‘Una sola muerte de un defensor es inadmisible, me voy preocupado’

El italiano Alberto Brunori, de 54 años, con una gran experiencia en la defensa de los derechos humanos en países como Guatemala, México y Afganistán, era, sin duda, un muy buen candidato para reemplazar a Todd Howland, quien durante 6 años fue el anterior representante en Colombia.

De otro lado, la firma del acuerdo de paz con la guerrilla más vieja del continente y la convicción nacional de la mitad de la población de darle cabal cumplimiento al acuerdo y garantizar la vida de quienes entregaban las armas, le auguraban a Brunori que se movería por una tierra sembrada con más rosas que espinas.

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No fue así. Los asesinatos de líderes sociales, de desmovilizados y la impunidad rampante crecieron como espuma. Las masacres volvieron a enlutar familias y comunidades de campesinos, indígenas y afrocolombianos. La violencia sexual contra mujeres y niñas aumentó. En este escenario, Alberto Brunori ejerció su labor desde el 21 de marzo del 2018 hasta el 15 de julio del 2020.

Faltaría agregar que la voz radical de Brunori, sin asperezas, llamando a las autoridades a redoblar esfuerzos en juzgar o, al menos, nominar a esos actores violentos que de manera sistemática acaban con la vida de hombres y mujeres que denuncian, se levantan contra las inequidades y luchan contra los narcotraficantes y contra quienes les han arrebatado su tierra y adelantan proyectos de minería ilegal que socavan el bienestar general, fue oída con manifiesta hostilidad por algunas autoridades que, cortas de visión y acostumbradas a zaherir a sus críticos, la descalificaron muchas veces.

Sin ir más lejos, el propio Presidente, después de la entrega del informe anual, en febrero de este año, en una de sus salidas en falso declaró que las recomendaciones en ese informe de Alberto Brunori “violaban la soberanía nacional”.

Declaración que fue rebatida y criticada por innumerables columnistas en los principales diarios nacionales y en los portales noticiosos de internet, así como por analistas políticos locales e internacionales, representantes de gobiernos extranjeros y algunos miembros del mismo Gobierno Nacional, que respaldaron el informe y consideraron esa declaración hiperbólica, por decir lo menos.

A los pocos días de posesionarse, Brunori escribió en EL TIEMPO una columna en la que fijó algunos de sus derroteros. Expresó que sumar los asesinatos era una herramienta estadística válida que tenía que utilizarse, pero que esos números no eran los sustantivos para actuar; que la pérdida de un solo defensor o una sola defensora era una tragedia que afectaba no solo a su familia y a su entorno social, sino, sobre todo, a su comunidad y al país de manera trágica. Así mismo resaltó que “trabajar en derechos humanos es difícil. Nunca llegas a un país buscando hacer muchos amigos…”.

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Y tuvo razón en la primera parte de esa frase. Su labor diaria fue severa, como dirían los jóvenes. Pero, a pesar de las dificultades, de las hostilidades con las que tuvo que lidiar cada vez que señalaba la crudeza de la realidad, Brunori se lleva un grupo grande amigos y de amigas que le agradecen haberle dado cara a esa escalada de asesinatos que ha hecho que 94 legisladores demócratas norteamericanos, en los últimos días, le manden una carta a su Secretario de Estado, Mike Pompeo, “para que le pida –o le ordene– a Iván Duque que ponga coto a la impune matanza de líderes sociales”, como anotó Antonio Caballero en su última columna en la revista Semana.

Circula en las redes sociales un video en el que distintas personalidades, desde el Procurador General de la Nación, pasando por senadores como Iván Cepeda, el padre Francisco de Roux, catedráticos de importantes universidades y defensores y defensoras de derechos humanos, le manifiestan a Brunori su agradecimiento por su compromiso a favor de las víctimas de esta violencia que hace rato se salió de madre. Amigos y amigas que se lleva y siempre lo recordarán como un buen socio en la causa de los derechos humanos.

Dejo una oficina fuerte. La pandemia del covid nos obliga a cambiar las metodologías de trabajo, pero no nuestros principios. Puedo decirle que en 2019 llevamos a cabo 1.151 misiones al terreno, 376 actividades de capacitación y fortalecimiento a instituciones del Estado y a la sociedad civil, y realizamos seguimiento de 250 casos de presuntas violaciones de derechos humanos. Cubrimos todo el territorio con énfasis en el Caribe, Cauca, Valle, Putumayo, Chocó, Antioquia, Nariño, Catatumbo, Arauca, Villavicencio y Huila.

Hay varias regiones que me impactaron por la pobreza y la vulnerabilidad a la que se enfrentan las personas, tanto por el acoso de grupos armados como del crimen organizado.

La zona que me turbó desde un inicio fue Tumaco. Presencia importante de fuerzas de seguridad, pero poco Estado. A pocas semanas de haber llegado un defensor me dijo: “Estábamos mejor antes, hoy ya no sabemos quiénes controlan el territorio, con quiénes estamos hablando; hay días en que ya no quiero saber nada de nada, quiero solo dejar la defensa de los derechos humanos y dedicarme a cualquier otra cosa”. Eso me dejó turbado.

Debo reiterar, como la primera vez que lo dije, que una sola muerte de un defensor, defensora, líder o lideresa es inadmisible. Me voy preocupado. En dos años dimos seguimiento a por lo menos 200 muertes de defensores, sin contar los casos de amenazas, que son numerosos.

Hoy, mientras se hace esta entrevista, me llega información sobre el homicidio de otro líder y defensor indígena awá, Rodrigo Salazar. Cada muerte rompe a Colombia y eso, quizás, no se ha entendido.

Debe continuarse, y me atrevería a decir que debe acelerarse, la implementación del acuerdo de paz. En las zonas más vulnerables, en las que el conflicto armado generó una brecha amplia, se hace necesaria mayor presencia civil del Estado con políticas de alto impacto para toda la población en materia de salud, educación, trabajo y, hoy en día, con esta pandemia que de alguna manera marcará nuestro futuro, conectividad, internet.

Recuperar una presencia territorial integral y evitar que los grupos ilegales impongan su ley.

La lucha contra la impunidad también es un factor determinante. Otro tema que debe cambiar es la estigmatización contra las personas que defienden derechos humanos. Aún hay amplios sectores de la población que desconocen la legitimidad de un defensor, y confunden el debate y el reclamo de derechos con algo inapropiado, cuando, por el contrario, el trabajo por los derechos humanos, de denuncia y exigencia, es lo que permite el avance de las sociedades.

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En lo que va de este año tenemos ya 45 casos verificados de defensores asesinados y 39 en proceso de verificación. Parecen seguir las tendencias de 2019 en cuanto a localización geográfica y factores estructurales de las áreas donde ocurren. Sin contar los 34 asesinados de excombatientes en 2020, que suman 207 desde la firma de la paz.

El proceso de paz de Colombia ha sido y sigue siendo un ejemplo para el mundo. El país tiene la posibilidad y una gran responsabilidad de avanzar en la paz, de fortalecer la seguridad de las personas que dejaron las armas y que se han mantenido y creen en la paz.

Colombia debe creer y respaldar la Justicia Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de personas desaparecidas; creo que puede cumplir con los compromisos de sustitución de cultivos ilícitos y brindar oportunidades de vida digna a las poblaciones que padecieron o padecen la guerra.

Usted como colombiana y periodista ha podido ver cómo muy frecuentemente son atacados y asesinados líderes, defensores, guardias indígenas o comuneros. Nuestro informe menciona estos homicidios con profunda preocupación. Hay que trabajar hondamente en Colombia el tema de igualdad y no discriminación.

Las personas y las autoridades aún deben reconocer más los derechos de los pueblos indígenas al territorio y a la consulta previa, libre e informada sobre los temas que afectan sus vidas.

Estamos en un periodo en el que trabajamos, me atrevo a decir, en conjunto con la comunidad internacional, por los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y garantías de no repetición. Esto no se logra de la noche a la mañana; por el contrario, vamos paso a paso, como subiendo una extensa escalera.

Particularmente en los últimos meses trabajamos con la Consejería Presidencial de Derechos Humanos y, por supuesto, no hemos escatimado esfuerzos para apoyar a la Fiscalía en materia de asesoría a la investigación de homicidios de defensores, para romper la impunidad.

Hay otras recomendaciones, por ejemplo, para el Ejecutivo sobre estándares internacionales sobre el uso de la Fuerza Pública en manifestaciones de protesta social, o sobre derechos sexuales y reproductivos que generan un mayor debate y enfrentan mayor resistencia.

Pero lo importante es debatir los temas, buscar soluciones, las más adecuadas para atacar problemas desde un enfoque de derechos humanos. A la larga, la persistencia y el apego a los estándares internacionales de derechos humanos dan resultados. Este es el sentido de nuestra labor: el respeto por los derechos humanos, y este busca, como usted lo ha dicho, que no haya más víctima

MYRIAM BAUTISTA
PARA EL TIEMPO