Usted acaba de lanzar su libro ‘Seguridad y justicia en tiempos de paz’, que toca lo que tiene preocupadísimo a todo el mundo: ¿qué está pasando con los territorios que abandonaron las Farc?
Las Farc operaban en 242 municipios. Si sumamos los del Eln, que son 99, algunos de los cuales se cruzan, llegamos a la cifra de 281 municipios que tenían presencia guerrillera. Lo que pasó en enero desde los puntos de preagrupamiento es que las Farc pasaron de operar en esos 242 municipios y se concentraron en 26 veredas, de tal forma que desocuparon un poco más del 98 por ciento del territorio donde operaban.
Hagamos un diagnóstico de qué hacían ellos en esas zonas que ocupaban...
Las Farc tenían dos grandes caras: la cara depredadora, que es el tema de reclutamiento, de la extorsión, del secuestro, de combates con la Fuerza Pública, pero tenían una cara que es lo que este país urbano nunca ha conocido: montaron un sistema paralelo de administración de justicia y seguridad.
Un ‘paraorden’…
Un sistema de regulación déspota, autoritario, pero eficiente.
¿Y definían incluso temas de conflicto social?
Le doy este ejemplo: en El Doncello, Caquetá, existe una señora llamada Marta en una vereda que no voy a nombrar. El esposo se fue con otra mujer, y se llevó las cabezas de ganado. La señora acudió a donde un hombre de la ‘Teófilo Forero’, llamado ‘Camilo el Argentino’, a quejarse de que su esposo se había ido y no tenía cómo alimentar a sus hijos. Camilo el Argentino mandó a buscar al señor, lo encontraron en San Vicente del Caguán, a dos horas, y le dijeron: “Señor, usted se llevó ocho cabezas de ganado, me hace el favor y vende cuatro y mañana venimos por la plata. O no respondemos”. Dos días después fue el miliciano y el señor le tenía la plata, se la llevó a Camilo el Argentino, quien se la entregó a la señora. Todo en una semana.
Eso se llama un proceso de inasistencia alimentaria ‘fast track’…
Que en el Estado colombiano puede durar hasta dos años, mínimo ocho meses. Le doy otro ejemplo: el caso de una violación de un señor de 27 años a una niña de 11 años. Se hace un ‘consejo de seguridad’ de las Farc, y reunidos con la comunidad, en algo muy arbitrario, en cosa de horas deciden fusilar al señor. No hubo presunción de inocencia, no hubo debido proceso, pero es una justicia a la cual la gente se acostumbró.
¡Qué barbaridad! En su ilegalidad, era eficiente...
Le doy otro ejemplo: en el sur del Tolima, al frente 21 de las Farc lo llamaban el ‘juzgado 21’. Una campesina, la semana pasada que estuve por allá, me decía: “Doctor, lástima que se acabó el ‘juzgado 21’ ”. Claro, era un sistema de regulación social. Regulaba desde las infidelidades hasta la toma de trago después de las 10 p. m. Por ejemplo, en Antioquia, en el nordeste, colocaban multas hasta de 200.000 pesos al que se peleara con otro en una cantina. Entonces, la gente no se peleaba. Montaron un sistema de regulación paralelo, vuelvo y repito, déspota, autoritario, pero eficiente. Esas son las dos caras que tenía la guerrilla. O sea, esto no es solo un problema de criminalidad del Eln y ‘clan del Golfo’, sino que aquí hay un tema de conflictividad social que las Farc habían resuelto a su manera.
¿Pero cuando usted dice conflictividad social se refiere a estos casos de convivencia?
A estos casos, que se llama conflictividad horizontal o conflictos de convivencia, que no requieren una fuerza pesada, sino un sistema de regulación o mediación de conflictos. De esos 281 municipios, 190 tienen presencia de economías ilegales, como cultivos de coca, minería criminal o contrabando. El asunto de la extorsión lo sacamos porque eso es aleatorio, pero digamos que están esos tres. El problema de las economías ilegales no es solo que las estructuras criminales extraigan rentas, sino que regulan la economía ilegal.
Explíqueme un poco cómo funciona eso…
Si yo soy un campesino coquero y le vendo a otro una arroba de hoja de coca, y si el señor no me la paga, pues yo no voy a un juzgado, me toca ir a donde un ilegal a que haga algo. O sea, el gran problema no es que las economías ilegales solo extraen renta. No. Es que además las regulan. Estaba cantado lo que iba a pasar.
¿Si estaba cantado, por qué no se previó en las negociaciones de paz?
Lo digo con mucho respeto: creo que en este proceso de paz salió muy mal ese famoso conclave que hubo entre junio y julio del año pasado. Todas las negociaciones se hicieron bien y ese último conclave abordó los temas de reincorporación para lograr terminar, para que el plebiscito se hiciera antes de la reforma tributaria. Cuando fueron los ministros Cristo, Pardo, y la Canciller, se abordó todo, pero no se alcanzó a preparar nada. A lo último se aceleró tanto que esos temas, que además estaba previsto abordar al final, nadie los trató. Y lo segundo que pasó, y esto lo digo también con mucho respeto, es que los funcionarios medios del Gobierno creen que posconflicto solo es desmovilizar a las Farc sin dimensionar el territorio. En una cosa acelerada faltó pedagogía, y funcionarios medios sin pedagogía, pues llevan a lo que tenemos. Un vacío de poder.
¿Cuándo comienza a darse ese vacío de poder?
Desde finales de enero hacia acá pasaron cinco cosas:
Uno, hubo unas zonas que copó el Eln, lo que está pasando hoy en Chocó es parte de eso; Arauca y Catatumbo, igual. El Eln copó casi que de inmediato todo eso. Segundo dato, el ‘clan del Golfo’ y las famosas ‘bacrim’, ahora llamadas ‘grupos armados organizados’, y el mejor ejemplo de lo que le voy a explicar ocurre en el norte del Chocó, el Bajo Cauca antioqueño y, en general, en todo el Pacífico, que son zonas que no se coparon de forma tradicional. No se las tomó un contingente que dijo ‘camine pues vámonos a conquistar todo’. Lo que hicieron fue vender franquicias.
A un combo de Medellín llamado ‘los Pachelly’ (de la ‘oficina de Envigado’) le dieron Ituango y San Andrés de Cuerquia. Luego, por ejemplo en el Bajo Cauca, en Caucasia y esa zona del sur Caucasia-Taraza, hay un tipo alias Montero, que coge ese pedazo. Solo en el departamento del Chocó, el ‘clan del Golfo’ hizo una expansión de forma tradicional, es decir, con sus propias estructuras, por eso están los combates con el Eln.
¿Y dónde está el Estado?
Distinto del Huila, yo realmente no he observado un copamiento del Estado en ninguna otra parte. Hay municipios totalmente copados, como Tibú. Otros como San Andrés de Cuerquia, donde está empezando. Y en los demás hay mucha anarquía criminal, en sur del Tolima, por ejemplo, mucha inseguridad.
¿Y los disidentes de las Farc?
Había cinco grupos disidentes, ya se han entregado uno y medio, casi dos, y quedan tres. El frente Primero es el más grande; queda una parte en Tumaco que no se entregó, una parte en el norte del Meta y el pedacito que queda en Antioquia, que es el más pequeño y violento. Pero el gran fenómeno que tenemos ahora es uno que llamamos anarquía criminal. Es decir, se disparó la delincuencia común. Una campesina del sur del Meta me dijo la siguiente frase: “Doctor, ¿por qué no nos devuelven las Farc mientras tanto? Porque esto aquí está invivible”.
Es decir, se dispararon las peleas por tomatas, el atraco en carretera, el abigeato y, en general, el hurto. El alcalde de Uribe, Meta, me dice lo siguiente: “Doctor, antes aquí las Farc dejaban tumbar una hectárea de monte, en la mitad se sembraba coca, o en toda, y en la otra mitad, pancoger, por familia. De octubre a hoy, doctor, una sola familia me tumbó 100 hectáreas”. O sea, no hay quien regule eso.
¿Hay sistematicidad en el asesinato de líderes sociales? Oí al padre Gabriel Giraldo decir que sí… Yo no veo eso. Usted describe un copamiento de la criminalidad, que llega y se ajusta en el sitio donde esté y mata a todo el que le estorba, sea quien sea…
Fenómeno paramilitar como el de las Auc, no, no hay. Eso es imposible sostenerlo. No veo a la élite de este país ni a los militares, como en su momento fue Rito Alejo del Río, financiando, apoyando o auspiciando grupos paramilitares. Eso no es cierto. Pero aún tenemos muchos alcaldes y Fuerzas Militares que en lo local son muy corruptos y tienen una complacencia con varios de estos grupos, y como muchos de los que pertenecen a esos grupos fueron paramilitares, como en Chocó, como en el Urabá, la gente no percibe un cambio, pero no es que haya una política pública. El mejor ejemplo de esto es que el ‘clan del Golfo’ mata a líderes sociales en el Urabá, en Antioquia, pero no mata a líderes sociales en Nariño, por ejemplo.
¿Por qué?
Castaño se acostaba y decía ‘yo mañana mató cinco comunistas’, y se levantaba a matar comunistas. Ese no es ‘Otoniel’. Lo que hemos averiguado es que hay gente en la legalidad que estaría financiando para que maten gente por cualquier cosa, por un tema de restitución de tierras o de competencia política, o sea, es muy anárquico. Entonces, aquí hay un poco de todo, pero que haya una estructura paramilitar auspiciada por el Estado en un tema sistemático, no. No. Aunque sí hay gente en la legalidad que tiene que ver con esto. Ese es el panorama que tenemos.
¿Qué propone entonces para que al Estado no lo arrase, irónicamente, el vacío territorial que han dejado las Farc?
Una, hacer una reforma a la Policía Nacional, dentro de la Policía; crear dos grandes jefaturas, una urbana y una rural, y que todas las demás especialidades, Antinarcóticos, Tránsito, Dipol, todo eso, quede por debajo. Esta Policía rural tiene que incrementarse en un corto periodo, de 10.000 policías que tenemos ahora a 50.000. Y copar 300 puntos rurales. Necesitamos una Policía que no solo combata al ‘clan del Golfo’ o al Eln, sino que resuelva esta conflictividad social.
¿Pero cómo resolver rápidamente los conflictos de convivencia?
La segunda propuesta es que las juntas de acción comunal resuelvan casos en los comités de convivencia, pero supervisadas por un inspector de Policía para que eso no se vuelva un tema déspota, y a su vez, supervisados por unas personerías. Para ello, también hay que fortalecer a las secretarías de Gobierno.
¿Y qué pasa con la estrategia de choque? Hoy parece casi eliminada…
Hay que mantener en algunas zonas unas estrategias de choque, como en Chocó, donde se está presentando una problemática de crimen organizado del ‘clan del Golfo’, del Eln. La Policía tiene una cosa que llaman Emcar –Escuadrones Móviles de Carabineros–, y las brigadas que tiene la Fuerza Pública las ubicamos en más o menos 160 municipios donde debe haber fuerzas de choque. También hay que crear unas brigadas móviles de seguridad y justicia. Por ejemplo, en la ribera del río equis en Buenaventura, los primeros domingos y lunes de cada mes, vamos a estar resolviendo casos de conflictividad. Entonces deben estar los jueces, el inspector de policía, pero como no podemos tener juzgados en todo lado, esas brigadas móviles podrían servirnos, digamos, parcialmente para ello.
¿Y qué hacer para cambiar la mentalidad de las comunidades, acostumbradas a la presencia de las Farc?
Es la parte más complicada. Nos toca hacer un esfuerzo muy grande por enseñarles a las comunidades cómo funciona el Estado de derecho. El problema es que hoy, si encuentran a alguien robando un celular y no se pone el denuncio, pues lo sueltan. Y la gente dice: “Mire, eso es corrupción”. No, no es corrupción, es porque el Estado de derecho funciona así. El problema es que la población rural no sabe cómo funciona el Estado. No sabe dónde está su inspector de policía. Si casi nadie sabe dónde está el inspector de policía en su localidad, en Bogotá, imagínese eso trasladado a una zona rural.
Lo que sí es increíble es que haya comunidades donde echen de menos la presencia de las Farc. Eso no le puede pasar a un Estado de derecho...
En pleno siglo XXI, la frase que a mí me dijo esta campesina, “Devuélvanos a las Farc mientras tanto”, es muy dolorosa. Y termino con esto: tengo la esperanza sembrada en el general Naranjo. Él tiene que ser al posconflicto lo que Vargas Lleras fue a la infraestructura, si queremos que esto funcione. Que Naranjo pueda coordinar con la oficina de Sergio Jaramillo, alto comisionado para la Paz, con la Alta Consejería para el Posconflicto de Pardo, con el Ministerio de Defensa, con las Naciones Unidas, con la Dirección de Comunales del Ministerio del Interior, o sea, hay un montón de instituciones con las que necesitamos coordinar. Y también propongo una discusión seria sobre la reforma al sector seguridad y al sector justicia, sin apasionamiento. Aquí no se trata de desmantelar a las Fuerzas Militares y darle todo a la Policía. Pero tiene que cambiar el servicio de seguridad y de justicia en Colombia, porque no es lo mismo el conflicto que el posconflicto. La pregunta es ¿cómo y cuándo? Eso es lo que nos toca resolver.
MARÍA ISABEL RUEDA
Especial para EL TIEMPO
