ilícitos, con una reducción del 9 % del área sembrada, equivalente a 15 mil hectáreas, pero el potencial de producción de clorhidrato de cocaína pura se estimó en 1.137 toneladas métricas, un aumento de 1,5 % en relación con el 2018.

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En el caso del Meta, a marzo de este año se registraron 9 mil familias inscritas para la sustitución de cultivos y 4.172 hectáreas diagnosticadas con cultivos ilícitos, lo que posiciona al departamento en el quinto con más hectáreas de cultivos ilícitos a nivel nacional. Sin embargo, se ha avanzado en la erradicación de 2.604 hectareas de cultivos ilícitos erradicadas voluntariamente.

Antioquia

Este miércoles, 74 personas en proceso de reincorporación y 19 personas de la comunidad que residían en el antiguo ETCR Santa Lucía, en el municipio de Ituango, Antioquia, fueron trasladados a Mutatá, en el mismo departamento, donde podrán continuar con su proceso de reincorporación.

El traslado se realizó con el fin de garantizar la seguridad de las personas en proceso de reincorporación. Por tanto, el Ministerio de Defensa desplegó el plan de seguridad para brindar garantías de protección a la población, con más de un centenar de uniformados de la Policía Nacional, al igual que dispositivos del Ejército Nacional en la ruta.

Cauca

La comunidad del ETCR Monterredondo en Miranda, Cauca, reportó que el 9 de junio la Junta de Acción Comunical recibió amenazas de grupos armados en las que piden cortar las relaciones con los reincorproados que residen en la zona y en noviembre del 2019 habían reportado la explosión de un artefacto que fue lanzado sobre el ETCR desde la zona montañosa del lugar.

Andrea Carolina Tapia Godoy
Redacción Política